YPF y la seguridad jurídica

Tanto la presidenta de la Nación como distintos funcionarios y legisladores oficialistas han justificado la decisión de que el Estado nacional se apropie del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol en la necesidad de garantizar la soberanía hidrocarburífera. Nadie puede cuestionar el derecho de la Argentina a adoptar una decisión soberana. Pero nada habilita a hacerlo de manera intempestiva, discriminatoria e ilegal.La fuerza de los números, determinada por la amplia mayoría de votos favorables a la sanción en general de la iniciativa en el Congreso, no deja de ser relativa cuando la norma aprobada contradice el propio artículo 17 de la Constitución Nacional.En sintonía con la presidenta Cristina Kirchner, distintas voces oficialistas han expresado que se ha tomado una decisión de acuerdo con la Constitución, con la ley y con el modelo productivo que lleva adelante el Gobierno desde 2003.Pero no ha sido así. El citado artículo de nuestra Ley Fundamental establece que "la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada". El viernes la titular del Poder Ejecutivo anunció la promulgación de la ley y que a partir de hoy entraría en vigor, sin que nadie sepa cuánto desembolsará el Estado argentino para quedarse con las acciones de Repsol y con el grave riesgo de que esa tarea quede incluso para futuros gobiernos, lo que violenta el texto de la Constitución que exige una indemnización previa para que se concrete la expropiación.La decisión anunciada tampoco está de acuerdo con el modelo productivo kirchnerista. Néstor y Cristina Kirchner no sólo apoyaron la privatización original de YPF, sino que promovieron activamente la incorporación de la familia Eskenazi a su grupo de accionistas en 2008.La forma en que se ha adoptado la expropiación ?convertida en rigor en una confiscación, como ya se ha señalado en esta columna editorial? es absolutamente perjudicial para la imagen del país. La falta de respeto de las reglas ha aumentado en las últimas semanas el costo de invertir en la Argentina. Ningún lugar puede ser considerado confiable para invertir, cuando su gobierno no respeta sus propias leyes ni las formas usuales propias del mundo civilizado. Y las consecuencias serán negativas no sólo desde el punto de vista económico y financiero, sino también del diplomático. Le hemos servido a Gran Bretaña una oportunidad increíble para convencer al resto del mundo sobre por qué no se debería tomar en serio...