Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sentencia nº de Sala Penal, 7 de Noviembre de 2011

Fecha de Resolución 7 de Noviembre de 2011
EmisorSala Penal

SENTENCIA NUMERO: TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

En la ciudad de Córdoba, a los siete días del mes de noviembre de dos mil once, siendo las once horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la señora Vocal doctora M.E.C. de B., con asistencia de las señoras Vocales doctoras A.T. y M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel, a los fines de dictar sentencia en los autos "BORDONI, J.L. y otros p.ss.aa. propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa agravada -Recurso de Casación-”(Expte. "B", 4/2011), con motivo de los recursos de casación interpuestos por la Dra. M.N.C., defensora de los imputados R.C.P. y M.B.R. y por el imputado J.L.B., con el patrocinio letrado del Dr. F.V., en contra de los Autos número setenta y tres, setenta y cuatro y setenta y cinco, respectivamente, del dieciocho de noviembre de dos mil diez, dictados por el Juzgado Correccional de Segunda Nominación de esta ciudad de Córdoba.

Abierto el acto por la Sra. Presidente se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes:

  1. ¿Ha sido erróneamente aplicado el artículo 76 bis, párrafo del CP

  2. ¿Ha sido erróneamente aplicado el artículo 76 bis, párrafo del CP

  3. En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar

    Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: doctoras A.T., M.E.C. de B. y M. de las Mercedes Blanc G. de Arabel.

    A LA PRIMERA CUESTION

    La señora Vocal doctora A.T., dijo:

    I.1. Por Auto n° 173, del 18 de noviembre de 2010, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación de esta ciudad de Córdoba, resolvió: “...No hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por el acusado R.C.P. con el patrocinio de la Dra. M.N.C...." (fs. 2638/2646).

    1. Por Auto n° 174, del 18 de noviembre de 2010, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación de esta ciudad de Córdoba, resolvió: “...No hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por la acusada M.B.R. con el patrocinio de la Dra. M.N.C...." (fs. 2647/2656).

    2. Por Auto n° 175, del 18 de noviembre de 2010, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación de esta ciudad de Córdoba, resolvió: “...No hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por el acusado J.B. con el patrocinio letrado del Dr. F.V...." (fs. 2657/2665).

  4. En forma preliminar corresponde señalar que la presentación de las defensas, aunque con desarrollos diferentes, convergen en la pretensión impugnativa y en algunos de los argumentos que exponen en su sustento. Por ello, y por razones de economía procesal, a continuación se abordará un examen conjunto de ellas.

    III.1. Recurso de la defensora del imputado R.C.P.: Contra la decisión aludida la Dra. M.N.C. articuló el presente recurso de casación invocando el motivo sustancial de la referida vía impugnativa (art. 468 inc. 1° del CPP).

    Denuncia que el análisis de razonabilidad que formuló el a quo sobre el ofrecimiento de reparación del daño resulta erróneo puesto que, sólo se remite a los argumentos vertidos por el querellante particular al momento de contestar la vista y rechazar la oferta.

    Recalca que su defendido no sólo ofreció la suma de diez mil pesos ($10.000), sino que además acreditó a través de documental sus ingresos y egresos, para así demostrar cuales son sus reales posibilidades de pago.

    Agrega que la oferta formulada por su cliente refleja una voluntad superadora del conflicto, sin que pueda admitirse que el derecho penal sirva de instrumento para cobrar deudas y es que, precisamente para ello se encuentra regulada la acción civil, vía que fue elegida por la víctima, en donde sus pretensiones ($17.000.000) pueden ser integralmente reparadas.

    Al analizar la petición de la víctima, la cual se manifestó diciendo que “para ellos es necesario que lo actuado se resuelva en un juicio, no interesa si es condenatorio o absolutorio, pero sí que haya juicio”, la recurrente interpreta que la misma resulta exagerada. En efecto, por esa vía se podría llegar al absurdo jurídico de que una institución de orden público, como lo es la probation pueda depender pura y exclusivamente de la voluntad de la parte querellante.

    Entiende que esta demanda de la víctima –juicio- es totalmente contradictoria con el fin último de la probation que es justamente suspender el juicio para evitar la sentencia ya sea de condena o no.

    En síntesis, valora que la pretensión no económica de la víctima contraviene el fin último de la institución bajo análisis, tornándose de imposible cumplimiento y resultando, por lo tanto, razonable lo ofrecido por su defendido.

    F. reserva del caso federal (fs. 2674/2679).

    1. Recurso de la defensora de la imputada M.B.R.: Bajo idéntico motivo sustancial de casación (art. 468 inc. 1° del CPP), la Dra. M.N.C., también defensora de la imputada R., denuncia que el análisis de razonabilidad que formuló el iudex en relación al ofrecimiento de reparación del daño hecho por su defendida resulta erróneo.

      Resalta que su pupila ofreció pagar la suma de trescientos pesos ($300) por mes mientras dure la probation, previo acreditar a través de documental sus ingresos y egresos, para así demostrar cuales son sus reales posibilidades de pago.

      En tanto, reprocha que el Tribunal fundó la no razonabilidad de la oferta en los argumentos vertidos por el querellante particular al momento de contestar la vista y omitió valorar que R. es una persona casada, que su marido se encuentra inscripto como monotributista categoría “C”, que detenta dos inmuebles en uno de los cuales vive y el otro se encuentra inscripto a nombre de sus hijos, que les fueron donados por su suegra, razón por la cual su pupila no obtiene de ellos ningún alquiler.

      Agrega que el ofrecimiento oportunamente efectuado por su clienta no sólo es razonable en atención a sus reales posibilidades de pago, sino que también lo es en relación a la extensión del daño causado y que ello refleja una voluntad superadora del conflicto por parte de ella.

      Aprecia que el derecho penal no puede servir como instrumento para cobrar deudas y es que, precisamente para ello se encuentra regulada la acción civil, vía que fue elegida por la víctima, en donde sus pretensiones ($17.000.000) pueden ser integralmente reparadas.

      Al analizar la pretensión de la víctima, la cual se manifestó diciendo que “para ellos es necesario que lo actuado se resuelva en un juicio, no interesa si es condenatorio o absolutorio, pero sí que haya juicio”, interpreta que la misma resulta exagerada ya que por esa vía se podría llegar al absurdo jurídico de que una institución de orden público, como lo es la probation, pueda depender pura y exclusivamente de la voluntad de la parte querellante.

      Entiende que esta demanda de la víctima –realización del juicio- es totalmente contradictoria con el fin último de la probation que es justamente suspender el juicio para evitar la sentencia ya sea de condena o no.

      En síntesis, valora que la pretensión no económica de la víctima contraviene el fin último de la institución bajo análisis, tornándose de imposible cumplimiento y resultando por lo tanto razonable lo ofrecido por su defendido.

      F. reserva del caso federal (fs. 2680/2685).

    2. Recurso del imputado J.L.B. con el patrocinio letrado...

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