Tras el fallo del 2 por 1, se acumulan pedidos de los condenados

Luego del fallo de la Corte Suprema que habilitó la ampliación de la ley del 2 por 1 a los delitos de lesa humanidad, la Justicia comenzó a recibir ayer una lluvia de pedidos de represores condenados para quedar en libertad o disminuir sus condenas. Pero dos tribunales los rechazaron.

Jueces federales de todo el país recibieron, por lo menos, siete pedidos de excarcelación de condenados por violaciones de los derechos humanos. La lista incluye a Juan Antonio Azic, represor de la ESMA y apropiador de la diputada Victoria Donda, y a Jorge Magnacco, partero del centro clandestino de la Armada.

Dos de las solicitudes fueron rechazadas ayer mismo, con el argumento de que los fallos de la Corte no son obligatorios para los tribunales inferiores. Además, algunos fiscales se opusieron a liberar a los represores al sostener que la ley del 2 por 1 es inconstitucional, lo que equivale a sostener que nunca tuvo validez.

Más allá de estos casos, abogados particulares y defensores oficiales preparan decenas de pedidos de excarcelación. Los represores que pidieron la libertad en los tribunales porteños son Azic; Magnacco; Héctor Girbone, condenado por el robo y ocultamiento de identidad del hijo del desaparecido Pablo Javier Gaona Miranda, y Víctor Gallo, ex capitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga. También pidieron la libertad en tribunales del interior el represor Carlos Trucco, en Tucumán; Alejandro Lazo, en San Juan, y Norberto Mercado, en Mendoza. Los dos pedidos rechazados son los de Girbone y Mercado.

Giribone había sido condenado a ocho años de prisión por el robo y ocultamiento de la identidad del hijo del desaparecido Pablo Javier Gaona Miranda. Giribone se desempeñaba como teniente en Campo de Mayo y estaba a cargo de la seguridad perimetral de la guarnición, donde funcionó una maternidad clandestina. El fiscal Pablo Parentti, de la unidad especializada en sustracción de niños nacidos en cautiverio, pidió rechazar la libertad porque sostuvo que los hechos se siguieron cometiendo durante once años después de la derogación de la ley del 2 por 1. Y pidió la declaración de inconstitucionalidad de esa norma por ser contraria a los pactos internacionales que obligan a dictar "penas apropiadas", adecuadas a "la extrema gravedad" de las violaciones de los derechos humanos.

Los tres jueces del Tribunal Oral Federal N° 5 rechazaron el pedido de libertad del represor. Cada uno con sus argumentos. La jueza Adriana Palliotti, sostuvo que no...