Decreto 27. Desburocratización y Simplificación.

Fecha de la disposición:11 de Enero de 2018
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PODER EJECUTIVO NACIONAL

 
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PODER EJECUTIVO NACIONAL

Decreto 27/2018

Desburocratización y Simplificación.

Ciudad de Buenos Aires, 10/01/2018

VISTO la Ley N° 22.520, texto ordenado por los Decretos Nros. 438 de fecha 12 de marzo de 1992, 2 de fecha 2 de enero de 2017 y 64 de fecha 24 de enero de 2017, y sus modificatorias; y los Decretos Nros. 13 de fecha 10 de diciembre de 2015, 434 de fecha 1 de marzo de 2016, 891 de fecha 1 de noviembre de 2017 y las normas citadas en el presente, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la modificación introducida por el Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 a la Ley N° 22.520, se ha readecuado la estructura gubernamental en función de atender los objetivos prioritarios definidos para cada área de gestión, reorganizando funciones con el propósito de tornar más eficiente la gestión pública.

Que, a través de diversas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, está teniendo lugar un proceso que promueve el funcionamiento dinámico y eficaz de la gestión pública, destinado a incentivar la inversión, la productividad, el empleo y la inclusión social.

Que el Decreto N° 434 de fecha 1 de marzo de 2016 aprobó el Plan de Modernización del Estado como el instrumento mediante el cual se definen los ejes centrales, las prioridades y los fundamentos para promover las acciones necesarias orientadas a convertir al Estado en el principal garante de la transparencia y del bien común.

Que dicho Plan de Modernización tiene entre sus objetivos constituir una Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, a partir del diseño de organizaciones flexibles orientadas a la gestión por resultados.

Que, asimismo, se plantea la necesidad de iniciar un proceso de eliminación y simplificación de normas en diversos regímenes para brindar una respuesta rápida y transparente a los requerimientos del ciudadano y de las empresas para el ejercicio del comercio, el desarrollo de la industria y de la actividad agroindustrial.

Que el proceso de simplificación es permanente y esta Administración lo viene promoviendo en todos sus ámbitos, no solo con la derogación y el dictado de nuevas regulaciones, sino también con la incorporación de las nuevas plataformas tecnológicas que facilitan la vinculación y las transformaciones entre los distintos organismos que la componen, pero principalmente con los ciudadanos.

Que los trámites existentes, con la implementación del expediente electrónico y el proceso de digitalización, deben reflejarse en términos de menores costos y plazos y, en consecuencia, en una mejor atención del ciudadano y en una mejora en la productividad de las empresas y de la economía.

Que ese proceso debe estar acompañado por una revisión del funcionamiento de la burocracia estatal, que tenga por fin la eliminación de barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de libertad económica.

Que las medidas de esa índole tienen como principal destinatario al ciudadano por tratarse del diseño de procesos que agilizan sus gestiones y evitan el dispendio de tiempo y costos, que desmejoran la calidad de vida y afectan el desarrollo de las actividades económicas.

Que la simplificación implica y conlleva a una reducción de cargas innecesarias para el ciudadano.

Que, en ese marco, es menester implementar políticas de gobierno y regulaciones de cumplimiento simple que alivianen la carga burocrática para la realización de las respectivas actividades, tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el sector privado.

Que cuando la normativa no está bien diseñada o es mal implementada puede tener el efecto contrario del que se esperaba y transformarse en obstáculo para el establecimiento, no sólo de un ambiente empresarial competitivo, sino incluso para el logro de los objetivos perseguidos por la propia regulación.

Que los trámites excesivos impuestos a los ciudadanos constituyen barreras burocráticas que afectan al desarrollo productivo. La falta de claridad y transparencia en los procedimientos administrativos puede conllevar a arbitrariedades y discrecionalidades, al grado tal que sea una puerta a la corrupción y afecte el Estado de Derecho.

Que es indispensable elaborar una estrategia sistémica e integral que establezca como premisa básica la mejora regulatoria como una labor continua del sector público y abierta a la participación de la sociedad, que incluya la reducción de los trámites excesivos, la simplificación de procesos y la elaboración de normas eficientes que nos lleve a un Estado eficaz, capaz de responder a las necesidades ciudadanas y respetuoso de la autonomía privada.

Que la búsqueda de la eficiencia en las regulaciones y en los trámites administrativos resulta objetivo clave para promover la prosperidad económica, la productividad, aumentar el bienestar y salvaguardar el interés público.

Que, de acuerdo con los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una adecuada política regulatoria exige que se implementen prácticas de buena gobernanza entre organismos y departamentos de gobierno, tendientes a la simplificación de trámites y formalidades y a la eliminación de normas que entorpezcan y demoren el accionar del Estado y del sector privado que afecten su productividad o que puedan dar lugar a prácticas no transparentes.

Que una regulación de calidad es clave para el crecimiento incluyente y el bienestar de la población, razón por la cual contar con marcos regulatorios de calidad, resulta imperativo.

Que las leyes y regulaciones deben mejorar el día a día de los ciudadanos y propender al desarrollo productivo, siendo éstas instrumentos esenciales, junto con los impuestos y el gasto público para guiar el propósito del quehacer público. Pero, cuando están mal concebidas, pueden ser un obstáculo en los objetivos en materia de productividad, de proteger al consumidor, de preservar el medio ambiente o de promover la innovación, al tiempo que imponen costos innecesarios a los ciudadanos y al sector privado.

Que es necesario adoptar un enfoque de "gobierno completo" al abordar la reforma regulatoria, poniendo énfasis en la importancia de la consulta, la coordinación, la comunicación y la cooperación para afrontar los desafíos que implica la interconectividad de los sectores y de las economías.

Que es necesario invertir en buenas prácticas regulatorias para mejorar su calidad y para asegurar que sean adecuadas para su propósito, sobre la base de políticas que prevean, entre otras, la consulta pública en el desarrollo de las regulaciones, el impacto de las normas y la simplificación administrativa y su evaluación ex post.

Que este gobierno inició un proceso en el que requirió a sus distintas áreas que identifiquen y sustenten jurídicamente, en base a su mérito o conveniencia, el sostenimiento de ciertas cargas que provenían de cuerpos legislativos y que por razones de necesidad y urgencia deben ser removidos por afectar seriamente, en especial, el funcionamiento de la actividad y de la productividad de nuestros mercados.

Que en distintas entidades y jurisdicciones de la Administración Pública rigen en muchos casos regulaciones de años, tal vez justificadas en su origen, que por los cambios producidos en el gobierno, su administración y el campo de las vinculaciones, hoy han devenido anacrónicas con exigencias que entorpecen injustificadamente el accionar público y privado, como así también la inversión, generando dilaciones y costos infundados.

Que se torna imperioso instrumentar nuevas medidas y dejar sin efecto otras existentes con el objeto de facilitar el accionar público y privado, propendiendo a la desregulación de la productividad de distintos mercados y actividades y a la simplificación de normas que por su complejidad afectan directamente a los consumidores y a importantes sectores productivos del país.

Que, en línea con lo anteriormente expresado, cabe mencionar el dictado del Decreto N° 891 de fecha 1 de noviembre de 2017 por el cual se propone el establecimiento de normas y procedimientos claros, sencillos y directos, mediante la utilización de principios e institutos que pongan en primer plano a los ciudadanos, simplificando los requisitos que deben cumplir para el cabal desarrollo de sus actividades.

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL sostiene y preserva la libertad de comercio como principio de carácter permanente de la organización social y económica de la República, siendo las normas que la restringen necesariamente transitorias y de aplicación limitada estrictamente al período durante el cual su eficacia es incuestionable.

Que habiendo iniciado la Nación una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos y la instauración de una economía pujante, competitiva y transparente, la permanencia de normas dictadas en otros contextos constituye un factor de atraso y de entorpecimiento del desarrollo nacional.

Que los procedimientos y su regulación se encuentran distribuidos en diferentes normas reglamentarias, cuya aplicación compete a distintas jurisdicciones del ESTADO NACIONAL.

Que el derecho es una construcción cultural y, aunque surja a posteriori de los hechos sociales, debe darle respuesta a las problemáticas surgidas de los mismos, en plazos prudenciales y de manera eficiente.

Que cuando esas problemáticas tienen como eje al Derecho Administrativo es la propia Administración la que, a través de sus políticas públicas positivas, debe accionar y crear una respuesta rápida y efectiva.

Que la relación del ESTADO NACIONAL y los administrados debiera basarse en la evolución social, demográfica y tecnológica. Lo contrario haría que la propia administración se torne obsoleta generando burocracia innecesaria que acarrea un dispendio económico y organizacional, tanto para la administración como para el administrado, restringiendo de esta manera el ejercicio de sus derechos frente a beneficios y programas sociales, tecnológicos, financieros y demás otorgados por ella.

Que, con la finalidad de erradicar las barreras burocráticas, resulta necesario realizar un reordenamiento normativo y una evaluación de la oportunidad, mérito y conveniencia de la normativa vigente, teniendo como objetivo garantizar el derecho de acceso a la administración, quitando las cargas innecesarias al administrado y facilitando, de esta forma, la obtención de beneficios de forma eficiente.

Que resulta conveniente que dicho análisis se lleve a cabo mediante un plan de reorganización normativo, por medio del cual se identifiquen las normas que se encuentran en desuso o carentes de sentido, ya sea por el transcurso del tiempo, el cambio de misiones y funciones y/u objetivos de cada organismo o los avances en las tecnologías de la información y comunicación.

Que al agilizar los trámites de toda la Administración Pública Nacional se garantiza el debido acceso en tiempo de los administrados a los beneficios y trámites que la misma dispone, resguardando el interés público, generando beneficios sociales y económicos significativos que contribuyen al bien común.

Que, por su parte, la implementación de sistemas informáticos ofrece transparencia a los procesos administrativos, propiciando de esta manera el fortalecimiento institucional, supuesto esencial en las sociedades democráticas, tendientes a la mejora constante del servicio al ciudadano.

Que las buenas prácticas regulatorias que se proponen se basan en la capacidad de definir objetivos claros y un marco de implementación eficiente, mediante la utilización de principios e institutos que pongan en primer plano a los ciudadanos, mediante un acceso eficiente a los trámites y beneficios que proporciona la Administración Pública Nacional.

Que, por otra parte, como elemento esencial para la aplicación de estos principios, es necesaria la implementación y utilización de las tecnologías de la información y comunicación disponibles, generando un proceso de mejora continua de las herramientas con las que cuenta la administración en su relación con los administrados.

Que, para lograr tales objetivos, es necesario un reordenamiento normativo acorde con las nuevas tecnologías y finalidades del plan en cuestión.

Que, en ese marco, por el Decreto N° 561 de fecha 6 de abril de 2016 se aprobó la implementación del Sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, actuando como plataforma para la implementación de gestión de expedientes electrónicos.

Que la mejora en la calidad de atención del Estado supone simplificar procesos internos, capacitar a quienes interactúan directa o indirectamente con éstas y ampliar las modalidades de atención incorporando procesos que permitan brindar servicios públicos de calidad, accesibles e inclusivos para todos.

Que es esencial para este gobierno contar con las herramientas necesarias para la promoción del bienestar general, resguardando los principios de transparencia, razonabilidad, publicidad, concurrencia, libre competencia e igualdad.

CAPÍTULO I SENASA

Que entre los objetivos de la política de desburocratización del Estado llevada a cabo por el Gobierno Nacional se encuentra el de simplificación normativa.

Que el artículo 1º de la Ley Nº 27.233 declara de interés nacional la sanidad de los animales y los vegetales, así como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y de las plagas que afecten la producción silvoagropecuaria nacional, la flora y la fauna, la calidad de las materias primas producto de las actividades silvo-agrícolas, ganaderas y de la pesca, así como también la producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos, los insumos agropecuarios específicos y el control de los residuos químicos y contaminantes químicos y microbiológicos en los alimentos y el comercio nacional e internacional de dichos productos y subproductos.

Que, asimismo, el artículo 2° de la Ley antes citada declara de orden público las normas nacionales por las cuales se instrumenta o reglamenta el desarrollo de las acciones destinadas a preservar la sanidad animal y la protección de las especies de origen vegetal y la condición higiénico-sanitaria de los alimentos de origen agropecuario.

Que en los incisos e), f) y h) del artículo 8º del Decreto Nº 1.585 de fecha 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios se establece, respectivamente, que el Presidente del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA tendrá como atribuciones y funciones, diseñar, aprobar y ejecutar los programas, planes y procedimientos sanitarios de fiscalización propios del ámbito de su competencia, conforme a las políticas definidas por el entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, como así también dictar las normas administrativas reglamentarias propias de la competencia del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y las leyes y decretos de los cuales el Organismo es Autoridad de Aplicación y resolver los asuntos técnico-administrativos a fin de lograr eficacia y eficiencia en el funcionamiento del Organismo, encontrándose autorizado a delegar estas facultades en los funcionarios que expresamente designe.

Que, en el marco de las competencias comprendidas en la Leyes Nros. 3.959 y sus modificatorias, 22.289, 24.305 y 27.233; en el Decreto-Ley N° 6.704 de fecha 12 de agosto de 1963; y en el citado Decreto N° 1.585/96 y sus modificatorios, se ha aprobado normativa superadora que contiene estándares que se ajustan a las actuales exigencias de la dinámica zoofitosanitaria del país.

Que resulta conveniente entonces la derogación de normas no compatibles con los principios de la política de simplificación normativa y cuyas materias han sido objeto de normativa superadora en virtud de las citadas Leyes Nros. 3.959 y sus modificatorias, 22.289, 24.305 y 27.233, y en el mentado Decreto-Ley N° 6.704/63.

Que la Ley Nº 2.268 regula la importación de animales que padezcan enfermedades contagiosas o defectos hereditarios.

Que las Leyes Nros. 2.793 y 3.708 facultan al PODER EJECUTIVO NACIONAL a tomar medidas conducentes a combatir y extirpar la langosta que apareciere en cualquier punto del país.

Que la Ley Nº 4.863 y su Decreto-Ley modificatorio Nº 15.245 de fecha 22 de agosto de 1956 establecen la obligación de destruir las tucuras.

Que el Decreto Nº 2.628 de fecha 15 de mayo de 1968 declara obligatoria la tenencia de la libreta sanitaria habilitada por el entonces Servicio de Luchas Sanitarias, dependiente de la ex DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD ANIMAL de la ex SECRETARÍA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, para todo propietario de ganado en la zona del país ubicada al norte de los Ríos Negro y Limay.

Que la Ley Nº 25.369 declara la emergencia sanitaria nacional para la lucha contra la plaga del Picudo del Algodonero.

Que el Decreto-Ley Nº 2.872 de fecha 13 de marzo de 1958 amplía el artículo 10 de la Ley Nº 3.959 de Policía Sanitaria de los Animales.

Que el Decreto-Ley Nº 7.845 de fecha 8 de octubre de 1964 establece que los fabricantes de alimentos para animales deberán inscribirse en el Registro pertinente.

Que el Decreto reglamentario Nº 5.153 de fecha 5 de marzo de 1945, convalidado por la Ley N° 12.979, establece la acción oficial en la lucha preventiva contra la Fiebre Aftosa.

Que el Decreto Nº 89.048 de fecha 26 de agosto de 1936 establece la higienización y desinfección de todo vehículo que se utilice para el transporte de ganado.

Que el Decreto Nº 80.297 de fecha 21 de diciembre de 1940 obliga a la instalación en los lugares de concentración de ganado, de una playa para desinfección de vehículos.

Que el Decreto Nº 12.405 de fecha 11 de junio de 1956 declara plagas del agro a las langostas comúnmente denominadas invasoras y demás acridoideos, conocidos con el nombre vulgar de tucuras.

Que el Decreto Nº 5.514 de fecha 29 de junio de 1961 reglamenta la comodidad y seguridad en el transporte de los animales.

Que el Decreto Nº 647 de fecha 15 de febrero de 1968 prohíbe el uso de tucuricidas formulados con dieldrin y heptacloro.

Que la Ley Nº 22.289 prohíbe la fabricación, importación, formulación, comercialización y uso de los productos hexaclorociclohexano y dieldrin, cualquiera sea su denominación comercial.

Que el Decreto-Ley N° 6.704 de fecha 12 de agosto de 1963 regula la defensa sanitaria de la producción agrícola en todo el territorio del país.

Que por la Ley Nº 3.959, y sus modificatorias, se establece el Poder de Policía Sanitaria de los Animales ejercido por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que la Ley Nº 24.305 implementa el Programa Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa.

Que, por ello, resulta necesario simplificar los cuerpos normativos, a fin de evitar que los mismos resulten un obstáculo a la sanidad zoofitosanitaria nacional.

CAPÍTULO II SOCIEDADES

Que resulta necesario y oportuno modificar los términos del artículo 8° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias para que sea congruente con las exigencias de la Ley N° 26.047, quedando los Registros Nacionales a los que alude en su artículo 1° bajo la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que, asimismo, en la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI), Punto 5 (Personas Jurídicas y Estructuras Jurídicas y Organizaciones sin Fines de Lucro), Párrafos 728 al 731 y 746 (Recomendación 33), se ha indicado la necesidad de derogar o modificar los artículos 34 y 35 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificaciones que permiten "terceros designados".

Que la normativa cuestionada no puede seguir vigente en la medida en que incentiva conductas o situaciones contrarias al curso de acción que se ha propuesto el ESTADO NACIONAL como políticas de Estado en materia de transparencia y en el combate al lavado de activos.

Que a ello debe sumarse el proceso de ingreso a la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) que recientemente ha iniciado nuestro país, lo que requiere también adecuar la normativa interna observada a las exigencias que indica ese Organismo Internacional como condiciones necesarias de cumplimiento a sus reglas generales en la materia, para el ingreso al que aspira nuestro país como miembro pleno.

Que, en esa inteligencia, es necesario efectuar modificaciones a nuestra legislación para manifestar la voluntad del Gobierno Nacional de terminar con figuras legales que justifican conductas claramente contrarias a las políticas de Estado trazadas, que no hacen más que perjudicar los esfuerzos encaminados a potenciar el intercambio comercial con los demás países que integran aquella Organización.

Que la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI, en el Párrafo 737 precisó que: "La posibilidad de acceder oportunamente a información adecuada, exacta y actualizada sobre la titularidad real y control de las personas jurídicas regidas por la Ley N° 19.550 está también limitada por la falta de un sistema de inscripción centralizado, puesto que cada una de las 24 jurisdicciones lleva su propio registro. Se inició un intento de unificar y centralizar toda la información sobre las personas jurídicas de todo el país con la Ley N° 26.047 (\u2018Registro Nacional de Sociedades\u2019) del 7 de julio de 2005, pero aún no se ha aplicado en su totalidad\u2026".

Que el marco de situación descripto precedentemente amerita modificar la Ley N° 26.047 y establecer un marco normativo adecuado a las exigencias determinadas por acuerdos internacionales.

Que también resulta necesario cumplir con el objetivo de modernizar las estructuras y funciones del Estado para hacerlas más eficientes, dinámicas y transparentes.

Que, en tal sentido, se ha instruido y facultado al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN para desarrollar los sistemas informáticos necesarios para aquella tarea, implementando la aplicación de procesos tecnológicos que faciliten, no sólo las actividades del ESTADO NACIONAL, sino también las de las Jurisdicciones y fundamentalmente las de todos los ciudadanos, mediante la implementación y el desarrollo de plataformas informáticas, trámites a distancia, entre otras cuestiones.

Que, a partir de las consideraciones expuestas precedentemente, la centralización de la información de las personas jurídicas deja de ser una mera expresión de deseos para transformarse en una necesidad imperiosa en pos de implementar aquellos objetivos -expresados en la Ley N° 26.047- así como también asumida como una obligación ante la comunidad internacional mediante acuerdos y tratados como los de la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) y del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) que motivan los cambios propuestos, en la medida en que resulta necesario que quien se ocupe de centralizar la información de las personas jurídicas dependa en forma directa del titular del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS o de quien este designe.

Que resulta entonces procedente, en función de lo expresado, derogar los incisos d), e) y f) del artículo 4° de la Ley N° 22.315.

Que la Ley N° 26.047 tiene por finalidad reunir en forma centralizada la información que deben enviarle como datos públicos los registros locales por lo que no se ve afectada la facultad de control y fiscalización que les corresponde a cada Registro Público local, pero es evidente que ante compromisos internacionales ratificados por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y asumidos por la República Argentina, se torna primordial habilitar la legislación interna que permita poner en funciones el Registro Nacional de Sociedades en forma inmediata para superar la observación indicada en el documento precedentemente mencionado en torno a esta importante cuestión.

Que, al efecto, se proponen modificaciones a los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10, 11 y 13 de la Ley N° 26.047 para adecuar su redacción a las necesidades indicadas.

Que el Código Civil y Comercial de la Nación establece la obligatoriedad de llevar la contabilidad mediante la utilización de libros encuadernados e individualizados en el Registro Público correspondiente.

Que la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias establece la obligatoriedad de llevar los libros societarios y contables, contemplando la posibilidad de que los Registros Públicos establezcan la sustitución de dichos libros por ordenadores, medios mecánicos o magnéticos u otros, salvo el de Inventarios y Balances.

Que la Ley N° 27.349 crea un nuevo tipo societario denominado "Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)".

Que el artículo 58 del mencionado cuerpo normativo faculta a los Registros Públicos para reglamentar e implementar mecanismos que permitan que las Sociedades por Acciones Simplificadas lleven sus registros contables y societarios a través de medios digitales y/o mediante la creación de una página web en donde se encuentren volcados la totalidad de los datos de dichos registros, en reemplazo del sistema establecido en la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias y el Código Civil y Comercial de la Nación.

Que el escenario descripto genera desigualdad entre las empresas en función del tipo societario que utilicen como vehículo jurídico, limitando los beneficios tanto económicos como de simplificación de la vida societaria.

Que el Decreto N° 434/16 aprobó el Plan de Modernización del Estado, estableciendo como ejes centrales del mismo, entre otros, el Gobierno Digital, la gestión por Resultados y Compromisos Públicos que implican no sólo la evaluación de los procesos existentes que regulan la interacción de los ciudadanos con el Estado, sino también de las empresas con el Estado y de los distintos organismos estatales entre sí.

Que el Código Civil y Comercial de la Nación fue sancionado con anterioridad a la creación del Plan de Modernización del Estado, no pudiendo contemplar los adelantos tecnológicos producidos a raíz de la implementación de éste.

Que, como consecuencia, resulta de suma necesidad la adecuación de la normativa vigente para llevar a cabo el mencionado Plan de Modernización.

Que resulta conveniente realizar ciertas modificaciones a la Ley N° 27.349 con el objeto de impulsar la creación de nuevas Sociedades por Acciones Simplificadas a través de la eliminación de barreras interpretativas y estableciendo la obligatoriedad del uso de los medios digitales y tecnológicos disponibles.

Que, asimismo, resulta necesario simplificar, agilizar y economizar los procedimientos administrativos que permitan generar un mayor desarrollo económico del país mediante la eliminación de obstáculos.

CAPÍTULO III FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO DE CAPITAL EMPRENDEDOR

MiPyMEs

Que resulta necesario facilitar el acceso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas definidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.300 y su modificatoria a los instrumentos y beneficios creados por la Ley Nº 27.349 -de Apoyo al Capital Emprendedor-, fomentando así su crecimiento, desarrollo y consolidación.

Que debe establecerse una única definición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, permitiendo así simplificar el procedimiento de acceso a los diferentes trámites, programas, herramientas e instrumentos desarrollados por los organismos de la Administración Pública Nacional tendientes a fomentar el desarrollo y consolidación de las mencionadas empresas, como así también ampliar el alcance del Registro de Empresas MiPyMEs.

CAPÍTULO IV ACTIVIDADES PORTUARIAS

Que el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN sancionó la Ley de Actividades Portuarias N° 24.093, cuyo artículo 4° establece que requieren habilitación del ESTADO NACIONAL todos los puertos comerciales o industriales que involucren al comercio interprovincial e internacional.

Que el artículo 5° de la citada Ley establece que la habilitación de todos los puertos referidos en el artículo 4° debe ser otorgada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que el Decreto N° 769 de fecha 19 de abril de 1993 aprueba en su Anexo I la reglamentación de la Ley de Actividades Portuarias N° 24.093 y establece en el artículo 5° de dicho Anexo I que la habilitación pertinente deberá ser solicitada a la AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL por el titular del dominio de cada puerto, presentando el título o instrumento correspondiente que acredite su derecho a ese dominio individualizando con exactitud el área que abarque el puerto en cuestión, como así también las que reserve para futuras ampliaciones, siempre que se encuentren bajo su posesión o tenencia, incluyendo los accesos terrestres construidos especialmente para el puerto, indicando si el mantenimiento y conservación de los mismos se encuentra bajo su responsabilidad.

Que el artículo 6° de la mencionada reglamentación establece los requisitos para habilitar los puertos y las terminales especializadas o multipropósito, y que cumplimentados que fueran los recaudos allí previstos, la Autoridad de Aplicación elevará al PODER EJECUTIVO NACIONAL el pedido de habilitación y los informes respectivos, en un plazo que no podrá exceder los SESENTA (60) días contados a partir de la fecha de iniciación del pedido de habilitación.

Que el artículo 9° estableció que los puertos y terminales particulares que se encontraban en funcionamiento a la fecha de promulgación de dicha Ley y con permiso precario expedido por autoridad competente, deberían ser definitivamente habilitados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL con arreglo a las pautas establecidas en el nuevo marco legal, de lo cual deviene razonable deducir que dicho recaudo no resulta exigible en sentido estricto respecto de los puertos públicos construidos con anterioridad a la vigencia de dicha norma legal, muchos de los cuales han operado con total normalidad durante largos años.

Que, conforme lo dispuesto en el artículo 22 de la mencionada reglamentación, la Autoridad de Aplicación de la Ley de Actividades Portuarias N° 24.093 es la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, dependiente de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, que reviste el carácter de AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL.

Que la situación imperante en materia de habilitación de los puertos públicos y privados en la República Argentina amerita la adopción de medidas eficaces a los efectos de agilizar los trámites y procedimientos tendientes a la consecución de dicho fin, sin perjuicio de la plena sujeción de dichos puertos a la regulación y control de la Autoridad de Aplicación y a la obligatoriedad de adecuar sus instalaciones a los requerimientos que se les exija en dicho sentido.

Que la actual situación genera una gran extensión temporal de trámites tendientes a la habilitación de puertos, tanto públicos como privados, lo que se traduce en una excesiva burocratización de los procedimientos y en un dispendio de la actividad administrativa.

Que resulta conveniente y razonable que la habilitación de cada puerto la realice la autoridad ministerial en cuya órbita se encuadra la AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, la cual se encuentra en condiciones de llevar a cabo aquella función de manera ágil y eficaz.

Que, por ende, corresponde establecer que el MINISTERIO DE TRANSPORTE o el organismo que en el futuro lo sustituya en el rol de autoridad ministerial en cuya órbita se desempeña la AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, es la autoridad competente para otorgar las habilitaciones de los puertos públicos y privados de la República Argentina.

Que, por medio de la Disposición N° 527 de fecha 28 de diciembre de 2012 de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, se establecieron los requisitos inherentes a la habilitación de aquellos puertos en que el ESTADO NACIONAL o Provincial fueran titulares de dominio y/o se encontraren administrándolos o explotándolos con antelación a la sanción de la Ley Nº 24.093 y del Decreto Nº 769/93.

Que en materia de habilitación de puertos públicos se advierte una situación preocupante toda vez que, habiendo transcurrido más de VEINTICINCO (25) años desde la fecha de sanción de la Ley de Actividades Portuarias N° 24.093, de los TREINTA Y UN (31) puertos públicos existentes en dicho momento solo han sido habilitados SIETE (7), circunstancia que se encuentra motivada no solo en la falta de adecuación de los recaudos exigidos a tal fin, sino fundamentalmente en la exagerada burocratización de los procedimientos aplicables.

Que dicho panorama se agrava cuando se tiene en consideración las consecuencias derivables en punto a la factibilidad de otorgamiento de concesiones al sector privado a los efectos de la explotación de dichos puertos y el impacto en las primas de los seguros, entre tantos otros factores.

Que, a mayor abundamiento, numerosas leyes emanadas del ESTADO NACIONAL han dispuesto, habilitado y encomendado la construcción de los puertos, entre otras: Ley N° 480 para los puertos de Ensenada de Barragán, Bahía Blanca y Patagones; Ley N° 496 para el puerto de Buenos Aires; Ley N° 903 puerto de Santa Fe; Ley N° 1738 puerto de Mar de Ajó, Leyes Nros. 2.207 y 3.824 puerto de Mar del Plata; Ley N° 2.661 puerto Bahía Blanca; Ley N° 3.885 puerto Rosario; Ley N° 3.899 puerto Bahía de Samborombón; Ley N° 3.964 puerto Quequén; Ley N° 4.142 puerto de Gualeguaychú; Ley N° 4.143 puerto de Ñandubaysal, Ley N° 4.205 puerto de Campana; Ley N° 4.914 puerto Bahía de San Blas y Carmen de Patagones y Ley N° 6.017 puerto Villa Constitución.

Que todos estos puertos fueron construidos por el ESTADO NACIONAL y oportunamente puestos en funcionamiento, lo cual torna visible la voluntad tácita de operarlos y por tanto habilitarlos toda vez que si no los hubiera considerado habilitados, no habría podido operarlos.

Que, en función de lo expuesto, corresponde tener por habilitados los puertos en que el ESTADO NACIONAL o Provincial sean titulares de dominio y/o se encuentren administrándolos o explotándolos por sí o por terceros con anterioridad a la sanción de la Ley Nº 24.093 y del Decreto Nº 769/93.

Que, dicha situación jurídica, se establece sin perjuicio de la continuidad de la sujeción de los mentados puertos públicos al poder de policía inherente a la AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL y la obligatoriedad de adecuación a los recaudos mínimos que se establezcan.

Que, en consecuencia, resulta necesario modificar la Ley de Actividades Portuarias N° 24.093, así como también el alcance de las metas y objetivos de aquella cartera ministerial a los fines de adecuarlos a lo dispuesto en el presente acto.

Que el artículo 21 de la mencionada Ley N° 24.093 establece que todos los puertos comprendidos en la misma están sometidos a los controles de las autoridades nacionales competentes, conforme a las leyes respectivas, incluida entre otras la legislación laboral, de negociación colectiva y las normas referentes a la navegación y el transporte por agua y sin perjuicio de las competencias constitucionales locales.

Que los incisos b), g) y k) del artículo 22 de la Ley de Actividades Portuarias N° 24.093 dispone que la Autoridad de Aplicación tiene, entre otras funciones y atribuciones, las facultades de controlar dentro del ámbito de la actividad portuaria el cumplimiento de las disposiciones de la Ley referida y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten en el orden de competencia nacional, proponer al PODER EJECUTIVO NACIONAL las políticas generales en materia portuaria y de vías navegables, como así también la de aplicar las sanciones que correspondan por la comisión de las infracciones previstas en el inciso a) del artículo 23 del mismo cuerpo normativo.

Que el mencionado inciso a) del artículo 23 de la Ley citada precedentemente establece que la reglamentación que dictará el PODER EJECUTIVO NACIONAL contendrá el régimen disciplinario al que se someterán los incumplimientos de las disposiciones legales o reglamentarias en que incurrieren los titulares de las administraciones portuarias, y que las sanciones podrán ser: suspensión de la habilitación por tiempo determinado y caducidad de la habilitación; quedando abierta en todos los casos la vía recursiva ante la autoridad que corresponda en el ámbito administrativo así como ante la justicia competente.

Que el citado inciso a) no prevé la posibilidad de imponer sanciones de carácter intermedias, tales como multas de carácter pecuniario, y de ese modo evitar las gravosas consecuencias derivables de todo escenario que implique el cese -definitivo o temporario- de la operatoria portuaria, toda vez que contempla sólo como sanciones la suspensión y caducidad de la habilitación por tiempo determinado.

Que, por otra parte, resulta pertinente facultar a la Autoridad de Aplicación a disponer el cese temporario de la operatoria en los casos que correspondan.

Que, en razón de todo lo expuesto, resulta necesario modificar la dicha norma incorporando las sanciones de tipo pecuniario, a fin de posibilitar a la Autoridad Portuaria Nacional a imponer multas a los titulares de las Administraciones Portuarias ante el incumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 24.093, del Decreto N° 769/93 y normativa concordante.

Que el Decreto-Ley Nº 19.492 de fecha 25 de julio de 1944, ratificado por la Ley Nº 12.980 y modificado por la Ley Nº 26.778, regula la Navegación y Comercio de Cabotaje Nacional.

Que en su artículo 1° establece que la navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional serán practicados únicamente por barcos argentinos.

Que, asimismo, en su artículo 2° establece las condiciones para que un barco tenga derecho a enarbolar el Pabellón Nacional.

Que, por otra parte, en su artículo 6° la norma prevé un régimen de excepción para aquellos casos en que por circunstancias excepcionales no sea posible abastecer de artículos de primera necesidad una zona costera o cumplir un contrato por no encontrarse barcos argentinos en condiciones de prestar el servicio correspondiente, y autoriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL para otorgar permiso precario, en cada caso, a barcos extranjeros para realizarlo y en tanto subsistan esas circunstancias de fuerza mayor.

Que este procedimiento de excepción se encuentra establecido por la Resolución N° 136 de fecha 15 de mayo de 1996 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA Y TRANSPORTE y que, a su vez, delega las autorizaciones en la DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES.

Que el procedimiento actual es sumamente burocrático, debiendo el cargador solicitar el pedido de excepción, consultando con las cámaras empresarias la disponibilidad de buque de bandera nacional para la operación requerida.

Que no se encuentra hoy establecido un seguimiento posterior por parte de la Autoridad de Aplicación respecto de las tareas finalmente realizadas por el buque exceptuado.

Que por los motivos expuestos se propicia modificar el artículo 6° del Decreto-Ley Nº 19.492/44, ratificado por la Ley Nº 12.980 y modificado por la Ley Nº 26.778.

Que la dinámica actual en conjunto con la especialización que han sufrido los buques requiere dotar de mayor dinamismo la tramitación de las llamadas excepciones al cabotaje, sin provocar un perjuicio a la flota nacional.

Que el procedimiento actual se ha vuelto profundamente complejo y burocrático.

Que es coincidente con la iniciativa de la gestión el desarrollar todas las medidas que sean necesarias para lograr una mayor eficiencia estatal y otorgar mayor transparencia a la misma.

Que adoptar la presente medida se traduce directamente en una simplificación normativa y en una mejora respecto del desarrollo de la actividad en el sector, toda vez que regulariza la misma y permite una mayor oferta que reducirá los costos y afectará positivamente a la actividad portuaria en un todo.

CAPÍTULO V AVIACIÓN CIVIL

Que, con fecha 15 de julio de 2015, se sancionó la Ley N° 27.161 que entró en vigencia el día 29 de julio de 2015.

Que el artículo 6° de la referida Ley creó a la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA S.E.), en la órbita del ex MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, con sujeción al régimen establecido por la Ley N° 20.705, disposiciones pertinentes de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias que le fueren aplicables y a las normas de su Estatuto, la que tendrá por objeto la prestación del Servicio Público de Navegación Aérea, con excepción de los servicios de navegación aérea prestados por el MINISTERIO DE DEFENSA en los aeródromos que por razones de defensa nacional se enuncian en el Anexo I de la mencionada Ley.

Que, por el artículo 16 de la Ley citada precedentemente, se transfirieron a la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA S.E.) las funciones de control operativo de la prestación del Servicio Público de Navegación Aérea y la coordinación y supervisión del accionar del control aéreo, con sus respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso, con excepción de las inherentes a los aeródromos públicos que se enuncian en el Anexo I de dicha Ley.

Que en el Anexo I de la referida Ley se dispuso que permanecieran bajo jurisdicción del MINISTERIO DE DEFENSA la prestación de la Gestión del Tránsito Aéreo (ATM), la Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo (ATFM) y las funciones inherentes a las oficinas de reporte de los servicios de tránsito aéreo (ARO) y del servicio de información aeronáutica (AIS), en los siguientes aeródromos: Tandil, El Palomar, Reconquista, Villa Reynolds, Moreno, Río Cuarto, Termas de Río Hondo, Río Gallegos y Sauce Viejo.

Que, en el mencionado Anexo I de la Ley N° 27.161, también se dispuso que permanecieran bajo jurisdicción del MINISTERIO DE DEFENSA DOS (2) posiciones para personal militar en todos los Centros de Control de Áreas (ACC) del país, a efectos de su capacitación y habilitación continua en el control del tránsito aéreo (ATC) y en tareas relacionadas con la defensa; así como los VEINTIDÓS (22) Radares Secundarios Monopulso Argentinos (RSMA) fabricados e instalados por INVAP S.E. y el equipamiento CNS que apoya los servicios de tránsito aéreo en los aeródromos enunciados en dicho Anexo (comunicaciones tierra-tierra y airetierra, radiodifusión, radionavegación, mensajería aeronáutica, y cualquier otro equipamiento de apoyo a dichos servicios en los aeródromos referidos).

Que la Ley N° 27.161, en su artículo 19, estableció que "la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO dependiente de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, pasa de depender de la Secretaría de Estrategia de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, bajo la denominación de Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo".

Que a la fecha coexisten DOS (2) prestadores del servicio público de navegación aérea en el país, lo cual resulta ineficiente ya que, entre otras cuestiones, se generan inconvenientes desde el punto de vista operativo para establecer las coordinaciones necesarias en el uso del espacio aéreo.

Que por cuestiones operativas vinculadas con el transporte aéreo, de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio público de navegación aérea, así como por razones sobrevinientes surgidas con posterioridad a la puesta en marcha de la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA S.E.), resulta necesario modificar la Ley N° 27.161.

Que, por los motivos expuestos y con el fin de evitar demoras en cuanto a la prestación adecuada y eficiente del servicio público de navegación aérea, y siendo el control de tráfico aéreo un servicio esencial, resulta necesario disponer con urgencia que sea la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL ESTADO (EANA S.E) la única prestadora de dicho servicio.

Que la empresa INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL es concesionaria del servicio único de atención en tierra a aeronaves (servicios de rampa) que se desarrolla en el ámbito aeroportuario como complementación del servicio público de uso de instalaciones en los aeródromos del ESTADO NACIONAL o bajo su administración.

Que, tratándose de un servicio complementario al servicio público de uso de instalaciones en los aeródromos del ESTADO NACIONAL, la concesionaria debe propender a una correcta operación bajo los principios de eficiencia y uso generalizado de los servicios e instalaciones afectados al mismo.

Que, para la operatoria normal y habitual del servicio prestado por la concesionaria, resulta necesaria la utilización de herramientas, repuestos y equipos para su operación de origen internacional, por no existir sustitutos de fabricación nacional.

Que, a los fines de evitar la erogación de mayores costos por nacionalización de equipos importados y evitar dispendios de tiempo excesivo que dificulten la prestación del servicio de atención en tierra a aeronaves (servicio de rampa), resulta necesaria la instalación de depósitos francos por parte del concesionario, con el aval de la normativa de alcance general que así lo disponga.

Que los "equipos de apoyo de vuelo" -incluyendo dentro de dicho concepto a los materiales que se utilizan para la prestación del servicio de rampa- están comprendidos dentro de lo preceptuado en los artículos 516 del Código Aduanero y 70 de su Decreto reglamentario N° 1.001 de fecha 21 de mayo de 1982, por estar los mismos exclusivamente destinados al mantenimiento y asistencia de las aeronaves dentro de las zonas primarias aduaneras aeroportuarias, cumpliéndose así con la finalidad que se tuvo en cuenta al momento de dictarse la normativa por la que se instituyó la exención tributaria en cuestión.

Que la presente medida implica un proceso de simplificación y una mejora en la productividad de la actividad del sector.

CAPÍTULO VI TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Que la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, sancionada el 23 de diciembre de 1994, estableció los principios que regulan el uso de la vía pública y su aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres, así como también a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito, siendo su ámbito de aplicación la jurisdicción federal.

Que la mencionada Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 fue reglamentada por el Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995, sus modificatorios y complementarios.

Que si bien dicha normativa fue complementada por un número importante de normas, los avances tecnológicos y productivos existentes generan una necesidad de actualización permanente de determinados parámetros para el transporte automotor de cargas, cuyo resultado es que las disposiciones reglamentarias no acompañan la velocidad de estos cambios, generando diversas limitaciones al desarrollo del mercado.

Que, en función de ello, corresponde generar un marco jurídico más dinámico que permita a la Autoridad de Aplicación ir ajustando estos parámetros según la evolución y conformación de la oferta de transporte de carga en el tiempo, mediante normativa de menor rango.

Que, asimismo, se impone la necesidad de armonización de este plexo legal vigente con lo establecido oportunamente en el Decreto N° 574 de fecha 22 de abril de 2014 y su normativa reglamentaria, en relación al uso de la configuración de vehículos Bitrén.

Que las modificaciones propiciadas encuentran un objetivo común destinado a la ampliación en la capacidad de los vehículos de transporte interjurisdiccional de carga y la optimización de las condiciones exigidas para su circulación, redundando en una mejora en la productividad nacional y en los costos del transporte, sin que ello genere afectación a la seguridad y a la vida útil de la infraestructura vial.

Que las medidas aludidas en los considerandos precedentes, conjuntamente con la implementación de nuevas medidas de seguridad y de ejecución de políticas de disminución de costos logísticos, requieren la instrumentación, en el corto plazo, de un marco normativo flexible, dada la trascendencia y sensibilidad social que éstas conllevan.

Que la Ley N° 26.363 creó la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado en el ámbito del ex MINISTERIO DEL INTERIOR, actual MINISTERIO DE TRANSPORTE, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado, la que tiene como misión la reducción de la tasa de siniestralidad en el Territorio Nacional, mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales.

Que a través del inciso g) del artículo de la Ley N° 26.363 se estableció como una de las funciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL la de colaborar con el ex MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS y el CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR para coordinar las tareas y el desempeño de las fuerzas policiales y de seguridad, tanto federales como de las Provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en materia de fiscalización y control del tránsito y de la seguridad vial.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del Decreto Nº 516/07, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2º, párrafo segundo in fine de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, ha asignado a la GENDARMERÍA NACIONAL las funciones de prevención y control del tránsito vehicular en las rutas nacionales y en otros espacios del dominio público nacional, extendiendo a esos efectos su jurisdicción a dichos ámbitos.

Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL posee despliegue territorial y recursos contando con ONCE (11) bases operativas estratégicamente ubicadas en el Territorio Nacional y TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) agentes especializados.

Que entre sus funciones cuenta con la de desarrollar e implementar en todo el país el Sistema Nacional de Administración de Infracciones, mediante el cual las jurisdicciones locales acceden a una herramienta informática que les permite administrar y gestionar en forma centralizada todas las infracciones de tránsito que se cometan dentro de sus territorios y además, dicho sistema brinda información acerca de los antecedentes de tránsito que posee una persona dentro del ámbito nacional.

Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL gestiona el Sistema de Cobro Interjurisdiccional de infracciones, procedimiento mediante el cual las jurisdicciones adheridas a esta modalidad, en conjunto con la Agencia, acuerdan entre sí y en el marco del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito informar las infracciones de tránsito pendientes de pago para ser percibidas en forma bancarizada y ordenada.

Que, en mérito a lo expuesto, se propicia dotar a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, único organismo que, a nivel nacional, aborda de manera integral la temática de la seguridad vial, entre otros aspectos, a través de control y fiscalización, y cuya misión primordial es salvaguardar la integridad física y la vida de los ciudadanos en la vía pública, de las herramientas necesarias para que pueda desarrollar su actividad de modo más integral y eficaz.

Que tanto el bien común como el interés general de la sociedad se ven actualmente afectados por las graves consecuencias que provoca el alto índice de siniestralidad vial, lo que amerita un cambio normativo tendiente a otorgar la facultad de constatación de infracciones de tránsito a los agentes de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Que, por lo precedentemente expuesto, resulta oportuno, meritorio y conveniente ampliar las funciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en cuanto a otorgarle la facultad de constatación de infracciones a lo dispuesto en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, mediante la incorporación de la función mencionada, a través de la inclusión de un nuevo inciso en el artículo 4° de la Ley N° 26.363.

Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL implementa diversas actividades de capacitación con el objeto de brindar a los responsables de la seguridad vial un conjunto de herramientas que les posibiliten conducir, planificar y gestionar la seguridad vial de manera de cumplir los con objetivos propuestos en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449; canalizar las demandas específicas de capacitación y formación provenientes de profesionales e instituciones que trabajan en el cumplimiento del objetivo de la Ley, capacitando agentes de control y fiscalización vial propios de la mencionada Agencia y también de fuerzas policiales provinciales y agentes municipales de todo el país.

Que en virtud de lo dispuesto en la Disposición N° 35 de fecha 24 de febrero de 2010 de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERJURISDICCIONAL dependiente de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la Agencia también proporciona el curso denominado "Capacitación para Operadores de Tecnología de Constatación de Infracciones de Tránsito", que brinda conocimientos y habilidades suficientes para operar correctamente los sistemas, equipos y dispositivos tecnológicos de constatación de infracciones de tránsito en corredores nacionales.

Que el mencionado curso ofrece capacitación en la utilización de alcoholímetros y radares, y otorga a quienes lo aprueban, la matrícula que les permitirá operar tales equipos, requisito indispensable para su aplicación.

Que, en consecuencia, no tendrán validez legal las constataciones que realicen con los dispositivos tecnológicos aludidos los agentes de constatación que no posean matrícula.

Que, en su oportunidad, el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del Decreto Nº 516/07, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2º, párrafo segundo in fine, de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, ha asignado a la GENDARMERÍA NACIONAL las funciones de prevención y control del tránsito.

Que, no obstante ello, en la actualidad los agentes de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL cuentan con la facultad colaborativa de controlar y ordenar el tránsito sobre los corredores nacionales y, mediante la suscripción de convenios y acciones coordinadas con las jurisdicciones locales, también sobre las vías provinciales y municipales.

Que, sin embargo, ante la detección de una infracción por parte de un conductor y para labrar un acta de infracción, el personal de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL -organismo que gestiona los sistemas de infracciones, antecedentes de tránsito, licencias de conducir y el resto de las materias ligadas al tránsito y la seguridad vial- debe requerir la actuación de fuerzas policiales provinciales o de la GENDARMERÍA NACIONAL.

Que esta circunstancia genera una duplicidad de esfuerzos y utilización ineficiente de recursos públicos pues demanda la presencia concurrente de miembros de distintos organismos para la realización de un procedimiento meramente administrativo y de neta incumbencia de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Que, por lo precedentemente expuesto, resulta oportuno, meritorio y conveniente ampliar las funciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en cuanto a otorgar la facultad de constatación a sus agentes.

Que, de esta manera, se tiende a fortalecer las funciones y la presencia del Estado, a través de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en las rutas nacionales, asignándole competencias expresas para constatar infracciones a las normas de tránsito a los agentes con conocimiento específico y capacitación en materia de seguridad vial, complementando las funciones que ejercen la GENDARMERÍA NACIONAL y las autoridades jurisdiccionales competentes, y unificando el criterio de acción en materia de seguridad vial en rutas nacionales, entre organismos nacionales, provinciales y municipales.

Que, de este modo, el ESTADO NACIONAL amplía su capacidad para mejorar la seguridad vial en toda la Nación mediante las acciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la GENDARMERÍA NACIONAL con el objetivo primordial de reducir la tasa de siniestralidad.

Que el inciso a) del artículo 13 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece que todo conductor titular de una Licencia Nacional de Conducir otorgada por municipalidades u organismos provinciales autorizados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá conducir en todas las calles y caminos de la República Argentina, como así también en territorios extranjeros, en los casos en que se hubiera suscripto el correspondiente convenio, previa intervención de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, conforme lo establezca la reglamentación.

Que, conforme lo establecen los incisos e) y f) del artículo 4° de la Ley N° 26.363, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL cuenta, entre sus funciones, con la de crear y establecer las características y procedimientos de otorgamiento, emisión e impresión de la Licencia Nacional de Conducir, como asimismo de habilitar a los organismos competentes en materia de emisión de licencias de conducir; y otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de licencias nacionales de conducir.

Que, consecuentemente, los organismos locales que otorgan Licencia Nacional de Conducir deben estar previamente habilitados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, quien es la autoridad competente de fiscalización del debido cumplimiento del procedimiento en el otorgamiento de las mismas, en concordancia con la normativa vigente.

Que lo expuesto amerita el replanteo de la distribución de las funciones que le fueren otorgadas a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la ampliación de sus facultades a todas aquellas habilitaciones vinculadas a la circulación automotriz en el ámbito de la República Argentina.

Que, asimismo, por la necesidad de trabajar en el perfeccionamiento de los comportamientos en la conducción vehicular tendientes a reducir el índice de la tasa de siniestralidad, se pretende propiciar la regulación de un sistema de habilitación de conductores que concentre paulatinamente en un único organismo todas las habilitaciones de conducir, ya sean de porte o de transporte interjurisdiccional.

Que, de esta manera, se establecería un sistema general de habilitaciones que unifique criterios y acelere los tiempos de otorgamiento, ofreciendo además al ciudadano una gestión más rápida y económica del trámite, al simplificar procedimientos que actualmente han de repetirse en diferentes organismos.

Que, por lo precedentemente expuesto, resulta oportuno, meritorio y conveniente ampliar las competencias de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en cuanto a las habilitaciones que en la actualidad ésta otorga a conductores.

Que el objetivo inmediato del presente es dotar al organismo nacional cuya misión primordial es salvaguardar la integridad física y la vida de los ciudadanos en la vía pública, de las herramientas necesarias para que pueda desarrollar su actividad de modo más integral y eficaz.

Que en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 no se encuentra contemplada como falta grave el incumplimiento a la obligación de pago en concepto de peaje o contraprestación por tránsito y, por ende, no tiene sanción alguna.

Que el referido deber de pago configura la obligación principal de los usuarios a favor de la concesionaria o contratista bajo el régimen de participación público privada (Contratista PPP).

Que el deber principal de las empresas concesionarias o Contratistas PPP es brindar seguridad y velar por la integridad física de los usuarios, mediante el mantenimiento, acondicionamiento y conservación de la calzada a su cargo, garantizando una adecuada y normal circulación.

Que, en el escenario expuesto, resulta necesario ampliar lo normado por el artículo 77 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 a fin de garantizar una adecuada prestación del servicio público.

Que, por el Decreto-Ley N° 505 de fecha 16 de enero de 1958, ratificado por la Ley N° 14.467, se creó la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD como una entidad autárquica de derecho público y se estableció a su cargo el estudio, construcción, conservación, mejoramiento y modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD es el órgano rector de la infraestructura vial, ejerciendo jurisdicción sobre la Red Troncal Vial Nacional y la Red Federal de Autopistas actuales y futuras, conservando y mejorando el patrimonio vial, cualquiera sea la forma de gestión para su construcción, mantenimiento o explotación, resulta conveniente unificar y centralizar en dicha repartición las competencias relativas a la supervisión, inspección, control, auditoría y seguimiento del cumplimiento de los contratos viales celebrados en el marco de las Leyes Nros. 17.520 y 27.328 y sus normas modificatorias, complementarias, reglamentarias y aclaratorias con sus respectivos marcos regulatorios.

Que, por el Decreto Nº 1994 de fecha 23 de septiembre de 1993, se creó el ÓRGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES DE LA RED DE ACCESOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OCRABA), en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, con la responsabilidad de supervisar, inspeccionar, auditar y efectuar el seguimiento del cumplimiento de los contratos que integran la red de accesos a la Ciudad de Buenos Aires, actuando como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional.

Que, por el Decreto N° 87 de fecha 25 de enero de 2001, se estableció la reestructuración del entonces ÓRGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES DE LA RED DE ACCESOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OCRABA), como consecuencia de lo cual se cambió su denominación a ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES (OCCOVI) y se le asignó el objetivo de ejercer la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento de los Contratos de Concesión de la Red Vial Nacional y de todas aquellas obras viales concesionadas donde el ESTADO NACIONAL fuera parte, a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los servicios y la protección de los usuarios y los bienes públicos del Estado.

Que, asimismo, por el decreto mencionado se estableció la transferencia al ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES (OCCOVI) de las competencias, objetivos, partidas presupuestarias, recursos humanos y materiales del ÓRGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES DE LA RED DE ACCESOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (OCRABA), de la COMISIÓN TRANSITORIA y el ÓRGANO DE CONTROL de la CONCESIÓN de la OBRA de la CONEXIÓN FÍSICA ENTRE LAS CIUDADES DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE - VICTORIA, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS y del ÓRGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES...

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