Triple crimen. Uno de los condenados pidió salir de la cárcel para cuidar a sus hijos y la familia de una de las víctimas le propuso un trato

Marcelo Schillaci

A diez años de ser condenado a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, Marcelo Javier Schillaci pretende salir de la cárcel de Ezeiza . No es la primera vez que pide el beneficio de la prisión domiciliaria aduciendo problemas de salud cada vez más graves, pero esta vez es diferente: como a principios de años murió su esposa, el hijo de 14 años quedó al cuidado de su hermano de 20 años y, por eso, solicitó cumplir la pena en su casa para hacerse cargo de los chicos. Por la Ley 15.232 de la provincia de Buenos Aires, más conocida como ley de víctimas, la familia Ferrón le propuso una especie de trato: aceptar su pedido a cambio de información que permita terminar de esclarecer los crímenes de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, secuestrados y ejecutados a balazos en agosto de 2008. La jueza de ejecución penal de Mercedes, Marcela Alejandra Otermin, tendrá la última palabra.

En diciembre de 2012, los jueces Fernando Bustos Berrondo, Marco Tomás E. Barski y María Graciela Larroque, del Tribunal en lo Criminal N°2 de Mercedes, sentenciaron a prisión perpetua a Schillaci, su hermano Víctor y los hermanos Martín y Cristian Lanatta por los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada por su comisión mediante violencia en concurso real con triple homicidio agravado por su comisión con ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de más de dos personas" en calidad de partícipes necesarios. En otras palabras: por tenderles una trampa a Forza, Ferrón y Bina el 7 de agosto de 2008 en el Walmart de Sarandí, llevarlos engañados a la casa de los Lanatta en Quilmes, ejecutarlos en un lugar nunca identificado, conservar sus cuerpos en frío durante seis días y plantarlos el 13 de agosto en el camino viejo a Navarro, General Rodríguez.

Tres años después, en diciembre de 2015, los Lanatta y Víctor Schillaci se escaparon de la cárcel de General Alvear, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), y tuvieron en vilo a todo un país en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri, hasta que finalmente, más por cansancio propio que por eficiencia policial, cayeron en Cayastá, un pueblito de Santa Fe. Marcelo Schillaci no pudo o no quiso fugarse porque ya arrastraba problemas de salud.

Desde 2017 hasta hoy, su defensa, ahora en manos del abogado Daniel Mazzocchini, pidió una y otra vez la prisión domiciliaria para el Schillaci menos conocido, pero no por eso menos importante en toda esta trama.

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