Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2003, expediente P 65797

• Fecha de Resolución: 10 de Septiembre de 2003
• Emisor: Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

Dictamen de la Procuración General:

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Lomas de Z. condenó en lo que interesa destacar a J.A.S. a seis años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor responsable de hurto simple en grado de tentativa y robo calificado por el uso de armas en concurso real. A.. 42, 55, 162 y 166 inc. 2º del Código Penal (v. fs. 250/258).

Contra ese pronunciamiento deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el Sr. Defensor particular del procesado (v. fs. 273/282 vta.). Denuncia aplicación errónea de los arts. 18 de la Constitución nacional, 24 de la provincial, 12 de la ley provincial 9551; 151, 191 y 434 inc. 4º del Código de Procedimiento Penal según ley 3589 y modificatorias y 42 y 44 del Código Penal.

Unicamente motiva su queja el segundo de los ilícitos por el que viene condenado.

Afirma que el fallo pretende convalidar un allanamiento ilegal invocando un “supuesto” consentimiento de ingreso al domicilio por parte del padre de su defendido. Aduce, en consecuencia, que se vulneró el principio de inviolabilidad del domicilio.

Luego discrepa con la calificación legal del ilícito. Propicia, en primer lugar, su figura simple niega la validez de la pericia de fs. 21 y vta. debido a la ausencia de la notificación que preve el art. 167 del ritual y en segundo término, que se califique según su forma tentada pues su defendido nunca tuvo la total disponibilidad de lo sustraído debido a la ininterrumpida persecución policial.

Por último, afirma que no se valoraron ciertas circunstancias atenuantes del art. 41 del Código Penal edad, educación, reincidencias, entre otras.

En mi opinión, este recurso no puede tener acogida favorable.

Respecto del primer agravio, el Tribunal sostuvo que no fue necesario dar cumplimiento a los requisitos exigidos por los arts. 191 del ritual, 18 de la Constitución nacional y 14 y 21 de la provincial pues el mismo imputado y los dueños del inmueble consintieron el ingreso policial, firmando tal diligencia en fs. 1/3. Asimismo, dijo el “aquo” que S. al prestar su indagatoria fs. 27/28 reconoce el consentimiento expreso de los moradores del inmueble.

La defensa, por su parte, no atiende estos fundamentos; la referencia a que dicho consentimiento fuese “supuesto” carece de realidad histórica y tanto las citas legales como las autorizadas opiniones jurisprudenciales y doctrinarias que trae el quejoso sobre la inviolabilidad del domicilio, no se ajustan al caso pues, como bien dijera la Cámara, no se advierte en el presente un quebrantamiento de tal garantía de raigambre constitucional. Media insuficiencia.

En cuanto al reclamo vinculado a la pericia del arma que cuestiona la defensa, advierto que el apelante incumple la carga impuesta por el art. 355 del Código de Procedimiento Penal pues no denuncia concretamente la violación del art. 167 Código de Procedimiento Penal según ley 3589, ni el restante medio probatorio con que el Tribunal también acreditó la idoneidad lesiva del arma, a la sazón, el contemplado en los arts. 251/253 del ritual. Media, en consecuencia, nueva insuficiencia.

Tampoco se hace cargo de las pruebas mencionadas en su fallo por el Tribunal v. fs. 253 vta./254 vinculadas al restante agravio sobre la calificación legal del hecho consumación del ilícito.

Por último, la cuestión de las pautas ponderativas de la condena, no fue introducida oportunamente ante la Alzada v. expresión de agravios, fs. 225/233.

Por lo expuesto, entiendo que VE debe rechazar este recurso.

Tal es mi dictamen.

La P., 3 de mayo de 1999 E.M. de la Cruz

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 10 de setiembre de dos mil tres, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Salas, N., de L., Hitters, R., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 65.797, “Sarmiento, J.A.. Hurto simple en grado de tentativa. Robo calificado”.

A N T E C E D E N T E S

La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de Lomas de Z. condenó a J.A.S. a la pena de seis años de prisión, con costas, por ser autor penalmente responsable de los delitos de hurto simple en grado de tentativa y robo calificado por el empleo de arma, en concurso real.

El señor defensor particular del imputado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley .

Oído el señor P. General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

Coincido con lo dictaminado con el señor P. General, pues entiendo que el recurso debe rechazarse.

Los agravios defensistas se limitan a lo resuelto respecto del hecho identificado como “C” (fs. 275), que el a quo calificó como robo agravado por el empleo de arma.

1. El recurrente cuestiona la detención de su defendido, afirmando que esta deriva de un allanamiento ilegal. Alega que se ha vulnerado la garantía de inviolabilidad de domicilio, denunciando la transgresión del art. 18 de la Constitución nacional, 24 de la Constitución provincial, 12 de la ley provincial 9551, 191 y ss. y 434 inc. 4º del Código Procesal Penal según ley 3589 y sus modif., y 151 del Código Penal.

   Sostiene la defensa que no puede convalidarse la violación de tales normas con un supuesto “consentimiento” de los moradores (fs. 275 vta.). Agrega que tal consentimiento sólo sirve para convalidar un “allanamiento nocturno” con orden judicial, conforme el art. 192 del Código de Procedimiento Penal según ley 3589 y sus modif., o bien frente a personas que no ejercen el poder estatal. Cita opiniones doctrinarias y jurisprudenciales en apoyo de su tesis...