Sin control migratorio y en fronteras

Resulta llamativa la discusión de tono apasionado y efervescente, que trajo aparejado el cese -por decreto presidencial 138/21- del régimen migratorio de Macri sobre la expulsión del país a extranjeros con antecedentes penales y sin respaldo económico suficiente; entre otros controles derogados. Rogelio Frigerio -ministro del Interior del anterior gobierno- señaló que la medida favorece "el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuencia y narcos"; agregando que el decreto 70/2017 del presidente Macri -ahora derogado- ejercía un control efectivo de las fronteras, alineado con las garantías constitucionales y de derechos humanos. En esa línea, el diputado Luis Petri agregó que la nueva medida del presidente Fernández significaA su vez, el Gobierno justifica la vuelta al régimen preexistente al impuesto por el gobierno anterior, alegando que sus disposiciones eran abusivas y violatorios a las garantías individuales, tales como el principio a la privacidad, intimidad, a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias, además del debido proceso y derecho del migrante a contar con asistencia y defensa legal suficiente.En base a esos argumentos, y más, el régimen migratorio de Macri había sido declarado inconstitucional en 2018, por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal; debate que estaba en manos de la Corte Suprema, a raíz de un recurso extraordinario interpuesto en aquel tiempo por el gobierno anterior.Los argentinos volvemos a dividirnos, así, en posiciones antagónicas y de difícil (o imposible) reconciliación. En un extremo de la grieta social están los llamados "blandos", que rápidamente son criticados por el bando contrario de vivir aislados de los graves problemas de la inseguridad, la droga y el crimen que originan las políticas migratorias tenues e insuficientes. Y en el otro lado, se ubican los "mano dura", tildados de insensibles a los derechos humanitarios y a las garantías...