Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 25 de Abril de 2019, expediente FBB 23045506/2011/CA2

• Fecha de Resolución: 25 de Abril de 2019
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 23045506/2011/CA2 – S.. 2 Bahía Blanca, de abril de 2019.

VISTO: Este expediente nro. FBB 23045506/2011/CA2 caratulado: “Á.,

18. O. y otros c/Estado Nacional (Ministerio de Defensa) y otro

    s/Suplementos Fuerzas Armadas y de Seguridad”, venido del Juzgado Federal nro. 2

    de la sede para resolver los recursos de apelación interpuestos a fs. 166/vta., 170 y 171

    contra la regulación de honorarios de f. 163/vta.

    El señor Juez de Cámara, doctor P. Candisano Mera, dijo:

    1ro.) A f. 163/vta., se regularon los honorarios del Dr. Diego

    Martín JARQUE, por su actuación como apoderado de la parte actora (ganadora), en

    una etapa de tres posibles hasta la sentencia y en la medida cautelar dictada en autos,

    teniendo en cuenta la liquidación aprobada a f. 220/vta., sin inclusión de los intereses,

    en la suma de $7.903,75 [($7.386,65 = $121.758,00 x 0,13 x 1,40 x 1/3) + ($517 =

    $7.386,65 x 0,05 x 1,40)] conforme lo previsto en los arts. 6, 7, 9, 33 y 38 de la ley

    21.839 s/ley 24.432, con más el adicional de IVA.

    Resultado de ello, a fs. 166/vta., 170 y 171 apelaron el

    beneficiario por considerarlos bajos (v. renuncia al cobro e honorarios a sus

    poderdantes manifestado a f. 173/vta.), el Estado Nacional y el IAF por entender

    elevada dicha regulación.

    2do.) En primer lugar cabe señalar que de la sentencia de fs.

    120/125 surge que se declaró la falta de legitimación pasiva del I.A.F., por lo que

    carece de interés para apelar y, en consecuencia, su recurso debe declararse mal

    concedido.

    3ro.) Analizado el auto regulatorio y compulsada la causa se

    observa que es correcta la valoración del carácter en que actuó el Dr. JARQUE, la

    etapa cumplida (1 de 3 posibles ya que se declaró de puro derecho), y el mérito de la

    labor desempeñada (gananciosa); más no corre la misma suerte la base económica

    tenida

    en cuenta por el juez de grado.

    Ello teniendo en cuenta que de la liquidación obrante a fs.

    148/154 y aprobada a f. 160 surge que la base económica a tener en cuenta –sin

    Fecha de firma: 25/04/2019 Alta en sistema: 26/04/2019 Firmado por: CANDISANO MERA PABLO A. , Juez de Cámara Firmado por: M.A.S., SECRETARIA Firmado por: L.S.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: P.E.L., JUEZ DE CAMARA #7079665#232428588#20190425092711650 Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 23045506/2011/CA2 – S.. 2 intereses– es de $54.881,20, por lo que corresponde modificar la regulación practicada

    por el a quo la que queda conformada por el siguiente cálculo: [($3.329,46 =

    $54.881,20 x 0,13 x 1,40 x 1/3) + ($233 3.329,46 x 0,05 x 1,40)] = $3.562,46 + IVA.

    En consecuencia, corresponde hacer lugar a la apelación interpuesta por

    altos y reducir la regulación practicada a la suma de $3.562,46 + IVA.

    4to.) A la retribución que antecede deberá adicionarse el 10%

    correspondiente al aporte previsional (ley 23.987 y ley local 6.716).

    Por ello, propicio y voto: 1ro.) Declarar mal concedido el

    recurso de apelación interpuesto por el I.A.F. a f. 171. 2do.) Hacer lugar al recurso de

    apelación por altos y, en consecuencia, fijar los honorarios del Dr. Diego Martín

    Jarque, por su labor en la instancia de grado a la suma de $3.562,46 con más el

    USO OFICIAL correspondiente adicional por IVA, adicionando a la suma regulada el 10%

    correspondiente al aporte previsional (ley 23.987 y ley local 6.716), rechazando en

    consecuencia el recurso interpuesto por bajos.

    El señor Juez de Cámara, doctor L., dijo:

    1) Adhiero parcialmente a voto de mi distinguido colega

    preopinante en lo referente al recurso de la demandada IAF.

    Sin embargo, disiento respetuosamente en cuanto hace

    aplicación de la ley extinta 21.839, y no de la ley vigente 27.423.

    2) No habiendo prosperado el tratamiento del recurso deducido

    por el IAF, corresponde que me avoque al análisis del recurso deducido por el Dr.

4. (letrado apoderado de la parte actora), quien lo hace por derecho

   propio, agraviándose por la falta de aplicación al caso de la ley nueva de honorarios

   27.423 y, además, porque se fijó una base regulatoria que no contempla los intereses

   liquidados a los actores vencedores, tal cual lo dispone el art. 24 de la citada norma.

   3) El conflicto de normas y situaciones que se suscitan. La

   cuestión planteada en los agravios: el pedido de aplicación de la ley de honorarios

   27.423. El artículo 1 del Código C.il y Comercial de la Nación (en adelante CCyC),

   ordena que los casos deben ser resueltos “según las leyes que resulten aplicables,

   conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que

   Fecha de firma: 25/04/2019 Alta en sistema: 26/04/2019 Firmado por: CANDISANO MERA PABLO A. , Juez de Cámara Firmado por: M.A.S., SECRETARIA Firmado por: L.S.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: P.E.L., JUEZ DE CAMARA #7079665#232428588#20190425092711650 Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 23045506/2011/CA2 – S.. 2 la República sea parte”. Luego, el art. 7 del CCyC prevé que “A partir de su entrada

   en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones

   jurídicas existentes”.

   Del contenido de los preceptos citados se sigue que, a partir de

   su entrada en vigor, las leyes deben aplicarse con la máxima extensión, no sólo a los

   hechos, situaciones y relaciones futuros, sino también a los que hayan nacido al

   amparo de la ley anterior y que se encuentren en plena vigencia al dictarse la ley

   nueva.

   El problema aparece, entonces, cuando un cambio legislativo se

   produce durante la vida de hechos, relaciones o situaciones; o sea, entre que nacen y se

   extinguen. En tal caso, ese cambio legislativo puede traer aparejada una colisión o

   USO OFICIAL conflicto de normas en el tiempo y es necesario decidir qué norma ha de aplicarse1.

   En el sub examine, la cuestión dilemática consiste en determinar

   cuál es la ley que corresponde aplicar a las tareas profesionales de los abogados y

   procuradores desarrolladas, en todo o en parte, durante la vigencia de la ley de

   honorarios 21.839, pero cuya regulación se debe realizar y/o revisar luego de la

   sanción y vigor de la nueva ley de honorarios 27.423 (BO 22/12/2017).

   Frente al interrogante planteado, atinente a la sucesión de leyes

   en el tiempo, se pueden dar las situaciones que paso a enumerar.

   a. Hacer aplicación, sin cortapisas, de la ley 21.389 a todas

   las tareas profesionales que fueron realizadas durante su existencia, aunque al

   tiempo de la regulación de los honorarios, por esos trabajos, ya estuviere vigente la ley

   27.423.

   Esta es la solución a la que arribó mi colega y con la cual –

   haciendo un nuevo análisis de la cuestión– disiento, toda vez que promueve la

   ultraactividad de la ley derogada, soslayando la aplicación inmediata de la ley vigente

   al momento de la regulación de los honorarios, tal como lo ordena el art. 7 del CCyC.

   KEMELMAJER de CARLUCCI, A., http://www.juslapampa.gob.ar/consejo/images/Power_-

   _Dra._K..pdf.

   Fecha de firma: 25/04/2019 Alta en sistema: 26/04/2019 Firmado por: CANDISANO MERA PABLO A. , Juez de Cámara Firmado por: M.A.S., SECRETARIA Firmado por: L.S.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: P.E.L., JUEZ DE CAMARA #7079665#232428588#20190425092711650 Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 23045506/2011/CA2 – S.. 2 El punto será analizado pormenorizadamente más adelante, a

   partir del considerando 4to.

   b. Efectuar la regulación de honorarios “por tramos” o “por

   períodos”, es decir aplicando el régimen de la ley 21.839 a las tareas profesionales

   que fueron realizadas durante el lapso de su existencia, por una parte, y, por otra parte,

   aplicando la ley 27.423 a las tareas ejecutadas luego de su entrada en vigor, es decir en

   el tramo o período ulterior a la sanción de la nueva ley.

   Esta alternativa no puede tener andamiento pues, con

   fundamento en lo manifestado en el apartado que antecede, implicaría otorgar

   ultraactividad a la fenecida ley 21.839.

   Ambos tramos, aun el concerniente a los trabajos efectuados

   USO OFICIAL bajo el régimen de la ley extinta, deben ser regulados con ajuste de la ley 27.423.

   Esta postura apontoca en la manda clara del

   art. 7 del CCyC.

   Mayores fundamentos serán aportados en el considerando 4to.

   c. Hacer aplicación de la ley 27.423 a todas las tareas

   profesionales, aún a las que fueron realizadas durante la existencia de la ley 21.839,

   siempre que no cuenten con regulación judicial.

   d. Hacer aplicación de la ley 27.423 a todas las tareas

   profesionales, aún a las que fueron realizadas y reguladas durante la existencia de la

   ley 21.839, siempre que la regulación judicial no estuviere firme.

   e. Teniendo en consideración lo dispuesto por la ley 21.839, en

   el capítulo III, intitulado “Etapas procesales”, efectuar la regulación de honorarios

   por etapas, es decir haciendo aplicación de la derogada ley 21.839 sólo a las tareas

   profesionales cuyas etapas fueron cumplimentadas durante su existencia, por una

   parte, y aplicar la nueva ley 27.423 a las tareas ejecutadas a partir de su entrada en

   Fecha de firma: 25/04/2019 Alta en sistema: 26/04/2019 Firmado por: CANDISANO MERA PABLO A. , Juez de Cámara Firmado por: M.A.S., SECRETARIA Firmado por: L.S.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: P.E.L., JUEZ DE CAMARA #7079665#232428588#20190425092711650 Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 23045506/2011/CA2 – S.. 2 vigencia, aunque la etapa hubiera tenido su inicio durante la vida de la ley derogada,

   por la otra parte.

   Es la solución que se desprende de los fundamentos del decreto

   N° 1077/2017, que observó, entre otros, el art. 64 de la ley 27.423. Efectivamente,

   leemos lo siguiente “Que el artículo 64 del Proyecto de Ley establece la vigencia del

   mismo a partir de su publicación y su aplicación a los procesos en curso en los que no

   existiera regulación firme de honorarios. Que la aplicación de la norma sancionada a

   los procesos en curso en los que no existiera regulación firme de honorarios puede

   afectar derechos adquiridos, debido a que los honorarios de los profesionales se

   devengan por etapas, por lo que disponer la aplicación retroactiva de la norma podría

   ...