La verdad, un instrumento esencial

La realidad nos muestra, con rutinaria repetición, numerosos procesos judiciales en los que jueces , fiscales y diferentes sujetos se reprochan hechos de toda índole. Desde graves delitos hasta chismeríos de poca monta, cuando no hechos falsos disfrazados de "apreciaciones personales" a través de adjetivaciones y valoraciones de todo tipo. En medio de esas encrucijadas: la verdad y la justicia. Verdad que está entre los valores centrales que forman parte de la estructura edilicia de la justicia. Tanto es así que, en el Vestíbulo Norte del Palacio de Tribunales, como indisoluble recordatorio a propios y ajenos de la importancia central que aquella tiene, puede leerse esa simbólica palabra, en un plano de igualdad, junto a Justicia, Derecho y Ley.

Esta importancia ha sido destacada inveteradamente por la Corte Suprema cuando ha afirmado -desde el caso "Yemal" de 1998, pasando por "Marcilese" de 2002, hasta el caso "Tommasi" de 2020- que la finalidad del proceso o enjuiciamiento penal es descubrir la "verdad real", cosa que también ha señalado en los procesos civiles (caso "Corones" de 1990, por sólo citar uno). Incluso ha dicho que ni siquiera el derecho de prensa -uno de los más altamente reconocidos por la CSJN- protege la falsedad, la mentira o la inexactitud "cuando es fruto de la total y absoluta despreocupación por verificar la realidad de la información" (caso "Vago", 1991).

Es ese, y no otro, el motivo por el que el art. 269 del Código Penal reprime con especial desprecio el prevaricato o "la mentira judicial", que ocurre cuando un juez -juez subrogante, conjuez o juez ad hoc- de cualquier instancia -unipersonal o colegiada- cita, a sabiendas de su falsedad, en forma consciente y con malicia y mala fe, normas o hechos falsos para fundar una resolución; es decir, invoca derechos o acontecimientos que no existieron, o que tienen una significación distinta a la que se les atribuye (Arce Aggeo y ots., 2013), como argumentos decisivos para emitir un pronunciamiento en el que se subordinan los preceptos de la ley al odio, la venganza o la codicia del magistrado (Maginot, 1979). El delito se agrava en causas criminales, huelga explicar por qué.

También por eso el delito de prevaricato cometido por los fiscales y "auxiliares de la justicia" (arts. 272, Cód. Penal) recibe un especial reproche sancionatorio, pues es inviable el normal desarrollo de ningún proceso si ellos aducen razones inválidas y aparentes; especialmente si los primeros...