Europa en crisis. Los trabajadores hablan

Octava Reunión Regional Europea de la OIT

Lisboa

9-13 de febrero de 2009

Informe del Grupo de los Trabajadores

Octava Reunión Regional Europea de la OIT

Lisboa

9-13 de febrero de 2009

Informe del Grupo de los Trabajadores

INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

Tema 1 - Contexto económico y situación del empleo

Políticas macroeconómicas y de empleo en un contexto de crisis

En el momento en que se elaboraba el informe, la gravedad de la crisis para la economía europea y el empleo no se había hecho aún visible. Según las últimas estimaciones, el porcentaje del desempleo en la UE podría alcanzar (en 2010) una vez más los dos dígitos, suprimiendo con ello, por lo menos temporalmente, muchos de los progresos, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, que algunos países ha estando alcanzando desde el año 2000 en materia de empleo. Es probable que algunos países de la CEI y de Europa Central y Oriental, incluyendo algunos nuevos países miembros de la UE, cuyo crecimiento económico ha ido mejorando desde 2000 al mismo tiempo que el crecimiento del empleo, vean comprometido su desarrollo. Países como Letonia, Ucrania y Hungría han tenido que recurrir al FMI para solicitar préstamos. Aun cuando éste último sea capaz de restaurar la confianza en los mercados financieros, el precio a pagar será probablemente alto y tendrá efectos negativos en el empleo, los salarios y la inversión.

Sin embargo, los problemas que sufría el mercado laboral, incluso antes de la crisis, fueron originados principalmente por las políticas macroeconómicas - y las fallas políticas -, tal y como lo muestra el informe de la OIT. No existe indicio alguno de que el aumento reciente y esperado del desempleo se deba a los propios defectos del mercado laboral. Las políticas macroeconómicas restrictivas que se han estado aplicando han sido un obstáculo para el empleo, al que se le ha prestado una atención secundaria en comparación con el peso que se ha dado al control de la inflación.

Ante la profundización de la crisis, el objetivo político debe por tanto cambiar de dirección y orientarse hacia políticas macroeconómicas que favorezcan el empleo. Hasta ahora, mucho del trabajo que se ha hecho en materia de empleo se ha centrado en políticas de incentivo de la oferta, en las capacidades, en las empresas y en medidas microeconómicas para fomentar la eficiencia. Al centrarse en los aspectos microeconómicos se da por sentado que existen puestos de trabajo. Aun cuando esto constituya siempre un elemento de cualquier respuesta, es preciso centrarse ahora de manera más substancial en los elementos macroeconómicos a objeto de ayudar a los gobiernos a maximizar los resultados en materia de empleo y de trabajo decente que se obtengan a través de los paquetes de estímulo fiscal.

Propuesta para un programa de recuperación económica a nivel europeo

A corto plazo, esto significa que deberán utilizarse todos los mecanismos para estabilizar la demanda global en Europa, es decir, aplicar una política de tipo de interés cero y, de ser necesario, un incremento de la base monetaria (mediante nuevas emisiones de dinero para la compra de activos del BCE y otros bancos centrales) y adoptar un paquete fiscal coordinado que vaya mucho más allá de lo que ya ha sido aprobado. A medio plazo, esto implica mejorar la gobernanza económica. El paquete consiste, muy específicamente, en cinco elementos: una política monetaria expansiva, una expansión coordinada de la política fiscal, políticas salariales antideflacionarias, esfuerzos continuos a fin de estabilizar el sector financiero y medidas nacionales ad hoc para neutralizar los efectos secundarios negativos.

En primer lugar, el BCE y demás bancos centrales deberían anunciar de manera inmediata su intención de aplicar tipos reales de interés de cero o negativos hasta que la actividad económica vuelva a repuntar.

En segundo lugar, es fundamental que la política fiscal actúe rápidamente y de manera coordinada a fin de inyectar poder adquisitivo directamente en la economía. A este respecto, existen tres cuestiones principales: el volumen del incentivo, cómo garantizar que todos los Estados miembros contribuyan de manera equilibrada y la mezcla apropiada de medidas desde el punto de vista del gasto y el ingreso.

En tercer lugar, Europa debe levantar una barrera para luchar contra la posibilidad de una deflación, y evitar cometer los errores que se hicieron durante la Gran Depresión y que cometió también Japón en los años 90, provocando una lucha encarnizada entre precios y salarios. Esto puede hacerse fijando un piso por debajo del salario nominal. En una crisis como ésta, la rigidez a la baja en el salario nominal representa un sostén fundamental para la economía. Se requerirán, como punto de partida, "políticas declarativas" que sean coherentes. Los gobiernos nacionales, los interlocutores sociales y las autoridades europeas deben hacer énfasis de manera pública en la necesidad de que el salario nominal tenga un crecimiento estable y recalcar su rechazo a políticas salariales orientadas a empobrecer al vecino. Los gobiernos deben ofrecer garantías de que el salario mínimo legal y el salario del sector público se mantendrán en una línea de crecimiento estable y estudiar la posibilidad de que sean igualmente obligatorios aquellos convenios colectivos del sector privado que consideren apropiados. A nivel europeo, la CES y las federaciones sindicales sectoriales deben intensificar su trabajo de vigilancia de la negociación salarial y ejercer presión en los sindicatos afiliados que socavan el umbral del salario nominal.

En cuarto lugar, los gobiernos nacionales deben seguir vigilando la situación con suma cautela y adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir el hundimiento sistemático de las instituciones financieras importantes (ver al respecto el capítulo siguiente). Como ha sucedido últimamente con las medidas de salvamento, esto debe realizarse de tal manera que los costes para el contribuyente se minimicen y que las autoridades asuman una parte de cualquier aumento posterior del valor de la acción. En muchos casos, esto implicará la nacionalización parcial o total de la entidad y la imposición de pérdidas a los accionistas, y probablemente también a los obligacionistas, así también la imposición de restricciones en lo que respecta a ciertas prácticas de funcionamiento.

En quinto lugar, los gobiernos y los interlocutores sociales deben entablar un diálogo social sobre políticas macroeconómicas y medidas que permitan desarticular o atenuar las cadenas de causalidad acumulativa y negativa y aliviar las consecuencias sociales de la crisis. Hasta cierto punto, estas medidas pueden ser financiadas e incluidas en el paquete de política fiscal antes descrito. Como ejemplos de estas medidas estarían los programas para evitar el embargo por impago de las viviendas alentando a los acreedores hipotecarios y a los propietarios a encontrar soluciones para el reembolso de las hipotecas y permitir de esta manera que las personas puedan conservar sus hogares; así mismo, los bancos, especialmente aquellos que reciben ayuda pública, deberían ser inducidos u obligados a seguir otorgando préstamos a las empresas y las familias solventes; medidas (a nivel de fábrica y a nivel sectorial) que impidan los despidos mediante modificaciones de la jornada laboral, programas de formación y otras medidas innovadoras; desarrollo de políticas de mercado laboral activas; aumentos selectivos (y quizás temporales) de la cobertura de la prestación por desempleo y demás sistemas de seguridad social.

Hacia un nuevo paradigma de desarrollo basado en la justicia social

A fin de combatir las razones profundas de la crisis actual, los sindicatos europeos deben buscar una solución a largo plazo que implique el desarrollo de un nuevo paradigma que tenga como eje principal el trabajo decente. Esto exige:

- un enfoque integrado de desarrollo humano sostenible en lugar de la estrategia "talla única" que han aplicado las instituciones financieras internacionales para imponer el neoliberalismo en todas partes;

- asignar al Estado un nuevo papel de regulación e intervención estratégica a fin de garantizar que la economía esté al servicio de las personas y produzca trabajo decente para todos;

- políticas que promuevan la redistribución para fomentar el crecimiento y resolver el problema del estancamiento de los salarios y las desigualdades en lo que respecta al ingreso;

- aceptación del principio de "apropiación" por parte de los países y, por consiguiente, de la necesidad de otorgar espacio político a los países de manera democrática y participativa a fin de que éstos puedan establecer sus objetivos de desarrollo;

- el derecho a una protección social adecuada;

- tripartismo y diálogo social como herramientas de desarrollo sostenible que permitan fortalecerse a nivel nacional e internacional;

- unas políticas comerciales concebidas con la finalidad de tener en cuenta las necesidades y problemas de los ciudadanos en materia de empleo;

- mayor énfasis en las normas internacionales del trabajo y en el papel que corresponde a la OIT como organismo de normalización;

- En lo que se refiere a la OIT, la Declaración sobre la Justicia Social ratifica el mandato otorgado a la Organización mediante la Declaración de Filadelfia y que consiste en examinar todas las políticas económicas y financieras internacionales teniendo en cuenta un objetivo fundamental: la justicia social. En virtud de ello, la OIT debe intervenir en aquellos países a los que el FMI ha otorgado préstamos a objeto de proporcionar a los gobiernos y a los interlocutores sociales las opciones políticas alternativas que se ajusten a los principios de justicia social y trabajo decente;

- El Convenio 122 sobre la Política del Empleo, adoptado en 1964, reviste igualmente particular importancia, ya que la Declaración sobre la Justicia Social lo ha reconocido...