Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 18 de Septiembre de 2023, expediente CNT 074540/2016/CA001

• Fecha de Resolución: 18 de Septiembre de 2023
• Emisor: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO

SALA I

SENTENCIA DEFINITIVA CAUSA NRO. 74540/2016/CA1

AUTOS: “CASEREZ, HUGO ALBERTO C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE -

LEY ESPECIAL”

JUZGADO NRO. 10 SALA I

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la fecha de registro que figura en el Sistema Lex100, la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo,

procede a dictar sentencia en la causa del epígrafe y con arreglo al siguiente orden,

conforme los resultados del sorteo efectuado:

La D.M.C.H. dijo:

1. Contra la sentencia dictada en grado se alza el actor, a tenor del memorial de agravios deducido en fecha 12/12/22. Dicha presentación mereció la oportuna réplica de su contraria. Asimismo, la representación letrada del apelante y el perito médico cuestionan los honorarios que les fueron regulados, por estimarlos exiguos.

2. El Sr. C. inició la presente demanda -fundada en la ley 24.557 y sus modificatorias- a fin de obtener la reparación de las patologías que habría desarrollado a raíz de las labores que cumplía a favor de su empleadora, de las que habría tomado conocimiento a mediados de agosto del año 2014.

   Quien me precedió en el juzgamiento hizo lugar a la acción interpuesta, y condenó a Provincia A.R.T. S.A. al pago de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557. Para así decidir, tuvo por acreditado que el accionante presenta una incapacidad psicofísica del 18,84% de la T.O., en base al peritaje médico producido en autos. En consecuencia, difirió a condena la suma de $265.623,88, a la cual ordenó

   añadir los intereses previstos en las Actas de la CNAT n° 2630 y 2658.

3. El recurrente se queja porque el sentenciante de grado no aplicó en materia de intereses lo establecido en el acta de la CNAT n° 2764

   Sobre este tópico, no luce ocioso recordar que, merced al pronunciamiento dictado in re “Banco Sudameris c/ Belcam” (Fallos: 317:507), el Máximo Tribunal determinó que la fijación de la tasa de interés a aplicar, en los términos del artículo 622 del Código Civil velezano y en el marco del régimen instituido por la ley 23.928, constituye una prerrogativa situada en el espacio de razonable discrecionalidad de quien juzga la contienda, sin que tal exégesis vulnere garantía constitucional alguna, en la medida que tales preceptos no imponen una versión Fecha de firma: 18/09/2023

   Firmado por: M.C.H., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: G.A.V., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: E.C., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: M.V.Z.V., SECRETARIA

   28854630#383444533#20230912141609415

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   reglamentaria unívoca del ámbito legal aludido en cuestión (v., también, Fallos 318:213, 904, 1214; 323:2122 y 324:2471 y causa O.350.XXXII, “Okretich, R.A. c/ Editorial Atlántida S.A.”, del 15 de julio de 1997).

   Con arreglo a tal doctrina, tras el dictado de la ley 25.561 y a raíz de las variables económicas vigentes, esta Cámara reiteradamente ha sostenido que la merma que el valor de los créditos de los trabajadores sufre por la mora en su reconocimiento y efectiva satisfacción, puede ser eficientemente conjurado por los jueces mediante el uso adecuado de la tasa de interés. La salida del régimen de convertibilidad y la indefectible desvalorización de los créditos de los trabajadores llevaron a sugerir el empleo de una tasa de interés diferenciada sujeta a factores variables (tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos) que, como se examinó en el acuerdo de Cámara del 7/5/2002 (cfr. Acta CNAT Nº2357), luce destinada a paliar el eventual envilecimiento del signo monetario,

   teniendo en especial miramiento el doble carácter resarcitorio y moratorio de tales acrecidos.

   A su vez, y mediante el Acta nº2601 (21/5/2014), este Tribunal dispuso la aplicación de intereses de conformidad con la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, decisión luego mantenida incólume a instancia del Acta nº2630 (27/4/2016), cuyo contenido conserva la vigencia del mentado índice mediante una remisión a la resolución que configuró su inmediato precedente (tasa nominal anual vigente para préstamos personales de libre destino del Banco Nación), y que trepa a un 36% anual.

   Posteriormente a ello, mediante Acuerdo General celebrado el 8/11/17 se previó que los aditamentos deberían ser justipreciados según la tasa activa efectiva anual vencida,

   cartera general diversa, del Banco de la Nación Argentina (cfr. Acta nº2658). También desde análoga perspectiva, el cimero Tribunal ha convalidado el empleo de una tasa de interés diferencial -15% anual sobre créditos actualizados- para las acreencias de naturaleza laboral, señalando que tal estirpe permitía descartar conjeturas tendientes a descalificar dicha tasa por injusta o manifiestamente irrazonable (v. CSJN, “S. de Suárez Albina c/ Graziani S.A.C.

1. y C.”, Fallos: 303:684; íd., “C., J.J. c/

   Banco de Avellaneda S.A.”, Fallos: 300:520).

   Por otro lado, siempre en el andarivel de evacuar acabadamente las controversias vigorizadas ante esta Alzada, entiendo imprescindible memorar que reiteradamente he sostenido la incompatibilidad del artículo 770, inc. “b”, del Código Civil y Comercial (“CCyC”) con casos en los cuales, como ocurre en el sub judice, el hecho generador del crédito aconteció con antelación a la entrada en vigencia de tal D. unificado. En este orden, tuve oportunidad de remarcar que el Código Civil velezano –corpus legal aplicable al sub examine– vedó, como regla general, el anatocismo. Antes y ahora, en cuanto a la acumulación de intereses atañe –artículos 623 del Código Civil y 770 CCyC, respectivamente– nos encontramos con normas de orden público que vedan la capitalización de intereses como regla general, salvo Fecha de firma: 18/09/2023

   Firmado por: M.C.H., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: G.A.V., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: E.C., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: M.V.Z.V., SECRETARIA

   28854630#383444533#20230912141609415

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   expresas excepciones (v. CSJN, “M., J.B. c/ Sociedad Anónima de Tenis Argentino CIF y otros s/ sumario”, Fallos: 335:1948). En palabras del alto Tribunal, al dictar su sentencia en el emblemático caso “E.” (Fallos: 339:781), "el fallo judicial que impone el pago de una indemnización por un infortunio laboral sólo declara la existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento; por ello la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito que persigue el reconocimiento de esa situación y de sus efectos en el ámbito jurídico (Fallos: 314: 481; 315 :885); sostener lo contrario conllevaría la aplicación retroactiva de la ley nueva a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se habían producido con anterioridad a ser sancionada (Fallos:

   314:481; 321:45)".

   En tales condiciones, entiendo y reafirmo la imposibilidad de aplicar una normativa -CCyC- cuya vigencia se inauguró el 1/08/2015 para disciplinar las consecuencias de eventos acaecidos con anterioridad a tal data. Y ello, máxime cuando el Código velezano no estableció nada semejante a la capitalización periódica para el simple supuesto en que la obligación se demande judicialmente; reitero, en pro de alcanzar una absoluta nitidez expositiva: la novel previsión –elogiada y resistida en doctrina con parejo vigor– nació al amparo del CCyC, que sí instituyó el comúnmente llamado “anatocismo judicial” en los incisos “b” y “c” de dicho ordenamiento, aun cuando el escenario previsto en el último de tales apartados ya lucía concebido en el Digesto decimonónico (v. Fallos: 326:4567 y 329:5467). Tales consideraciones mal podrían verse trastocadas en base a la directiva prevista en el artículo 7º del CCyC,

   precepto legal que no consagra el empleo retroactivo del mencionado instrumento codificador sino, por el contrario, su aplicación inmediata aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, “lo que significa que la nueva ley rige para los hechos que están in fieri o en su curso de desarrollo al tiempo de su sanción y no para las consecuencias de los hechos pasados, que quedaron sujetos a la ley anterior, pues allí juega la idea de consumo jurídico” (CSJN, in re “Entidad Binacional Yacyretá c/ Panza, R.A. y otro s/ demanda ordinaria de repetición” Fallos:

   342:43).

   Sobre las premisas trazadas ut supra, y sin que ello entrañe un desconocimiento de la cardinal importancia que tiene en nuestra materia la incolumidad del crédito laboral, el caso bajo juzgamiento no puede ser subsumido dentro de las previsiones del mencionado artículo 770, inc. “b” del CCyC, en tanto una tesitura contraria supondría –paralelamente– un serio menoscabo a la seguridad jurídica (v. mi voto en “F.A.A. c/ Mapfre Argentina ART S.A. s/ accidente - ley especial”, SD de fecha 17/09/2020, del registro de esta Sala).

   En razón de todo lo expuesto, la cuantía de los aditamentos devengados por el capital nominal diferido a condena debe desentrañarse hacia el interior de los Fecha de firma: 18/09/2023

   Firmado por: M.C.H., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: G.A.V., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: E.C., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: M.V.Z.V., SECRETARIA

   28854630#383444533#20230912141609415

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   confines delineados por el artículo 622 del Cód. Civil, con absoluta exclusividad. Y, con tal enfoque, la compleja coyuntura económica que atraviesa nuestro país,

   caracterizada por la obstinada persistencia de un proceso inflacionario que corroe la valía de la moneda nacional, me condujo a reexaminar el criterio que he sostenido sobre la temática, con el propósito de determinar pautas hábiles para...