ADN. Derecho a la verdad vs.derecho a la intimidad

• Autor: Sonia Escudero

Decimos que era necesaria, pues se trata de incorporar el procedimiento y las facultades de los jueces a ordenar este tipo de análisis como prueba en investigaciones de índole criminal. El tema cobra especial relevancia en nuestro país donde, luego de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, se abrieron cientos de causas por apropiación ilegítima de niños y supresión de identidad cometidas durante la última dictadura militar. En la tramitación de dichas causas se han dado casos en los que las víctimas -personas adultas ya, y en uso de sus plenas facultades- se rehusaron a someterse a tales pruebas.

Si bien desde el Interbloque Federal en el Senado Nacional acompañamos la iniciativa en general, admitiendo la posibilidad de que el juez pueda ordenar la toma compulsiva de muestras sobre el cuerpo cuando se trate de un imputado o de un tercero -si dicha prueba resulta necesaria para la búsqueda de la verdad-, no estamos de acuerdo con dicha práctica coercitiva cuando quien se oponga sea la víctima, pues estaríamos provocando una suerte de “doble victimización”.

Como bien lo ha identificado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en estos casos se produce una tensión entre dos derechos protegidos por la Constitución y por los tratados de derechos humanos que Argentina ha ratificado. Por un lado, el derecho de la víctima a proteger su intimidad, su integridad física, psíquica y moral, su dignidad y su vida privada. Por otro, el derecho de la sociedad, y especialmente de los familiares de las víctimas, a conocer la verdad de lo acontecido con sus seres más cercanos.

En ese sentido, la Comisión Americana de Derechos Humanos sostiene que el derecho a la verdad constituye un derecho de carácter colectivo, que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos, y un derecho particular para los familiares de las víctimas, que permite una forma de reparación, en particular, en los casos de aplicación de leyes de amnistía.

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