La Cámara Federal objetó la ley de flagrancia y limitó su aplicación

La Justicia puso trabas a la implementación de la llamada ley de flagrancia, que hoy entrará en vigor tras haber sido sancionada por el Congreso en septiembre pasado. Se trata de una de las iniciativas principales presentadas por el Gobierno para frenar la ola de delitos, pero en los tribunales federales se considera que no existe la infraestructura material necesaria y que no se dispone de los recursos humanos suficientes para afrontar la exigencia diaria de cientos de audiencias. Por eso, la Cámara Federal dispuso ayer que en su fuero sólo serán tratados con el nuevo mecanismo procesal los casos que involucren el uso de armas.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también hizo públicas ayer sus objeciones a la ley 27.272. "Se exhorta a las autoridades a que, previo a poner en marcha cualquier reforma procedimental, se adopten las medidas necesarias para su implementación y se dote [a la Justicia] de los recursos imprescindibles para asegurar el éxito" de la norma, reza el comunicado firmado, entre otros, por el juez Ricardo Recondo, presidente de esa asociación.

La Cámara Federal, por su parte, pidió adoptar "medidas de orden práctico" para llevar adelante la reforma al Código Procesal Penal propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso. Esa iniciativa modificó los tiempos judiciales, con plazos mucho más rápidos para los casos de acusados atrapados en el momento de cometer el delito. En el caso de la Justicia federal se pensó en usar esa variante para los casos menores de narcotráfico, tanto en cuanto a sospechosos de venta de droga como a los acusados por acopio y transporte de sustancias ilegales.

En esos casos, en general, los sospechosos son arrestados por la posesión del estupefaciente, la prueba concreta del delito. Los plazos previstos por la ley 27.272 señalan un lapso no mayor de 40 días entre la primera audiencia y la...