Volver al pasado

La reciente huelga docente, sumada a la marcha convocada por la CGT y apoyada por organizaciones sociales, parte de la oposición, todo el kirchnerismo, la izquierda dura, los piqueteros, algunos gobernadores y hasta empresarios pyme agrupados en CAME, demuestra el grado de incomprensión que existe respecto de las causas reales de los problemas que hoy aquejan al país.

Al unísono, todos los manifestantes reclaman cambios en la política socioeconómica del Gobierno, que implican volver al pasado. En la mira están las medidas que fueron indispensables para evitar la destrucción de la Argentina productiva, como la eliminación de las retenciones al campo (salvo a la soja), el aumento de tarifas, la supresión de controles de precios y la limitada apertura a las importaciones en rubros como la computación.

Como dichas medidas son interpretadas como favorables a los empresarios, ahora se exige al Gobierno que actúe por los trabajadores, eliminando los techos salariales, frenando los despidos, reactivando el mercado interno y prohibiendo importaciones de bienes de consumo.

Sin embargo, las causas últimas de los problemas que motivan los reclamos son estructurales y socavan el crecimiento argentino desde hace décadas. Detrás de cada obstáculo al desarrollo hay una distribución de ingresos patológica, lograda a través de influencias políticas y consolidada con años de hechos consumados, creadores de empleos y de liderazgos gremiales. Es tal el poder político de los intereses creados y son tan profundas las creencias populares, que los perjudicados terminan apoyando a los privilegiados. Se trata de la "falsa conciencia" tan cara a los marxistas. Y así, se evitan las reformas de fondo, repitiéndose los mismos errores del pasado.

El flagelo de la inflación -madre de todas las tensiones- tiene origen en el déficit fiscal. Y el déficit fiscal tiene por causa el enorme gasto corriente del Estado nacional, las provincias y los municipios. Más de 4 millones de empleados públicos, 7,5 millones de jubilados y pensionados y 8 millones de beneficiarios de planes sociales, son casi 20 millones de personas que deben ser sostenidas por los 8,5 millones que trabajan en el sector privado.

Esa es la causa de la "presión fiscal" que sufren las empresas y comercios que despiden o suspenden personal para evitar cerrar sus puertas.

Es el conocido efecto "expulsión", donde la apropiación masiva de recursos por parte del Estado asfixia e impide la supervivencia del sector...