Violencia de género: el sector privado empieza a dar licencias a las víctimas

En su legajo figura una "licencia psiquiátrica". Dos veces pidió "vacaciones adelantadas". También constan varias faltas repentinas sin justificación aparente. Mariana H. trabaja en una empresa constructora desde hace cinco años, pero nadie sabe en la oficina que cada vez son más las noches en las que ella y sus dos hijos deben irse de su casa para dormir en otro lado. Eso ocurre cuando su pareja, y padre de uno de los chicos, la insulta y maltrata. Pide reserva de su identidad. Aún no se animó a hacer la denuncia. Tiene miedo. Y en la compañía tampoco saben de su calvario.

Mariana H. es víctima de violencia de género. Como cientos de miles de personas, fue a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, el 8 pasado. Ese día también reclamó por una herramienta legal que contemple las necesidades de las víctimas en el ámbito laboral. Pocas horas antes de la movilización, el presidente Mauricio Macri anunció que había enviado un proyecto de ley de equidad de género que, entre otros puntos, incluía el otorgamiento de diez días de licencia por violencia de género. En el sector privado, aunque aún persisten algunas resistencias, hay varias empresas que se adelantaron a la iniciativa oficial y se animaron a dar el paso.

En 2014, en el sector estatal, cuando se le concedió ese beneficio por primera vez en el país a una docente de Chubut, el reclamo logró cierto consenso en determinados gremios, en especial en aquellos sectores donde las mujeres son mayoría. Si Mariana H. fuera docente porteña, o diera clases en alguna de las escuelas bonaerenses, ya podría hacer uso del beneficio, vigente en los respectivos estatutos desde hace más de un año. Como empleada municipal también; actualmente son varios los distritos en distintas regiones del país que incluyeron protocolos o impulsan ordenanzas para incorporar la misma figura.

"Es sumamente importante. Por un lado, visibiliza la situación en el trabajo. A la mujer le da vergüenza contar lo que le está pasando -dice Ada Rico, presidenta de la ONG La Casa del Encuentro-. Para realizar la denuncia se necesita tiempo, luego hay que ratificarla y afrontar los trámites judiciales. Esa mujer está en un estado de vulnerabilidad extrema, muchas veces hay hijos de por medio y es terriblemente injusto que en su legajo se le abra una carpeta psiquiátrica. Con eso solo estigmatizan a las víctimas". Y agrega: "Hay que pensar en las instancias donde un juez se encuentra con un montón de papeles y tiene que tomar una...