Bloqueos: mejor no chocar

Desde hace meses se prolonga un que pone al desnudo realidades patológicas de la Argentina de hoy. Es un fenómeno que ha prosperado bajo la indulgencia falsa de la democracia porque la única conclusión racional y genuina de lo que está sucediendo es, por el contrario, que estas situaciones son sólo posibles por irresponsabilidad y ausencia de coraje cívico de múltiples actores.He aquí los hechos: la transportista Vilaltella y Valls SA, en concurso de acreedores, deja sin indemnización en la calle, hace dos años, a 17 trabajadores. Todos ellos, con excepción de uno, que se ha jubilado, se encontrarían hoy activos en otros ámbitos laborales. La firma concursada , entre otras empresas que le confiaban el acarreo de sus productos.De pronto, personas vinculadas con el Sindicato de Choferes de Camiones -cuya particular sigla es Sichoca bloquean las puertas de plantas fabriles de Ternium Siderar. Una de las empresas más serias del país se convirtió así en rehén de una disputa gremial a la que es ajena. Se ha exigido que se haga cargo de deudas de Vilaltella y Valls. Ha sido impedida, en varias oportunidades en lo que va del año, de cumplir con el suministro de productos contratados por la industria automotriz, electrodoméstica y constructora, y de la alimentación, entre otras.Los bloqueos -hoy en tregua temporal- han afectado plantas de Canning, Ensenada, Florencio Varela, Haedo, San Nicolás, Ramallo y Rosario. El sindicato no se hace responsable de los hechos, pero la intimidación cumple sus efectos. Frente al bloqueo, camioneros y transportistas se niegan a entrar en las plantas con los despachos de materia prima y a salir con el acero laminado de una industria de industrias, en cuyas matrices se gestan productos que se terminan en otras empresas.Con excepción de las denuncias penales de Ternium Siderar y de las laborales provinciales y de la Nación, el código de silencio preservado por el resto de los damnificados por todo esto demuestra la magnitud del temor por la aplicación brutal de esta metodología extorsiva. ¿Qué hace, entretanto, el Estado nacional después de haber ordenado una conciliación obligatoria que prorrogó en su momento? ¿Cómo actúan las autoridades provinciales en cuyas órbitas se desencadenan actos violatorios de los principios constitucionales, y de natural convivencia, de libertad de trabajo, de comercio, de tránsito? ¿Dónde están los fiscales que deberían hacerse cargo hasta de oficio de delitos de acción pública que ponen en peligro...