Tras la moratoria que impulsó el Gobierno, la Justicia levantó la quiebra de Oil Combustibles

Oil Combustibles es la petrolera del Grupo Indalo

Un año después de que el Congreso aprobara la moratoria fiscal que por primera vez incluyó el impuesto a la transferencia de los combustibles, los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa lograron que la Justicia levante la quiebra de su petrolera, Oil Combustibles.

La jueza María Soledad Casazza determinó que López y De Sousa cosecharon el apoyo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la amplísima mayoría de sus acreedores, por lo que estimó no había motivos para continuar con el proceso falencial.

Para López y De Sousa, la resolución judicial significa un paso decisivo en sus esfuerzos por recuperar el Grupo Indalo y posicionarse otra vez entre los empresarios más poderosos de las últimas dos décadas.

Ahora, el proceso judicial está lejos de terminar, tanto para el efectivo pago a la AFIP y otros acreedores, como también de los honorarios de todos los profesionales involucrados, pero López y De Sousa obtuvieron la luz verde judicial antes de que venciera el plazo fijado por el organismo tributario.

Fabián de Sousa y Cristóbal López

Para la jueza Casazza, la tramitación del proceso, que comenzó en 2016 como concurso preventivo, para luego, en mayo de 2018, decretarse la quiebra, resultó por demás complejo, según explicitó en su resolución. "Nos hallamos frente a un pedido de conclusión falencial basado en la causal de avenimiento que reviste ciertas particularidades habida cuenta la envergadura de los acreedores involucrados en la causa, no solo por el monto de sus acreencias, sino además por las diversas vicisitudes jurídicas, administrativas y procesales que se han visto plasmadas a lo largo del trámite del presente universal", explicó.

Esas vicisitudes se expandieron más allá del fuero comercial. Entre otros motivos, porque López y De Sousa afrontan un juicio oral cuyo principal acusado es el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray , por la presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado, al haberles permitido acumular más de $8000 millones de deuda por el impuesto a la transferencia de los combustibles.

El trámite del concurso y quiebra de Oil también registró sus propias turbulencias desde el día mismo en que comenzó a tramitarse ya que López y De Sousa buscaron que el expediente se sustanciara en Comodoro Rivadavia, a pesar de las objeciones de la AFIP y los reclamos de la justicia nacional, con sede en Buenos Aires.

Aquel contrapunto concluyó...