Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 1 de Diciembre de 2004, expediente B 60938

• Presidente: Soria-de Lázzari-Roncoroni-Hitters-Kogan
• Fecha de Resolución: 1 de Diciembre de 2004
• Emisor: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 1 de diciembre de 2004, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS., de L.,R., Hitters, K., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 60.938, "B., S.D. contra Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

I.S.D.B., por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, Instituto de Previsión Social, con el objeto de que se dejen sin efecto las resoluciones de fechas 15-X-1998 y 16-IX-1999, por medio de las cuales el Directorio del Instituto demandado ratificó la reducción del haber pensionario de la actora así como el cargo deudor formulado en su contra, y luego resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto contra el primer acto.

En consecuencia, la actora solicita que se condene al organismo demandado a liquidar su haber sin las reducciones aplicadas, y se le ordene la devolución de los importes retenidos con sus correspondientes intereses.

2. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, que a través de su representante legal, sostiene la legitimidad de los actos impugnados y solicita por consiguiente el rechazo de la demanda.

3. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular a la causa B. 60.837, "., M.M. contra Provincia de Buenos Aires (IPS). Demanda contencioso administrativa" y los alegatos de ambas partes, la causa quedó en estado de dictar sentencia, decidiéndose plantear y votar la siguiente

   C U E S T I O N

   ¿Es fundada la demanda?

   V O T A C I O N

   A la cuestión planteada, el señor J.d.S. dijo:

   I.R. la actora que obtuvo el beneficio de pensión en base al cargo que desempeñaba su esposo, L.P., en el Bloque Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

   Señala que su haber se liquidó en correspondencia a la remuneración asignada a dicho cargo, la cual contemplaba entre sus adicionales una bonificación por antigüedad que se traducía en un importe significativo en el monto del salario.

   Aduce que, sin ninguna intervención de su parte, el Instituto de Previsión Social resolvió aplicar a su haber las modificaciones al régimen salarial que para el personal activo dispuso el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados por medio de la Resolución 260/1996.

   Puntualiza que, por medio del acto referido, se incluyó al personal de los bloques políticos de la Cámara de Diputados en el régimen del art. 117 de la ley 11.758 (personal transitorio), correspondiéndole a aquéllos -como derecho retributivo- el sueldo básico y las horas extras. Añade que la resolución mencionada también incorporó una bonificación denominada "por especialización", cuyo monto resulta equivalente al 3% del sueldo básico por cada año de servicios prestados exclusivamente en el Poder Legislativo nacional o provincial. Ello implica -afirma la accionante- suprimir otros adicionales que formaban parte de la remuneración, entre los que se encuentra la bonificación por antigüedad antes referida.

   Esta circunstancia motivó la presentación de su reclamo, el cual fue decidido negativamente por Resolución del 15-X-1998 y luego confirmado por el acto de fecha 16-IX-1999. Dicha decisión -manifiesta la actora- ha violado el art. 61 del dec. ley 9650/1980, habida cuenta que la norma sólo autoriza a formular cargo deudor cuando la percepción de haberes ha sido indebida, situación que no ocurre en su caso.

   Además, entiende que existe un claro apartamiento de lo prescrito por el art. 41 del cuerpo legal citado, porque -según dice- ésta norma asegura no sólo un determinado nivel jerárquico sino también remunerativo; el cual se incorpora al patrimonio del beneficiario comprendiendo todos los conceptos que integran el salario al momento de ser otorgado el beneficio.

   Menciona en apoyo de su postura el decreto 1084/1997 -cuya copia acompaña como prueba documental- de cuyos considerandos se desprende -según dice-...