Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 30 de Diciembre de 2010 (caso Cisneros Cristian Nelson C/ Ledezma Rita Fabiana S/ Despido) - Jurisprudencia

Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 30 de Diciembre de 2010 (caso Cisneros Cristian Nelson C/ Ledezma Rita Fabiana S/ Despido)

Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario SENTENCIA N° 95.062 CAUSA N° 37.898/2007 SALA IV

“CISNEROS CRISTIAN NELSON C/ LEDEZMA RITA FABIANA S/

DESPIDO” JUZGADO N°68

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 30 DE

DICIEMBRE DE 2010, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

1º) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 109/111, se alza la parte actora a fs. 112/114 con réplica de su contraria a fs. 118/120.

2º) Se agravia la parte actora en razón de que el Sr. Juez de grado tuvo por no acreditada la vinculación laboral. Especialmente se queja por la valoración que efectuó respecto del testigo Piza propuesto por su parte.

Estimo que le asiste razón al apelante.

Liminarmente corresponde dejar aclarado que, respecto de la declaración del testigo Piza (fs. 69), el magistrado no la descartó por haber inferido que sería amigo íntimo del actor, sino que expresó que debe ser analizada en forma estricta en atención al vínculo que los unía (ver f. 111).

No obstante lo expuesto, no coincido con el Sr. Juez de grado ni con la demandada (ver impugnación de fs. 77) en cuanto a que el testigo Piza “…ubica la prestación a partir del año 2004…” (fs. 111), pues lo que declaró es que “…compartieron la profesión desde 2004 en Mister Miga…”, hasta fines de ese año y luego agregó que “Después del 2004 trabajó en la sandwichería Román…”, para finalmente precisar que “…trabajó en la sandwichería mencionada desde mediados de 2007.” (ver fs. 69).

En cuanto a la diferencia que plantea la accionada respecto del desconocimiento por parte del citado testigo, del número de la calle donde se encuentra ubicado el local de la demandada (declaró que la altura era al 4400

cuando en realidad está exactamente en el Nº 4771), no resulta relevante por si sola para descalificarlo ni para restarle valor probatorio a su testimonio. Además,

sus dichos no son contradictorios con los hechos relatados al inicio.

Por el contrario, las declaraciones de los testigos propuestos por la 1

demandada resultan falaces y contradictorios, entre sí y con los hechos denunciados al contestar la acción.

Me explico. La Sra. Ledezma al contestar la acción (fs. 23) afirmó que:

“… en ocasiones el actor pasaba por el negocio de sandwichera `ROMAN I´,

pero lo hacía una (1) o dos (2) veces al mes para visitar y saludar a otro de los empleados que sí cuenta la sandwichería…”. En el párrafo siguiente agregó:

“…el actor tenía o tiene amistad o relación con un empleado del comercio y a él pasaba a saludar o visitar, pero insisto, sus visitas eran muy espaciadas y duraban escasos treinta (30) minutos o menos”.

Ninguno de los testigos que comparecieron a declarar en autos –

propuestos por dicha parte-, acreditaron lo expuesto en el párrafo anterior. Así,

Rubén Corrado (fs. 73), quien declaró ser el único empleado de la demandada desde el 2006, afirmó no conocer al actor; entonces, no se entiende a qué

empleado pasaba a saludar el Sr. Cisneros. A lo expuesto, cabe agregar que Cozza (fs. 66), quien dijo ser asesor de seguros y que concurría al local, al menos una vez por mes a cobrar el seguro, declaró no conocer al actor y que del listado de empleados asegurados sólo tiene a una persona de nombre Rubén.

Rubén Corrado agregó que atiende el mostrador de la sandwichería, que trabaja media jornada, de lunes a sábados, que se turna con la Sra. Ledezma y que se toma franco el domingo y entra el lunes al medio día. Llama poderosamente la atención que, una persona que trabaja media jornada, tenga un día y medio de franco. También resulta extraño cómo un local, en la zona donde esta ubicado este y dedicado especialmente a la venta de sándwichs, cerrara a las 18 hs.; lo cual resulta además contradictorio con lo afirmado por el testigo Cozza quien declaró que, en algunas oportunidades, concurría al local a las 19 hs.

Finalmente, también es sorprendente cómo puede funcionar el negocio -por más pequeño que sea en sus dimensiones-, con sólo una persona encargada de tomar el pedido, prepararlo y finalmente cobrarlo, manteniendo en todos los casos las normas de higiene y salubridad, (por ejemplo, el contacto con el dinero) y más cuando se invocó que existía un solo empleado y que se tomaba franco especialmente los días domingos.

Analizadas las pruebas aportadas a la causa, estimo entonces que mediante la declaración de Piza se encuentra probada la efectiva prestación tareas por parte del Sr. Cisneros bajo las órdenes de la demandada, y por tanto, se torna 2

Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario operativa la presunción que establece el art. 23 de la LCT.

En consecuencia, considero que resulta justificada la injuria invocada por el trabajador para considerarse despedido (ver TCL nº 70312567 del 31/10/2007,

fs. 37).

3º) A fin de realizar la liquidación de las sumas y conceptos reclamados (fs. 9) tomaré como fecha de inicio de la relación laboral el 7-5-2007 (ver fs. 5),

de egreso el 31-10-2007 (ver fs. 37) y un salario de $ 1.300 (ver fs. 5 vta.), pues la falta de registro de la relación torna operativa la presunción del art. 55 de la LCT.

4º) En lo atinente al reclamo con fundamento en el CCT 24/88, considero que resulta procedente toda vez que no se acreditó en autos, en forma fehaciente, la entrega de ropa de trabajo conforme lo dispone el art. 56: “Las USO OFICIAL

empresas facilitarán por año a los trabajadores de la fábrica y/o elaboración de dos (2) equipos completos de ropa de trabajo, compuestos de gorro, saco y pantalón para ser usados en el establecimiento. Las empresas registrarán fehacientemente la fecha de entrega de cada equipo.”

En efecto la provisión de ropa de trabajo evita el desgaste de la ropa propia y cuando su entrega viene impuesta por el convenio colectivo o el contrato individual, el incumplimiento de la obligación trae aparejado el resarcimiento del perjuicio que la omisión hubiese producido (aun presuntivamente) aunque el valor de dicha indumentaria no forme parte del salario (CNAT, Sala III,

28/12/01, S.D. 83.159, “Sacaba, Luis c/ García, Enrique s/ despido”; íd., Sala III,

9/9/02, S.D. 83.973, “Cadiloro, Roberto y otros c/ ENTEL s/ diferencias de salarios”; íd., Sala III, 31/3/93, S.D. 64.368, “Pérez, Máximo c/ Copinco Investigaciones S.A. s/ despido”; en sentido similar: CNAT, Sala I, 22/6/95, S.D.

66.824, “Manrique, Ramón c/ Pedelaborde, Roberto s/ accidente 9688”; íd. , Sala V, 25/2/92, S.D. 47.255, “Gagliardi, Héctor c/ Club Atlético Atlanta s/ despido”;

íd., Sala II, 19/2/97, “Flores, José c/ O.S.M. s/ diferencias salariales”; íd., Sala VII, 28/8/97, “Rivera Méndez, Claudio c/ Vía Pack SRL s/ despido”; íd. Sala IV, 30-10-09, SD 94.379.

En el caso de autos la demandada se limitó a desconocer la relación laboral y rechazar los reclamos del actor por infundados (ver fs. 23 y vta.), por lo que no alegó ni probó que le hubiera suministrado la correspondiente vestimenta, lo que representa un incumplimiento del art. 56 del citado CCT

24/88. En razón de lo expuesto, corresponde condenar a la demandada a abonar el resarcimiento que estimo prudencialmente (en función del período trabajado)

en la suma de $ 100.

5º) Suerte contraria correrá el reclamo por horas extras, pues no observo probado que la jornada desempeñada por el trabajador excediera el tope legal.

Nótese que el testigo Piza afirmó que el actor salía de su trabajo a las 21 hs.,

pero no pudo afirmar cuál era el horario de inicio pues indicó que lo sabía por comentarios del propio actor (fs. 70). Asimismo, es sabido que el cumplimiento de horas extraordinarias no forma parte del conjunto de hechos susceptibles de probarse a través de la presunción del art. 55 L.C.T. (CNAT, Sala IV, 3-4-1997,

“Ortíz, Juana c/ Hogares Stella Maris S.R.L. s/ Despido”; Sala I, 9/3/04,

“Blanco Carlos y otros c/ Supermercados Norte S.A.” y Sala VI, 15/5/00,

“Cáceres Castellano, Jesús c/ Alvarez, Sebastián Aníbal”).

6º) En lo que respecta a la indemnización por antigüedad no corresponde calcular sobre ella la incidencia del aguinaldo, conforme lo efectúa la parte actora en la liquidación practicada al demandar (fs. 9, rubro 8). Ello es así pues,

aunque el sueldo anual complementario es “normal” y “habitual”, no es “mensual” ya que no se paga todos los meses aunque se gana en cada momento,

por lo que tal circunstancia incide para que la indemnización por antigüedad se calcule, únicamente, sobre el salario que mensualmente se le abona al trabajador con exclusión de conceptos no mensuales.

Dicha cuestión ha quedado resuelta recientemente en el fallo plenario Nº

322 (Acta Nº 2547) del 19-11-09 en los autos "Tulosai, Alberto Pascual c/

Banco Central de la República Argentina s/ Ley 25.561", en el cual se concluyó

por mayoría que: “No corresponde incluir en la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la L.C.T., la parte proporcional del sueldo anual complementario”.

En razón de la aplicación obligatoria que dispone el art. 303 del C.P.C.C.N. queda sellada la suerte del reclamo.

7º) No cabe hacer lugar al rubro integración del mes de despido toda vez que la fecha de extinción del contrato de trabajo resulta coincidente con el último día del mes de octubre, el 31-10-2007.

En cambio, considero que debe prosperar el rubro “ART. 80 LCT”

incluido en la liquidación de fs. 9, toda vez que el actor cumplió con el requisito 4

Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario de la intimación fehaciente que le exige el art. 3º del decreto 146/2001 (ver TCL

70582137 del 3/12/2007 -fs. 36-), a fin de requerir la entrega de los certificados de trabajo, y la demandada guardó silencio frente a este requerimiento.

Idéntica suerte correrá el reclamo con sustento en el art. 2º de la ley 25.323, pues el accionante efectuó la intimación en forma fehaciente conforme lo dispone la citada normativa (ver TCL 70312567 del 31/10/2007 -fs. 37-).

También corresponde hacer lugar a los rubros arts. 8 y 15 de la Ley Nacional de Empleo, por el período trabajado, toda vez que quedó acreditado en autos la existencia de un contrato de trabajo entre las partes y que éste no se hallaba registrado. Además, el accionante cumplió con los requisitos formales que la ley 24.013 y su decreto reglamentario establecen para la procedencia de los conceptos reclamados. En la respectiva comunicación consignó la fecha de USO OFICIAL

ingreso y el salario que estimaba debían constar en los registros (ver fs. 21, 38 y 39).

En cuanto a la indemnización del art. 132 bis LCT, la acción debe ser rechazada, pues considero que no procede en caso de clandestinidad total de la relación de trabajo.

La norma citada está prevista para sancionar el caso en que se demuestre la configuración de la conducta tipificada como ilícita de la retención de aportes,

pero no en el supuesto de que el vínculo se mantenga “en negro” donde el empleador mantiene al trabajador fuera del sistema, vale decir, no hay registro ni por lo tanto posibilidad fáctica de retener aportes y contribuciones que, reitero,

es a lo que tiende a sancionar la norma legal en que se funda la pretensión. El art.

132 bis de la ley 20.744, en la modificación introducida por el art. 43 de la ley 25345, condiciona la procedencia de la sanción a que el empleador hubiese efectuado las retenciones al trabajador y no las hubiera depositado en los entes del sistema (en igual sentido: C.NA.T., Sala II, 30/11/2001, “Crego Bonhomme,

Fátima c/ Costanza, Carmen M.”; íd., Sala X, 30/4/2002, “Novik, Esther c/

Heredia, Justina

I. y otro”; íd., Sala VI, 19/3/03, “Ojeda, Ramona E. c/ Melero,

Eduardo J.”; íd., Sala IV, 30/4/07, "Parodi, Roberto Daniel c/ Cooperativa de Trabajo Expreso Ltda. y otro s/ Despido”; íd. Sala II, 9/5/04, “Luppini Oscar c/Chambers S.A. s/despido”), extremos que no se verifican en el caso de autos.

Al margen de ello, tampoco se advierte cumplido el recaudo exigido por el art.

1° del dec. 146/01, pues no surge de los telegramas agregados a la causa que el 5

actor hubiera intimado a su empleadora para que dentro del término de 30 días corridos ingresara los aportes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, como lo establece el precepto citado. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado, en términos que comparto, que la norma reglamentaria exige que se formule una expresa intimación a que se ingresen los fondos pretendidamente retenidos, y la ausencia de ese recaudo obsta a la procedencia del reclamo (CNAT, Sala X, 27/6/02, “Milessi, Juan A. c/ TEB SRL

y otros s/ despido”; íd., Sala X, 28/10/02, “Campos, Sergio O. C/ Hadjinian, José

L. y otro”; esta Sala, 29/11/05, S.D. 90.973, “Ferrando, Walter Daniel c/ Steiner Godard SA y otros s/ despido” y íd. Sala, 27/2/2009, S.D. 93.988 “Molina Andrés Sebastián c/ Productores Argentinos S.A. s/ despido”).

8º) La demanda debería entonces progresar por los siguientes rubros e importes:

1- salario septiembre de 2007: $ 1300;

2- salario octubre: $ 1.300;

3- SAC 2007, 1ª cuota –prop.-: $ 195;

4- SAC 2007, 2ª cuota –prop.-: $ 433,33;

5- vacaciones 2007 –prop. al tiempo trabajado-: $ 394,33 –incluido sac. prop.-;

6- ropa de trabajo: $ 100;

7- indemnización por antigüedad: $ 1.300;

8- indemnización por preaviso –incluido sac. prop.-: $ 1.408;

9- art. 8 ley 24.013: $ 2.112,50;

10- art. 15 ley 24.013: $ 2.708;

11- art. 2 ley 25.323: $ 1.354 y 12- art. 80 LCT: $ 3.900.

TOTAL de condena: $ 16.505,16.

Sobre dichas sumas, los intereses correrán desde que cada una es debida hasta su efectivo pago a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (art. 622, Código Civil).

9º) La parte actora solicita la aplicación de la sanción prevista en el art. 9

de la ley 25.013.

Esta Sala ha resuelto, en casos similares al sub examine, que es improcedente el reclamo de la multa prevista por el art. 9 de la ley 25013, “toda vez que el presupuesto que condiciona su viabilidad es el mismo sancionado, a 6

Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario su vez, por el art. 2 de la ley 25323 – esto es la falta de pago en término de la indemnización por despido incausado- ya calculado en el monto de condena”

(SD 92.479 del 27/08/07, “Benitez, Cesar Augusto c/ Formatos Eficientes S.A. s/

despido”; SD 89.426 del 28/11/03, “Méndez Etel Rosa c/ Empresa Distribuidora Sur S.A. s/ despido”; SD 91.012 del 30/11/05, “Joaquín, Marcelo Roberto c/

Cortes Camia, Alejandro Oscar y otro s/ despido”; SD 91.115 del 9/02/06,

“Mora, Polonio Luisa c/ Megafood Catering S.A. s/despido”; SD 91.662 del 12/09/06, “Carou, María Fernanda c/Flamarión S.A. s/despido” y sent. Nº 93058

de esta sala “Frías Carolina del Valle c/ Formatos Eficientes S.A. s/ Despido” del 29/02/08).

En consecuencia, corresponde, en mi opinión, desestimar el reclamo formulado en este aspecto de la cuestión en debate.

USO OFICIAL

10º) Asimismo corresponde condenar a la demandada a la entrega de los certificados reclamados a fs. 9 (certificado de trabajo y certificación de servicios y remuneraciones), bajo apercibimiento de aplicar astreintes (art. 666 Cód.

Civil).

11º) La cuestión planteada por la actora a fs. 9/vta. en torno a la ley 24.432

resulta prematura.

En efecto, es criterio reiterado de esta Sala (y de otras que integran esta Cámara) que el tope de responsabilidad que establece el art. 1 de la ley 24.432,

que modifica el art. 505 del C. Civil, no impide regular honorarios en medida superior, pues no se debe confundir el derecho de los profesionales al reconocimiento de una justa compensación por los trabajos cumplidos en el proceso con la eventual limitación de la responsabilidad de alguna de las partes en orden a su efectiva satisfacción, ello sin perjuicio de que en la etapa procesal oportuna peticionen los interesados los que estimen pertinente (esta Sala, 16/5/96, “Leticia, Carmelo c/ EFA s/ indemnización art. 212” y 18/5/2007, S.D. 92262 “Carpio Jerónimo Emiliano c/ S.S.P. Servicios de Seguridad Privada S.A. y otros s/despido”; CNAT, Sala VI, 30/3/01, “Cáceres,

Jorge c/ Comesi S.A. s/ accidente”)

Este criterio se ajusta, a su vez, a la interpretación efectuada por esta Cámara en la Resolución n° 2187 del 28/5/97, punto 3°, donde se consideró que "El límite y el prorrateo establecidos en el art. 8 de la ley 24432 no son aplicables al acto regulatorio de honorarios, sino al oportuno reclamo de las 7

costas a quienes resultaren responsables de ellas, quien o quienes podrán solicitar la aplicación de aquélla limitación o prorrateo". Sobre esa base esta Sala ha dicho que este tema (el prorrateo) debe plantearse en la etapa correspondiente al art. 132 L.O., ante la primera instancia y decidirse por ésta (sent. del 13/2/97, “Porqueres, Enrique c/ Esso SAPA s/ accidente ley 9688”).

12º) De acuerdo al resultado que propicio corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y regulación practicada en primera instancia, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCCN.).

En orden a ello, y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art. 68 del CPCCN, estimo que las costas de ambas instancias deben quedar a cargo de la parte demandada, por haber sido vencida en la controversia.

Por otra parte, de acuerdo al resultado del pleito, los trabajos realizados, y las pautas que emergen de las normas arancelarias vigentes, corresponde fijar los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 15 % y los de la parte demandada en el 13 % a calcularse sobre el monto de condena con más sus intereses (conf. art. 38 L.O., Ley 21.839, Ley 24.432 y concordantes). Asimismo,

corresponde fijar los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, en el 25% de lo que perciban en la anterior instancia.

Por ello, voto por:

I) Revocar la sentencia apelada y condenar a LEDEZMA RITA FABIANA a pagar dentro del plazo de cinco días a CISNEROS CRISTIAN NELSON la suma total de PESOS DIECISEIS MIL

QUINIENTOS CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 16.505,16) con más los intereses dispuestos en el considerando respectivo.

II) Condenar a la demandada dentro de igual plazo a entregar al actor los certificados peticionados bajo apercibimiento de aplicar astreintes.

III) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios efectuados en el decisorio de grado. IV)

Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada.

V) Regular los honorarios en los siguientes porcentajes a calcular sobre el monto de condena con más sus intereses: para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15 % y para la representación y patrocinio letrado de la demandada en el 13 % a calcularse sobre el monto de condena con más sus intereses (conf.

art. 38 L.O., Ley 21.839, Ley 24.432, y concordantes); y fijar en el 25% de los 8

Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario anteriores, los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia.

El doctor Oscar Zas dijo:

I) Coincido con la valoración de los testimonios aportados por la demandada efectuada por el Dr. Guisado en el considerando 2º) de su voto.

En cuanto a la declaración de Piza (fs. 69/70), es cierto que no ubica la prestación laboral del actor para la demandada a partir de 2004, sino que aclara que Cisneros trabajó en la sandwichería explotada por esta última desde mediados de 2007, fecha que coincide con la alegada en el escrito de inicio.

También aporta elementos objetivos que permiten corroborar su presencia en el local de la demandada aproximadamente a las 20,30 hs. los días viernes en el período durante el cual -según el escrito de inicio- el actor habría prestado servicios para Ledezma.

USO OFICIAL

Si bien la aseveración del testigo no es precisa respecto a la exacta dirección del establecimiento de marras (se refiere "al 4400 del Estado de Israel",

mientras que el local está ubicado al 4.771 de esa calle), tal discordancia es irrelevante, toda vez que aporta elementos objetivos que describen el local, no impugnados oportunamente por la demandada.

En cambio, es dable advertir una discrepancia respecto al horario de ingreso del actor, que el testigo, aunque basado en comentarios de Cisneros, sitúa a las 9 hs., mientras que en la demanda tal circunstancia habría tenido lugar a las 11 hs. (conf. arts. 386, C.P.C.C.N.; 90 y 155, L.O.).

El cuadro descripto precedentemente me lleva a concluir que en el presente caso se configura una situación de duda en la apreciación de la prueba testimonial que debe ser resuelta en el sentido más favorable al actor (conf. art.

9º, párr. 2º, L.C.T.).

Por las razones expuestas, adhiero a la solución propuesta por mi distinguido colega preopinante en este tópico.

II) También considero infundado el reclamo de horas extras, toda vez que la sóla declaración de Piza (fs. 69/70) no basta para acreditar el presupuesto fáctico de esa pretensión, cuya acreditación le incumbía al actor (conf. arts. 377,

C.P.C.C.N. y 155, L.O.).

III) Disiento, en cambio, de la solución propuesta por el Dr. Guisado en el considerando 9º) de su voto, por las razones que expondré seguidamente.

El art 9º de la ley 25.013 dispone:

"En caso de falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador, de la indemnización por despido incausado o de un acuerdo rescisorio homologado, se presumirá la existencia de la conducta temeraria y maliciosa contemplada en el artículo 275 de la Ley 20.744 (t.o. 1976)".

La norma precitada presume la existencia de la conducta temeraria y maliciosa prevista en el art. 275 de la L.C.T. (t.o.) en caso de "falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador, de la indemnización por despido incausado".

Por otra parte, el art. 275 de la L.C.T. (t.o.) dispone en lo pertinente:

"…Se considerarán especialmente comprendidos en esta disposición los casos en que…teniendo conciencia de la propia sinrazón, se cuestionase la existencia de la relación laboral…"

Teniendo en cuenta la actitud asumida por la demandada en este proceso,

en especial los términos del responde, y las probanzas arrimadas a la causa valoradas según lo expuesto en el considerando I) de este voto, estamos en presencia de una conducta procesal de aquélla que cuestionó la existencia de la relación laboral con el actor teniendo conciencia de la propia sinrazón.

La falta de pago en término de la indemnización por despido incausado derivada de la aludida negativa maliciosa de la relación laboral encuadra en la situación descripta por el art. 9º de la ley 25.013, y me lleva a propiciar la condena al pago en concepto de sanción por conducta temeraria y maliciosa de una vez la tasa de interés propuesta por el Dr. Guisado en el último párrafo del considerando 8º) de su voto, calculada sobre la indemnización por antigüedad ($

1.300), desde la fecha de su exigibilidad y hasta el efectivo pago.

IV) Por análogos fundamentos, adhiero a la solución propuesta por mi distinguido colega preopinante a las demás cuestiones que suscitan la intervención de esta alzada, inclusive a lo sugerido en materia de costas y honorarios, con la salvedad de que los porcentajes de honorarios propuestos en el último párrafo del considerando 12º) de su voto serán calculados sobre el capital de condena con más los intereses, con exclusión en este último caso de los fijados en concepto de sanción por conducta procesal temeraria y maliciosa.

La doctora Estela M. Ferreirós dijo:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto del Dr. Zas.

Por ello, por mayoría, el Tribunal

RESUELVE:

I) Revocar la sentencia 10

Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario apelada y condenar a LEDEZMA RITA FABIANA a pagar dentro del plazo de cinco días a CISNEROS CRISTIAN NELSON la suma total de PESOS

DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS ($

16.505,16) con más los intereses dispuestos en el considerando respectivo. II)

Hacer lugar a la multa prevista en el art. 9° de la Ley 25.013, en la forma que se establece en el voto del Dr. Zas (pto. III).

III) Condenar a la demandada dentro de igual plazo a entregar al actor los certificados peticionados bajo apercibimiento de aplicar astreintes.

IV) Dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios efectuados en el decisorio de grado.

V) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada.

VI) Regular los honorarios en los siguientes porcentajes a calcular sobre el monto de condena con más sus intereses: para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 15

% y para la representación y patrocinio letrado de la demandada en el 13 % a USO OFICIAL

calcularse sobre el monto de condena con más sus intereses con exclusión de los fijados en concepto de sanción por conducta procesal temeraria y maliciosa (conf. art. 38 L.O., Ley 21.839, Ley 24.432, y concordantes); y fijar en el 25%

de los anteriores, los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

OSCAR ZAS HÉCTOR C. GUISADO

Juez de Cámara Juez de Cámara ESTELA M. FERREIRÓS

Juez de Cámara ANTE MI:

v.b. SILVIA SUSANA SANTOS

Secretaria 11