Sentencia de Sala II, 7 de Julio de 2011, expediente 30.004

Fecha de Resolución 7 de Julio de 2011
EmisorSala II

Poder Judicial de la Nación Sala II - Causa n° 30.004 “GOSTANIAN,

  1. y otros s/procesamiento”.

    J.. 4 - Sec. 8 - expte. 3116/06/20

    Reg. n° 33.119

    Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

    VISTOS:

    Y CONSIDERANDO:

    I- Que las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación deducidos en torno a la decisión USO OFICIAL

    adoptada por el Sr. Juez de grado, cuya fotocopia se encuentra agregada a fs. 1/125 de este incidente, a través de la cual dispuso los procesamientos de A.G.,

    J.C.K. y R.C. como coautores, y de J.M. como partícipe necesario, todos en orden a su responsabilidad en el hecho que se calificó

    como infracción al artículo 261 del Código Penal.

    Los Dres. O.M.S. y M.C.F., defensores de A.G., sostuvieron al recurrir que el instructor modificó la redacción de los hechos atribuidos para poder usar una calificación más gravosa, lo cual no sólo impidió que su asistido resistiera debidamente la imputación sino que además ha tornado inválido el procesamiento dictado atento la incongruencia verificada. Sin perjuicio de ello, cuestionan el modo en que valoró parte de la prueba citada como de cargo, concluyendo que no alcanza para acreditar con suficiente probabilidad la responsabilidad de G. en el hecho atribuido. Finalmente, cuestionan por excesivo el monto del embargo trabado.

    Por su parte, el Dr. M.O., defensor de R.C., también planteó la nulidad del auto de mérito dictado en razón de que, a su entender, es arbitrario y carente de fundamentación, a la vez que cuestionó el mérito probatorio asignado a los diversos testimonios recibidos en autos y a cuanto surge del libro de visitas de la Casa de la Moneda S.E. Además, se agravió respecto de la calificación legal escogida, señalando que el hecho encuentra en las previsiones del artículo 266 del Código Penal su correcta adecuación, cuyo máximo de pena -o eventualmente aquella prevista en el artículo 173, inciso 7° del citado ordenamiento-

    evidencia que la acción ha fenecido. Agregó que tampoco mantiene vigencia la imputación en torno a aquellos hechos por los cuales se dispuso la ampliación de la declaración indagatoria oportunamente prestada. En último término, cuestionó la validez del monto del embargo dictado.

    En similares términos expusieron sus agravios los Dres. A.O. y M.C.S., por la defensa de J.C.K., quienes junto a la invalidez del auto atacado propiciaron la nulidad de la ampliación de la declaración indagatoria. Tras cuestionar la calificación legal escogida, sostienen que la acción penal se encuentra prescripta, sin perjuicio de lo cual enumeran aquellos elementos probatorios que demuestran que la actuación de su asistido se ajustó a las pautas legales correspondientes.

    Por su parte, el Dr. L.S.C., defensor de J.M., ha cuestionado el valor probatorio asignado a las diferentes constancias incorporadas, en particular a la declaración prestada por G.K.S. a tenor de su posición frente a los hechos. Finalmente, criticó la calificación legal asignada al evento.

    II- Esta investigación tuvo como finalidad establecer si existieron irregulares cobros de dinero por parte de funcionarios de la Casa de la Moneda Sociedad del Estado, en el marco de diversas contrataciones llevadas a cabo por esta última durante los años 1994 y 1999, a través de las cuales se adquirieron equipos y repuestos de maquinas numeradoras a la empresa alemana Atlantic Zeiser GmbH &

    Co. KG., representada en el país por M.S.A.I.C., luego Acremo S.A.

    Poder Judicial de la Nación De común acuerdo entre las partes, la maniobra habría consistido en elevar los precios de los bienes a adquirir entre un 40 y un 50 por ciento de su valor real a efectos de que, una vez efectuados los pagos por parte de la Casa de la Moneda,

    A.Z. depositara tal diferencia en cuentas bancarias predeterminadas.

    Durante el desarrollo de la actividad instructoria, y entre otras diligencias, se obtuvieron -no sin dificultad- los expedientes administrativos en los que tramitaron las compras y los movimientos bancarios de la cuenta destinataria de los fondos, disponiéndose luego la legitimación pasiva de quienes aparecían vinculados a los hechos: A.G. –presidente de la Casa de la Moneda-, R.C. –director de la Casa de la Moneda-, J.C.K. –vicepresidente USO OFICIAL

    de la Casa de la Moneda- y J.M. –presidente de Moligraf y Acremo,

    representante local de A.Z.-.

    A resultas de la valoración efectuada por el a quo, se arribó

    entonces al temperamento incriminante que motivó la presente intervención.

    III- Previo a toda otra cuestión, corresponde que el Tribunal se expida en torno a los planteos de nulidad formulados por las defensas de G.,

    Chorbadjián y K..

    a- En primer término, se advierte que lo que en apariencia es el desarrollo de argumentos basados en la arbitrariedad y falta de fundamentación del auto adoptado, en realidad son agravios vinculados estrictamente al modo en que el instructor ha valorado la prueba colectada al sumario, aspecto ajeno a la instancia de nulidad propiciada.

    Sin perjuicio de ello, una atenta lectura del auto de mérito dictado permite advertir que el Sr. Juez de grado ha dado total cumplimiento a las exigencias contenidas en el artículo 308 del Código Procesal Penal de la Nación, detallando debidamente los elementos de prueba reunidos en el sumario y su incidencia sobre cada una de las situaciones procesales resueltas.

    b- En lo que hace a la alegada falta de congruencia entre el hecho intimado en la indagatoria y aquél por el que fue procesado A.G., el análisis comparativo efectuado entre las piezas...

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