Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 11 de Octubre de 2023, expediente FSA 023414/2018/CA001
| Fecha de Resolución | 11 de Octubre de 2023 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II - SECRETARIAPREVISIONAL 2 |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II
CORBALAN, MARIO GERARDO
c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS
Expte. Nº FSA 23414/2018
Juzgado Federal de Salta Nº 1
Salta, 11 de octubre de 2023.
VISTO
Y CONSIDERANDO:
1) Que vienen las presentes actuaciones a este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la Administración Nacional de la Seguridad Social en contra de la sentencia del 26 de septiembre de 2022 en cuanto hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el Sr. M.G.C. en contra de la Administración y ordenó el recálculo de las prestaciones integrantes del haber inicial actualizando las remuneraciones devengadas hasta el mensual febrero de 2009 según el ISBIC y las posteriores con el índice del art. 2 de la ley 26.417 y sus modificatorias hasta la fecha de adquisición del derecho. Para ello tuvo en cuenta que el actor adquirió el derecho a la jubilación al amparo de la ley 24.241 el 28 de octubre de 2016.
En cambio, rechazó el planteo de error material en el cómputo de remuneraciones por el período 12/82 a 01/94.
En cuanto al reajuste por movilidad del beneficio, ordenó la aplicación de la ley 26.417 hasta marzo de 2018 inclusive, con posterioridad y 1
Fecha de firma: 11/10/2023
Firmado por: G.F.E., JUEZ DE CAMARA
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hasta diciembre de 2019 deberá estarse a la movilidad contemplada en la ley 27.426.
A partir de la sanción de la ley 27.541 ordenó que correspondía la aplicación de pautas dadas en los precedentes “Caliva” y “M.” de esta Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
Estableció el pago de las sumas que en concepto de retroactivos se determinen en la etapa de liquidación, desde el 28 de octubre de 2016 más intereses según la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, hasta su efectivo pago.
Difirió para para idéntico momento la valoración de la procedencia del recálculo de la Prestación Básica Universal de conformidad con los alcances ordenados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Q.C.A. fijando pautas para actualización, como así también el análisis sobre la procedencia de la tasa de sustitución.
Dejó aclarados los criterios a adoptarse en torno a los distintos topes (arts. 9 y 25, 24 y 26 de la ley 24.241, art. 14 de la Resolución SSS
6/2009) y reservó el planteo de inconstitucionalidad del tope del art. 9 inc. 3°
para la etapa de liquidación y rechazó la petición de actualización monetaria.
2) Que el organismo previsional se quejó de la pauta ordenada por el juez de grado para la actualización de las remuneraciones según el índice ISBIC aplicando el precedente “Elliff” e instó por la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 27.260.
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Fecha de firma: 11/10/2023
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En cuanto a la Prestación Básica Universal entendió que no corresponde que sea ajustada o recalculada con métodos extraños a los definidos por la ley 26.417.
En lo que respecta a la tasa de sustitución, opinó que no solo se aparta de lo que establece el régimen legal aplicable, sino que además implica que el Poder Judicial fije pautas de política pública, lo cual excede la competencia que la Constitución Nacional le asigna y pone en riesgo las finanzas públicas.
Al referirse a la movilidad, cuestionó que los ajustes se practiquen hasta marzo de 2018 según la ley 26.417 sin tachar expresamente la inconstitucionalidad del art. 2 de la ley 27.426.
Por otro lado, subrayó que el juez de grado, sin declarar la inconstitucionalidad de la norma, decidió dejar sin operatividad a la ley 27.541
y sus decretos reglamentarios aplicando la ley de alquileres -27.551- lo que,
según arguyó, afecta la sustentabilidad del sistema.
Controvirtió la inconstitucionalidad del tope establecido en el art.
24 de la ley 24.241 y la declaración de inaplicabilidad del art. 14 de la Res.
SSS6/09 reglamentaria del art. 24 de la ley 24.241 y en igual sentido, reprochó
la inconstitucionalidad decretada con respecto al art. 26 de la ley 24.241.
Se apoyó en la jurisprudencia y mantuvo la reserva de ocurrir por ante la instancia extraordinaria.
3) Que por su parte, el accionante se agravió del rechazo del error material denunciado con fundamento en la ausencia de prueba fehaciente que 3
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acredite lo solicitado, argumentando que fue el juez quien omitió valorar los recibos de sueldo acompañados con la demanda que van de fs. 22 a 153.
Cuestionó lo resuelto respecto a la Prestación Básica Universal,
específicamente la metodología establecida para determinar la confiscatoriedad,
peticionando que la comparación de la incidencia porcentual se realice sobre el haber de caja. Solicitó además que demostrada la confiscatoriedad no se tolere el 15% de quita. Por ello requirió que se declare la inconstitucionalidad del art.
4 de la ley 26.417 que estableció un monto fijo para la PBU produciendo una merma significativa en su haber que afecta la integralidad del haber y contraria los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución de la Nación.
Reprochó el diferimiento del análisis de constitucionalidad del art.
9 inc. 3 ley 24.463, toda vez que su definición y la forma de aplicarlo en el proceso ordinario, colabora para evitar dilaciones innecesarias en la etapa de ejecución que tienen más demora que el proceso ordinario y afectan la garantía de plazo razonable. Agregó que el monto fijado como haber máximo debería seguir las pautas de movilidad.
Recriminó la distribución de las costas por el orden causado. A
tales fines peticionó la inconstitucionalidad del Dto. 157/18 por ser contraria a la Constitución de la Nación y se decida la cuestión según los principios generales establecidos en el ordenamiento procesal.
En lo referente a la tasa de interés moratorio, aludió que, si bien el juez de primera instancia ha seguido la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Spitale”, no puede obviarse que las situaciones fácticas cambiaron y en el caso ello no cubre el daño patrimonial derivado del retardo, en consonancia con la 4
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hipótesis sentada en el plenario “S.” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, cuya aplicación solicitó al caso.
O. también que la sentencia de grado haya rechazado la actualización monetaria de las sumas a abonarse como retroactivo toda vez que,
la desvalorización que sufrió la moneda torna confiscatorio todo pago que no la compute. En consecuencia, pidió la declaración de inconstitucionalidad del Art.
7 de la Ley Nº 23.928, con las modificaciones introducidas por la 25.561, art.
4°.
Citó jurisprudencia en apoyo de su tesitura e hizo reserva del caso federal.
4) Corrido el traslado de ley, solo contestó la parte actora solicitando el rechazo del recurso de la demandada. Seguidamente se llamaron autos para resolver.
5) Que no se encuentra controvertido en autos que el Sr. C. adquirió el derecho a la jubilación el 28 de octubre de 2016 al amparo de la ley 24.241.
En cambio, el organismo previsional discute la actualización de las remuneraciones a los fines del recálculo del haber de origen. Al respecto, se advierte que lo dispuesto por el juez de grado sobre el índice aplicado (ISBIC)
resulta sustancialmente análogo a lo examinado por esta Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en el antecedente “G., M. c/
Administración Nacional de la Seguridad Social s/ Reajustes Varios” Expte. N°
51000652/2010”, sentencia del 31/07/2018, y “D.C., Fátima Sorka c/ANSeS s/ Reajustes Varios”, Expte. No 2473/2016, sentencia del 04/12/2018,
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por lo que -en honor a la brevedad- corresponde remitirse a los fundamentos allí vertidos (www.cij.gov.ar), que pasan a formar parte del presente resolutorio.
A su vez, lo resuelto concuerda con el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “B., L.O., CSS
42272/2012, sentencia del 18 de diciembre de 2018, donde, por voto mayoritario, se confirmó la aplicación al caso del precedente “Elliff” y declaró
la inconstitucionalidad de las resoluciones de ANSeS No 56/2018 y de la Secretaria de Seguridad Social No 1/2018. Además, ordenó comunicar al Congreso de la Nación el contenido de la sentencia a fin de que en un plazo razonable se fije el indicador para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el período en cuestión, disponiendo que hasta tanto se sancione la ley se aplicara el criterio judicial emergente del presente caso a las causas judiciales en trámite.
5.1) Ahora bien, cabe poner de relieve que el decreto 807/2016
ciertamente no es la “ley” a la que aludió el Alto Tribunal en la sentencia mencionada, sino la ulterior norma identificada como ley 27.426, a partir de la cual rige un criterio ‘legal’ de actualización de las remuneraciones utilizable para el establecimiento del promedio base de cálculo del haber inicial.
En este sentido cabe puntualizar que el Máximo Tribunal recordó
que desde antiguo había reconocido que la autoridad en materia de seguridad social es la legislativa, resaltando en lo que aquí...
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