Buscan limitar las medidas cautelares

El Gobierno dio luz verde para que cuanto antes avance en el Congreso un proyecto de ley que restrinja el dictado de medidas cautelares contra el Estado que planteen personas físicas o empresas ante la Justicia.La iniciativa, que elaboró la diputada ultrakirchnerista Diana Conti, cobra impulso en momentos en que distintas medidas y leyes propiciadas por la Casa Rosada se hallan frenadas por efecto de medidas cautelares que plantearon particulares o empresas por sentirse afectados en sus derechos."Es un proyecto muy importante y vamos a trabajar para que sea ley", confirmó a LA NACION el jefe del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi.La iniciativa en cuestión apunta a resolver el problema al que la presidenta Cristina Kirchner denomina con ironía el "derecho cautelar", un eufemismo que acuñó para criticar la sucesión de medidas cautelares que, a su juicio, obstaculizan su gestión.Entre los casos más resonantes figura la ley de medios audiovisuales, sancionada en 2009, que quedó frenada en uno de los aspectos que más interesaban al Gobierno desde que una medida cautelar dejó en suspenso el proceso de "desmonopolización" a la que están obligados los grupos mediáticos.Quien más recientemente hizo uso de esta herramienta jurídica fue el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri (Pro), para frenar el traspaso de la red de subterráneos a la Capital que quería imponerle el gobierno nacional. También apelaron a sendas medidas cautelares contra el Estado la empresa Fibertel, del Grupo Clarín, y la petrolera Shell, por el aumento dispuesto en los combustibles en 2010.El proyecto de la diputada Conti se propone limitar, en el futuro, el dictado de nuevas medidas cautelares contra el Estado. Para eso dispone una serie de modificaciones al Código Civil y Procesal de la Nación: la más polémica es aquella que establece que antes de dictar una medida cautelar contra cualquier organismo del Estado, el juez debe citar a una audiencia a las partes y a posibles terceros afectados. Esa audiencia, dice el proyecto, deberá concretarse dentro de los tres días de solicitada la medida cautelar.Diputados opositores y constitucionalistas consultados por LA NACION coincidieron en que esta exigencia vulneraría el principio básico de igualdad ante la ley, ya que con la citación a una audiencia previa se le otorga un privilegio al Estado que no gozaría un particular."Es un proyecto riesgoso -opinó el abogado constitucionalista Gregorio Badeni-. Los daños que el Estado puede...