Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA CIVIL, 29 de Diciembre de 2023, expediente FMP 022135/2022/CA001
| Fecha de Resolución | 29 de Diciembre de 2023 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA CIVIL |
Poder Judicial de la Nación CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA
En la ciudad de Mar del Plata, a los días del mes de diciembre de dos mil veintitres, reunidos los Sres. Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del P. al análisis de estos autos caratulados: “
ALEGRE, S.M. c/ AFIP s/AMPARO LEY 16.986”, Expediente FMP 22135/2022, provenientes del Juzgado Federal N° 2, Secretaría N° 1 de esta ciudad. El orden de votación es el siguiente: Dr. A.O.T., Dr.
B.B..
El Dr. Tazza dijo:
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Llegan los autos a esta Alzada con motivo de los recursos de apelación deducidos por ambas partes de la contienda en oposición a la sentencia que: 1º) Hace lugar a la acción incoada por la Sra. S.M.A. en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos. En consecuencia, se declara la inconstitucionalidad de los artículos 82 inc. “c” de la ley 20.628, texto vigente según ley 27.701, y se ordena el cese de las retenciones efectuadas en concepto de Impuesto a las Ganancias sobre el beneficio previsional de la accionante. A la vez, el organismo demandado deberá restituir, en el plazo de treinta (30) días desde que este pronunciamiento adquiera firmeza, los importes deducidos en aquel concepto desde el momento de la interposición de la demanda y hasta la fecha del efectivo pago, con los intereses establecidos por la Resolución del Ministerio de Economía Nº 559/2022 (Fundamentos I a VI); 2º) impone las costas a la demandada, de acuerdo con lo expresado en el Fundamento VIII.
Los agravios del recurso incoado por el demandado se encuentran dirigidos a cuestionar la sentencia que hace lugar a la acción. En primer lugar,
indica que la jubilación que percibe el actor queda ineludiblemente comprendida dentro de la hipótesis de incidencia del impuesto (configuración Fecha de firma: 29/12/2023
Firmado por: B.D.B., J.S. de Cámara Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA
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del hecho imponible tipificado en la norma). Agrega que el Aquo ha aplicado aquí erróneamente el precedente “G.” ya que no existen parámetros adecuados, presentados en demanda, que acrediten la vulnerabilidad de la amparista. Hace hincapié, asimismo, que en el presente no se ha configurado la mentada “situación de vulnerabilidad” del actor, como así tampoco que se haya acreditado, ni probado, la existencia de una necesidad de solventar de mayores erogaciones que la del resto de los jubilados como para ameritar la excepcionalísima configuración del supuesto de inconstitucionalidad. Por lo expuesto concluye que el caso no es análogo al caso “G. y que corresponde revocar la sentencia.
Por otro lado, se agravia por cuanto el a quo declaró la inconstitucionalidad de la ley del impuesto a las ganancias. En tal sentido,
refiere que ni el Poder Ejecutivo Nacional ni el Poder Judicial poseen potestades para establecer exenciones impositivas y sostener lo contrario vulneraria gravemente el principio republicano de división de poderes. Añade que no se puede alegar arbitrariedad o ilegalidad manifiesta cuando su parte actúa de conformidad con las leyes vigentes.
Entiende que surge claramente del exordio de la demanda que no se encuentran presentes las condiciones para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto en cuestión, ya que el accionante no demostró
que ésta normativa se contraponga los principios de la Constitución Nacional.
Manifiesta que la sentencia recurrida omite aplicar la ley 27.617 (B.O.21
4/21). Aclara que dicha ley se encarga de receptar la problemática expuesta por la Corte en el precedente “G., tutelando especialmente a aquellos jubilados considerados vulnerables.
Por último, se agravia de la imposición de costas, y solicita se revoque la sentencia.
Fecha de firma: 29/12/2023
Firmado por: B.D.B., J.S. de Cámara Firmado por: A.O.T., JUEZ DE CAMARA
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Poder Judicial de la Nación CÁMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA
Por su parte, la parte reclamante se agravia de la fecha de inicio dispuesta para el reintegro de las ganancias. P. se ordene la restitución desde los cinco (5) años anteriores a la interposición de la acción.
Corrido el traslado de ley, y encontrándose la causa en condiciones de resolver con el llamamiento de autos para dictar sentencia decretado, es que procedo a abocarme al conocimiento de los aspectos litigiosos tal como ha quedado trabada la litis.
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Antes de comenzar a examinar los agravios manifestados, debo recordar que los jueces no están obligados a considerar todos y cada uno de los planteos de las partes, pues basta que lo hagan respecto de aquellos considerados esenciales y decisivos para el fallo de la causa.
Nuestra Corte Suprema de Justicia ha sentado la doctrina según la cual los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas la causa sino sólo aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (ver LL 144 p. 611,
27.641-S; LL 145 p. 346; LL 148 p. 692, 29.625-S; Fallos 296:445; 297:333
entre otros).
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Entrando a resolver la cuestión traída a estudio por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), debemos recordar que a partir del precedente “G.” de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha establecido la necesidad de garantizar y tutelar de forma efectiva el reconocimiento de los derechos de la ancianidad, en vista a la naturaleza eminentemente social de esta clase de reclamos.
Ello surge no sólo por la jerarquía constitucional de los derechos sociales que tienen carácter de “integrales e irrenunciables”, sino porque ese catálogo de derechos del trabajador en la Constitución Nacional “apunta a Fecha de firma: 29/12/2023
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dignificar la vida de los trabajadores para protegerlos en la incapacidad y la vejez” (consid. 11º del fallo citado).
Es en tal sentido que nuestro máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que la reforma constitucional de 1994 dio un nuevo impulso al desarrollo del principio de igualdad sustancial para el logro de una tutela efectiva de colectivos en personas de situación de vulnerabilidad, agregando que el envejecimiento y la discapacidad –los motivos más comunes por los que se accede al status de jubilado- son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contratar mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales (consid. 13º precedente citado).
Remarcó además, que las circunstancias de esa etapa del ciclo vital han sido motivo de regulación internacional, tanto en la Primera y en la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de 1982 y 2002; y en la Asamblea General de Naciones Unidas que por Resolución de 2010
encomendó la misión de aumentar la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores, como así también a apuntalar la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Finalmente, se destaca la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIPDHPM) adoptada por la OEA e incorporada a la legislación argentina por ley 27.360 del año 2017, donde se propone garantizar a la persona mayor a ser beneficiaria de un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, especialmente el que se refiere a la protección de una vida digna, y el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la Fecha de firma: 29/12/2023
Firmado por: B.D.B., J.S. de Cámara...
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