Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 16 de Noviembre de 2004, I. 58. XXXVII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 58. XXXVII.

    International Industries Corporation c/ Vizental & Cía. S.A.C.I.A. s/ ordinario.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 16 de noviembre de 2004.

    Vistos los autos: "International Industries Corporation c/ Vizental & Cía. S.A.C.I.A. s/ ordinario".

    Considerando:

    Que el recurso extraordinario es inadmisible (art.

    280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

    Por ello, y oído el señor P. General de la Nación, se declara improcedente el recurso extraordinario, con costas. N. y devuélvase. E.S.P. (según su voto) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia)- CARLOS S. FAYT - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- J.C.M. -E.R.Z. -E.I. HIGHTON de NOLASCO.

    VO

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    International Industries Corporation c/ Vizental & Cía. S.A.C.I.A. s/ ordinario.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON E.S.P. Considerando:

    Que comparto los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General de la Nación Ccon excepción de lo expresado en el párrafo 5°, del apartado III, de dicho dictamenC, a los que remito en razón de brevedad.

    Que, la solución del caso no varía, si por hipótesis se considerara que en el pleito se encuentra controvertida la aplicación e interpretación de las normas relativas a la duración y al comienzo del plazo de prescripción contenidas en la Convención sobre la Prescripción en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías (Parte I.

    "Disposiciones sustantivas", arts. 8 a 11), aprobada por la ley 22.488, pues de acuerdo con el criterio que expuse al votar en el caso "M.V.", lo atinente a la interpretación de las cláusulas de un tratado no constituye cuestión federal cuando los preceptos invocados funcionan como disposiciones de derecho común, lo cual lleva a examinar los objetivos y el contenido del tratado para poder concluir si su exégesis constituye Co noC una cuestión federal (ver Fallos: 318:2639, disidencia de los jueces F. y P., considerando 5° y los fallos allí citados).

    Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor P. General de la Nación, se declara inadmisible el recurso extraordinario. Con costas. N. y, oportunamente, devuélvase. E.S.P..

    DISI

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    International Industries Corporation c/ Vizental & Cía. S.A.C.I.A. s/ ordinario.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Considerando:

    1. ) Que la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó la sentencia de la instancia anterior e hizo lugar a la defensa de prescripción opuesta (fs. 1038/1047). Para así decidir, ponderó que la demandada había otorgado garantía expresa pero sin plazo, por lo que no resultaba aplicable lo establecido en el art. 11 de la convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, aprobada por ley 22.488, sino que debía aplicarse el plazo de cuatro años previsto en el art. 10 de la citada convención. Agregó que tratándose de vicios en las cosas vendidas, la acción debió ejercerse desde que fueron entregadas al comprador o cuando éste rehusara su recibo.

    2. ) Que contra esa decisión, la actora dedujo recurso extraordinario (fs.

      1048/1064) el que fue parcialmente concedido en lo atinente a la interpretación del tratado internacional involucrado y denegado respecto de la arbitrariedad (fs. 1075/1076).

    3. ) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible, pues se encuentra en tela de juicio la exégesis y aplicación de una norma contenida en un tratado internacional y el fallo recurrido ha sido contrario a las pretensiones del apelante (art. 14, inc. 3°, ley 48; Fallos: 311:2646; 315:2706; 323:3798; entre otros).

    4. ) Que ello es así pues entre otros argumentos, el remedio federal se refiere a la interpretación que corresponde asignar a la expresión "parte" contenida en el art. 1.3 a del citado instrumento y a la aplicación de los arts. 8, 10 y 11

      de la referida convención a la presente controversia.

    5. ) Que en los supuestos en que existe cuestión federal, el Tribunal no se encuentra limitado en su decisión por los argumentos de las partes o del a quo sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (conf.

      Fallos:

      308:647; 310:727 y 324:3876 entre muchos otros), lo que permite determinar si la convención resulta aplicable al caso de autos.

    6. ) Que el art. 33 de la convención dispone que "Cada Estado Contratante aplicará las disposiciones de la presente Convención a los contratos que se celebren en la fecha de entrada en vigor de esta Convención y posteriormente".

    7. ) Que asimismo cabe destacar que de conformidad con el art. 44 de la convención, ésta entró en vigor el 1° de agosto de 1988, lo que se corrobora con el informe que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto hizo llegar a este Tribunal (fs. 1097/1099).

    8. ) Que de conformidad con las referidas disposiciones, la convención no se aplica a los contratos celebrados con anterioridad al 1° de agosto de 1988.

    9. ) Que el contrato que dio lugar a esta controversia fue suscripto entre Delta Brands y Vizental y Cía. S.A.

      C.I.A. el 16 de febrero de 1984 (fs. 311 vta.). El alegado incumplimiento ocurrió ese mismo año y la intimación de pago tuvo lugar en el año 1986. Como puede apreciarse, el convenio, su ejecución y el presunto incumplimiento ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la convención, por lo que ella no resultaba aplicable al presente litigio a tenor de sus disposiciones expresas (arts. 33 y 44 de la convención).

      10) Que pese a ello, tanto el juez de primera instancia como el a quo hicieron mención y fundaron sus decisio-

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación nes en las normas de la convención, y las partes, con sus argumentos, consintieron su aplicación.

    11) Que al haber obrado así, el a quo fundó su sentencia en una norma que no resultaba aplicable al caso de conformidad con los arts. 33 y 44 de la convención.

    12) Que mas allá de que las partes hayan consentido la aplicación de las normas de la convención en el proceso, lo cierto es que de acuerdo con la regla iura novit curia, el juzgador tiene no sólo la facultad sino el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes (Fallos: 310:1536).

    13) Que si bien la determinación del derecho aplicable no se extiende a la admisión de defensas o excepciones no expresadas ni autoriza a apartarse de lo que resulte tácitamente de los términos de la litis (Fallos: 310:1753), lo cierto es que en este caso la normativa en cuestión resultaba claramente inaplicable por expresa disposición de la convención (arts. 33 y 44).

    14) Que por lo expuesto en los considerandos anteriores, corresponde revocar la resolución apelada y remitir nuevamente la causa a la instancia anterior para que, por quien corresponda, se dicte una nueva sentencia de conformidad con la normativa que resulte aplicable al caso.

    Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. En atención a los fundamentos de la decisión, costas por su orden. N. y devuélvase.

    AUGUSTO CESAR BELLUSCIO.

    DISI

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    Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

    1. ) Que la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, revocó la sentencia originaria, hizo lugar a la defensa de prescripción y rechazó la demanda. Contra aquel pronunciamiento la actora interpuso el recurso extraordinario; que fue concedido en lo atinente a la inteligencia de la Convención sobre la Prescripción en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías, aprobada por ley 22.488, y ratificada internacionalmente y denegado respecto de la tacha de arbitrariedad.

    2. ) Que el art. 33 de la convención establece que sus disposiciones se aplicarán a los contratos que se celebren en la fecha de su entrada en vigor, esto es, el 1° de agosto de 1988, conforme con lo dispuesto por el art. 44, lo cual se corrobora con los informes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (fs. 1097, 1099).

      Por lo tanto, el tratado no rige, en cuanto tal, el contrato que dio lugar a esta controversia, del 16 de febrero de 1984 (fs. 311 vta). El alegado incumplimiento ocurrió ese mismo año y la intimación de pago tuvo lugar en 1986.

    3. ) Que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad propia de los contratos internacionales, han sometido sus diferencias a las normas de aquella convención, en los límites establecidos por los principios del derecho internacional que hacen al espíritu de la legislación argentina y las normas que revisten carácter internacionalmente imperativo (causas: Perú, Gobierno de la República del c/ S.I.F.

      A.R., S.. Ind. F.. Argentina s/ incumplimiento de contrato, de Fallos: 236:404; Tactician Int. Corp. y otros c/ Dirección General de Fabricaciones Militares s/ cumplimiento

      de contrato, de Fallos: 317:182; La Buenos Aires Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ cap. y/o arm. y/o prop. y/o transp. bq. Gladiator s/ faltante y/o avería de carga transporte marítimo, Fallos: 321:2297). En efecto, los plazos de prescripción que fija el tratado (cuatro y diez años, arts. 8 y 23) son razonablemente armonizables con los del derecho interno (arts. 846, 847 del Código de Comercio y 4023 del Código Civil). En consecuencia, corresponde examinar la admisibilidad del recurso, pues las partes al hacer referencia a la Convención sobre Prescripción, la tornan vigente para ellas tal como la convención rige en el derecho internacional y no en el derecho común argentino. Por ello, las partes se han referido a la convención y no han incorporado sus preceptos como cláusulas contractuales.

    4. ) Que la cámara sostuvo que la actora se hallaba legitimada para demandar al tiempo de perfeccionarse la cesión de créditos, es decir, con posterioridad al acto al cual la recurrente atribuye aptitud para detener el curso de la prescripción. Como se advierte, lo que en rigor se halla en juego es el momento desde el cual la apelante adquirió la calidad de parte, cuestión ésta no regida por el art. 1.3.a de la Convención sobre la Prescripción en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías. Tratándose pues de una cuestión de hecho, razonablemente resuelta, no existe agravio que habilite esta instancia extraordinaria.

    5. ) Que, en cambio, con relación a la restante propuesta es formalmente admisible el recurso extraordinario en cuanto se halla en tela de juicio la exégesis y aplicación de normas contenidas en un tratado internacional y la decisión ha sido contraria a las pretensiones de la recurrente (Fallos:

      311:2646; 315:2706; 323:3798). Tales preceptos son de derecho común en el derecho argentino, mas por hallarse en la fuente

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación de un tratado internacional en el que tal distingo no cabe, su incumplimiento también puede suscitar la eventual responsabilidad de la Nación (Fallos: 318:2639).

    1. ) Que la apelante sostiene que el art. 11 de la convención no distingue entre garantías con plazo preciso y abierto, pues caracteriza las primeras como aquéllas válidas por un cierto período, ya sea por tiempo determinado "o de cualquier otra manera" y dice que esta última expresión se refiere a "supuestos como el aquí traído". Así, afirma que al haber otorgado la demandada una garantía por tiempo indeterminado C. es uno de los medios con que cuentan las partes para modificar el término prescriptivoC la acción puede deducirse dentro del plazo de diez años previsto por el art. 23 del tratado.

    2. ) Que los tratados han de interpretarse conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a sus términos, en el contexto de éstos, teniendo en cuenta su objeto y fin y dándoles un sentido especial sólo si consta que esa fue la intención de las partes (arts. 31.1 y 31.4 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados).

    3. ) Que el art. 11 de la Convención sobre la Prescripción en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías dispone: "Si el vendedor ha dado, respecto de las mercaderías vendidas, una garantía expresa, válida durante cierto período, caracterizado como un período de tiempo determinado o de cualquier otra manera, el plazo de prescripción de una acción fundada en la garantía comenzará a correr a partir de la fecha en que el comprador notifique al vendedor el hecho en que funde su reclamación.

      Tal fecha no podrá ser nunca posterior a la expiración del período de garantía".

    4. ) Que conforme con las reglas de interpretación

      recordadas en el considerando 7° se impone concluir que el artículo de la convención en examen regula exclusivamente las garantías que tienen una duración específica, ya sea previamente establecida o susceptible de precisión temporal. Ello, por cuanto la norma se refiere a ambos supuestos a continuación de los términos "cierto período" y, además, porque prevé que la fecha de comienzo del plazo de prescripción no puede ser posterior a la del cumplimiento del lapso de garantía. En tales condiciones, no puede entenderse que la expresión "o de cualquier otra manera" alude a garantías temporalmente indefinidas.

      10) Que, en consecuencia, es aplicable en la especie el plazo general de cuatro años previsto en el art. 8 y la recurrente no puede pretender derecho alguno con sustento en el art.

      23 según el cual "No obstante lo dispuesto en la presente convención el plazo de prescripción en todo caso expirará a más tardar transcurridos diez años contados a partir de la fecha en que comience a correr con arreglo a los artículos 9, 10, 11 y 12 de la presente convención".

      11) Que, en efecto, los diez artículos que preceden al citado art. 23 rigen lo atinente a la cesación, prórroga y modificación del plazo de prescripción por las partes, por lo que el precepto en cuestión tiene como inequívoca finalidad establecer un plazo máximo de prescripción en función de las ya mencionadas circunstancias que inciden sobre su curso.

      Del examen de los arts. 13 a 22 se desprende que la prescripción deja de correr por iniciación de procedimiento judicial, sometimiento a arbitraje, cuando el acreedor haga valer sus derechos en caso de muerte, incapacidad, quiebra del deudor o disolución de la sociedad y reconvención. Se prorroga por distintos lapsos según que el acreedor realice un acto que reanude el término, haya reconocimiento expreso o tácito de la

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    Corte Suprema de Justicia de la Nación obligación, existan circunstancias inimputables que determinen la imposibilidad de obrar o medie declaración por escrito del deudor.

    En ese contexto, es claro que, si el art. 23 de la convención establece un plazo máximo, ello responde al propósito de evitar que los conflictos se dilaten indefinidamente con menoscabo de la seguridad jurídica y la certidumbre que exigen la compraventa mercantil internacional en razón de sus características. Los términos empleados C"no obstante lo dispuesto" en el tratado y "en todo caso expirará"C no dejan lugar a dudas en tal sentido. En otras palabras, aunque medien actos interruptivos, suspensivos o modificatorios la acción prescribe inexorablemente transcurrido el plazo de diez años.

    12) Que, además, tal como surge de los artículos que enumera, el precepto en examen atiende a diversas particularidades vinculadas con la concreta posibilidad del acreedor de hacer valer sus derechos, entre las que no se encuentra la relativa a las garantías con plazo indeterminado.

    En efecto, el art. 9 establece que salvo las disposiciones de los arts. 10, 11, 12, el plazo de prescripción comenzará en la fecha en que la acción pueda ser ejercida y que su inicio no se diferirá por la necesidad de notificar a la otra parte o por cualquier cláusula de compromiso arbitral que supedite el nacimiento del derecho al dictado del laudo. El art. 10 rige desde cuando puede ejercerse la acción derivada del incumplimiento contractual y contiene normas específicas para los supuestos de vicio, falta de conformidad de las mercaderías y dolo. En el art. 12 se halla previsto lo atinente al derecho de las partes de declarar resuelto el contrato antes de su fecha de vencimiento y a la acción fundada en el incumplimiento de prestaciones o pagos escalonados.

    Se trata pues de situaciones singulares completa-

    mente distintas a la que se discute en el sub judice.

    Por ello, y oído el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario con el alcance indicado y se confirma la sentencia apelada. Con costas. N. y remítase. A.B..

    Recurso extraordinario interpuesto por International Industries Corporation, representada por el doctor D.C.B. Traslado contestado por Vizental y Cía. S.A., representado por el doctor C.G.C., patrocinado por el doctor H.M.G.C.T. de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala E Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instan- cia en lo Comercial N° 8