Ultiman detalles del proyecto de ley de acceso a la información

El objetivo es hacer del gobierno una estructura transparente cuya información esté disponible libremente para toda la ciudadanía. Para ello, el Gobierno trabaja en los detalles de un proyecto de ley sobre acceso a la información pública que pretende tener listo en las próximas semanas y aprobarlo en el Congreso "lo antes posible". Previamente, sin embargo, lo debatirá con otras fuerzas que trabajen en iniciativas similares para llegar al Parlamento con una propuesta con el mayor respaldo posible.

Según el borrador del texto, al que tuvo acceso LA NACION, el Gobierno trabaja sobre seis ejes principales de una ley que reemplazaría el decreto 1172/03, firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en los inicios de su gestión y que actualmente es la herramienta que se utiliza para hacer los pedidos de información.

El escrito tentativo apunta a que todo ciudadano "sin patrocinio jurídico o intermediario" pueda solicitar información pública, y aclara que el Gobierno se basará en una "definición amplia del concepto de información". Por eso, respetará lo impuesto por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), que establece "que la información pertenece a las personas" y "que no es propiedad del Estado", por lo que "el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno".

De ser aprobada, la nueva ley alcanzaría a los tres poderes del Estado, a empresas públicas y toda institución que reciba fondos estatales o brinde servicios públicos esenciales.

Asimismo, los poderes deberán adecuarse a determinados plazos para responder a los pedidos, aunque habrá excepciones en las que el Estado se podrá amparar para no brindar los datos, como la seguridad nacional o secretos comerciales y financieros, entre otros.

Aunque es un tema que aún no se debatió con otras iniciativas, el Gobierno evalúa la idea de que existan tres autoridades de aplicación que funcionen en cada uno de los poderes. Por último, el borrador prevé la creación de una plataforma virtual donde se canalicen todas las solicitudes.

El proyecto está a cargo del Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales dependiente del Ministerio del Interior, Adrián Pérez; con quien colaboran la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; la subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Marina Carbajal, y el subsecretario de Innovación Pública y Gobierno Abierto, dependiente del Ministerio de Modernización, Rudi Borrmann.

En diálogo con LA NACION...