Usurpación de propiedades en Santiago del Estero y Santa Fe

Cualquier noción de progreso o de desarrollo que contribuya a reducir la pobreza está necesaria e indefectiblemente vinculada a la calidad de las instituciones de una nación. Resulta imposible disociar esa calidad institucional de un sistema de Justicia independiente y eficiente que proteja los derechos que nuestra Constitución consagra, entre ellos los de propiedad, que deberían estar siempre debidamente garantizados.Desde esta perspectiva, la pobreza de algunas provincias argentinas dista de ser casual o atribuible a un capricho de la naturaleza. En el caso de Santiago del Estero, un territorio en el que miles de compatriotas sufren enormes carencias, la ausencia de un Poder Judicial independiente es burdamente notoria. Los continuos atropellos al derecho son moneda corriente, al punto de haber llegado a declarar disparatadamente inconstitucional la propia Constitución provincial cuando el gobernador Gerardo Zamora buscó una segunda reelección consecutiva que aquella vedaba.Por eso, no es de extrañar la protección a jefes policiales que violan los derechos humanos, como el caso del comisario mayor Fabio Juárez, de Añatuya, que, denunciado por las vejaciones a que sometió a un preso por oficiales a su mando, terminó con la suspensión del fiscal Álvaro Ruiz, quien actuó con diligencia frente a estos graves atropellos ordenando la detención de ese jefe policial. Ruiz está ahora afrontando un proceso de destitución por haber actuado defendiendo los derechos individuales.Otra de las situaciones que por sí solas hablan de este enviciado sistema de Justicia provincial se relaciona con las irregularidades que rodean la compraventa de campos a la que se han volcado numerosos inversores que, motivados por los cambios tecnológicos, apuestan a la expansión de las fronteras agropecuarias.Un ejemplo de esto lo constituye la organización santiagueña conocida como Mocase. Con el pretexto de defender los derechos de antiguos ocupantes de tierras, esta organización se dedica a presionar a los campesinos que solo pretenden acceder a unas decenas de hectáreas para convencerlos de reclamar en cambio extensas superficies con el único fin de quedarse, los profesionales involucrados, con la mayor parte de esas tierras debido a la imposibilidad de esos humildes ocupantes de afrontar las costas y los honorarios de los juicios.Las irregularidades llegan al punto de que cuando un juez tiene que ordenar el desalojo de usurpadores está obligado por el gobierno de la...