Otra vez el campo paga la fiesta

Una vez más el costo de la prolongada fiesta de desbordes del gasto público, tanto en el orden nacional como en el bonaerense, será pagada por uno de los sectores más eficientes de la economía y, al mismo tiempo, el más castigado: el campo.El comienzo del año agrícola, que tiene por protagonista principal la siembra de trigo, se desarrollará en un contexto extremadamente desfavorable, profundizado por el impuestazo inmobiliario rural que acaba de ser sancionado en la provincia de Buenos Aires.No puede obviarse en esa apreciación la impactante sequía de diciembre hasta principios de febrero, con pérdidas de 20 millones de toneladas de soja y maíz, daños incrementados con las actuales inundaciones en una región con centro en el norte bonaerense y su extensión a las provincias vecinas. Se estima que las siembras de trigo, afectadas por las restricciones exportadoras que continúan vigentes, se reducirán en un 20%, sumándose a las de años anteriores. La cebada y en menor medida la colza podrán cubrir en parte esa falencia, sin perjuicio de la inconveniencia de reducir la participación del trigo, un cultivo de gran trascendencia para el consumo interno y el comercio exterior.Las retenciones no han cedido un ápice. Siguen su curso como si nada ocurriera. La dirigencia rural ha recordado que vende la soja a un tipo de cambio de 3 pesos por dólar, pero debe adquirir los insumos que necesita a 4,50; algo similar ocurre con el trigo y el maíz, que se venden a una cotización de 3,46 y 3,60 pesos por dólar. Todo ello, siempre que los costos de algunos insumos no estén deslizando sus cotizaciones hacia el mercado paralelo, cercano a los 6 pesos por dólar.Por sobre tal escenario se proyecta el zarpazo fiscal confiscatorio de la provincia de Buenos Aires, que pronostica menores utilidades para gran parte de los productores y seguros quebrantos para otros.El tema tiene derivaciones ideológicas y políticas, vinculadas con la difícil relación entre el gobierno nacional y el campo, y con la situación de ahogo financiero al que el Estado nacional puede someter a aquellas provincias fuertemente endeudadas cuyos gobernadores no estén dispuestos a someterse a los designios políticos de la Casa Rosada...

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