Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MAR DEL PLATA - SALUD y MEDIDAS ECONOMICAS, 23 de Febrero de 2023, expediente FMP 009619/2022/CA002
| Fecha de Resolución | 23 de Febrero de 2023 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MAR DEL PLATA - SALUD y MEDIDAS ECONOMICAS |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA
En la ciudad de Mar del Plata, a los días del mes de febrero del año 2023, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, avocados al análisis de los autos caratulados: “B., M. M. ( EN REPRESENTACION DE B.S.) c/
OSIM s/ LEY DE DISCAPACIDAD”. Expediente Nº 9619/2022, en trámite por ante el Juzgado Federal Nº 2, Secretaria Nº 1 de esta ciudad. El orden de votación es el siguiente: Dr. E.P.J.,
Dr. A.O.T.. Se deja constancia que se encuentra vacante el cargo del tercer integrante de este Tribunal a los fines del art. 109
del R.J.N..-
El Dr. J. dijo:
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Llegan los autos a esta Alzada con motivo del recurso de apelación deducido por el amparista de autos, en oposición a la sentencia de fecha 29/11/2022, la cual: rechaza íntegramente la acción de amparo imponiendo las costas en el orden causado.
Los agravios del recurso en tratamiento se encuentran orientados a cuestionar la resolución del juez de grado por cuanto considera que la sentencia atacada resulta arbitraria.
Manifiesta que la resolución del magistrado de grado se apoya exclusivamente sobre la base de un informe de evaluación interdisciplinaria confeccionado por la demandada con fecha junio 2022, no sólo con posterioridad a la interposición de la demanda sino tambien del reclamo administrativo.
Resalta que el supuesto cuerpo multidisciplinario que firma el informe presentado por la demandada y al que se abraza con recelo el Juez para dictaminar la sentencia, nunca tuvo una audiencia, auditoría Fecha de firma: 23/02/2023
Alta en sistema: 24/02/2023
Firmado por: R.M., SECRETARIO DE JUZGADO
Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.P.J., JUEZ DE CÁMARA
o junta con el menor para conocerlo, tratarlo o evaluarlo, como así
tampoco contactó al equipo que se encuentra tratando al amparista.
Aduna que el pedido de acompañante terapéutico fue realizado con fecha 12/04/2022, y en principio la demandada no sólo no se expidió en relación al pedido sino que tampoco autorizó a la maestra de apoyo.
Plantea que el equipo interdisciplinario de la demandada no realiza una crítica concreta y razonada, fundada en criterios médicos,
científicos y/o terapéuticos, sino que por el contario no recomienda al AT por el solo hecho de no estar reglamentado en el Marco Básico de Prestaciones de Discapacidad.
Por último formula reserva del caso federal y peticiona se haga lugar al recurso.
Conferido el traslado de ley correspondiente, el mismo fue contestado por la demandada; y encontrándose la causa en condiciones de resolver con el llamamiento de autos para dictar sentencia, es que procedo a abocarme al conocimiento de los aspectos litigiosos tal como ha quedado trabada la litis.
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Antes de comenzar a examinar los agravios manifestados debo recordar que los jueces no están obligados a considerar todos y cada uno de los planteos de las partes, pues basta que lo hagan respecto de aquellos considerados esenciales y decisivos para el fallo de la causa.
Nuestra Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina según la cual los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a su juicio Fecha de firma: 23/02/2023
Alta en sistema: 24/02/2023
Firmado por: R.M., SECRETARIO DE JUZGADO
Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.P.J., JUEZ DE CÁMARA
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no sean decisivos (ver LL 144 p. 611, 27.641-S; LL 145 p. 346; LL 148
p. 692, 29.625-S; Fallos 296:445; 297:333 entre otros).
Siguiendo los lineamientos dados por nuestro Tribunal Supremo analizaré en este voto sólo las cuestiones que considero esenciales para arribar a la solución de este pleito.
Aclarado lo anterior, creo oportuno destacar que el niño reclamante, resulta ser una persona con discapacidad, al padecer trastornos generalizados del desarrollo y otros trastornos del habla y lenguaje (ver certificado de discapacidad acompañado con el escrito de demanda).
Ahora bien, y con relación al derecho a la salud del menor con discapacidad que se dice conculcado, entiendo que no se trata aquí de considerar que el derecho a la vida, o aún el derecho a la salud o educación preferente de los afiliados aquí involucrado pudiesen ser considerados como “derechos naturales de la persona, preexistentes a toda legislación positiva”, sino que se encuentran expresa o implícitamente regulados por el texto fundamental, en particular con lo dispuesto por el Art. 33 CN. Así, expresaba D.F.S., al fundar esa norma en 1860, que “(…) no pudiendo enumerarse en las declaraciones previas de una Constitución todos los derechos adquiridos por el hombre, se establecen los principales,
consignando el hecho de que aquellos no enumerados quedan siempre vigentes y se reserva al pueblo” (Cfr. De mi autoría “Los Derechos Implícitos de la tercera generación: una nueva categoría expansiva en materia de Derechos Humanos” en “ED” del 6/5/1996,
pág. 2 y ss.), pero también por lo dispuesto en el Art. 75 inciso 22 CN.
Bien ha señalado en este sentido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, que “(…) no puede aceptarse que por sobre los Fecha de firma: 23/02/2023
Alta en sistema: 24/02/2023
Firmado por: R.M., SECRETARIO DE JUZGADO
Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.P.J., JUEZ DE CÁMARA
derechos de los habitantes de la Nación que reconoce expresamente la Constitución, puedan prevalecer derechos supuestamente naturales,
pues ello implicaría dejar librada la aplicación de la Constitución, no ya siquiera a restricciones impuestas por el Congreso, sino a la primacía de las ideas de los jueces sobre normas de la Ley Fundamental” (Cfr.
CSJN, Autos “S. de Cubría” del 8/9/1992, “LL” 1992-E, pág. 1149
y ss., en voto del Dr. A.B..
Por otra parte, el derecho a la salud del amparista se encuentra amparado por un amplio marco de disposiciones de corte constitucional, es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts. 11 y 16), la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12), y la Convención de los Derechos del Niño (arts. 23/27).
En el plano infra constitucional se encuentra amparado por las previsiones de la Ley 22.431, de “protección integral de personas discapacitadas” (v. art. 2º) y la ley 23.661 de “seguro de salud” (art.
28). A todo ello debe agregarse que por Ley 24.901 se ha creado un sistema de prestaciones básicas de “atención integral a favor de las personas con discapacidad” que contempla acciones de asistencia y protección para brindarles cobertura integral a sus necesidades y requerimientos, dejando a cargo de las obras sociales comprendidas en la Ley 23.660 la obligatoriedad de su cobertura total (arts. 1º y 2º;
CSJN, Fallos 323:3229, considerando 33). Entre ellas, encontramos las de rehabilitación (art. 15) y las terapéuticas educativas (art. 16).
Asimismo, debemos recordar que la ley 25.421 ha creado el “Programa de Asistencia Primaria de Salud Mental” que tiene por función propiciar y coordinar las acciones tendientes a otorgar Fecha de firma: 23/02/2023
Alta en sistema: 24/02/2023
Firmado por: R.M., SECRETARIO DE JUZGADO
Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.P.J., JUEZ DE CÁMARA
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asistencia primaria de salud mental. Se entiende por atención primaria,
prevención, promoción y protección de la salud mental, a la estrategia de salud basada en procedimientos de baja complejidad y alta efectividad, que se brinda a las personas, grupos o comunidades con el propósito de evitar el desencadenamiento de la enfermedad mental y la desestabilización psíquica, asistir a las personas que enferman y procurar la rehabilitación y reinserción familiar, laboral, cultural y social de los pacientes graves, luego de superada la crisis o alcanzada la cronificación.
A tal efecto, la normativa mencionada se refiere en su Anexo I
al “acompañante terapéutico”. El mismo interviene acompañando,
cuidando, estimulando e integrando socialmente a aquellas personas que se encuentran imposibilitadas de desarrollarse de manera autónoma. Esta prestación está concebida para desarrollar acciones que auxilien y complementen el tratamiento que el paciente recibe por parte del profesional. En efecto, lo que se procura con esta figura es alcanzar el objetivo de continuar con un tratamiento sin aislar al paciente de su entorno social y familiar.
En este marco fáctico legal, se torna esencial buscar una...
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