El transporte aéreo, en riesgo de monopolización estatal

La suspensión de vuelos de pasajeros hasta el 1º de septiembre resuelta por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) prolonga excesivamente la pesadilla de una de las actividades más afectadas por la pandemia.Las primeras advertencias sombrías hacia la actividad aerocomercial aparecieron a mediados de enero, cuando asomaron evidencias de la dispersión internacional de la epidemia que parecía inicialmente acotada a Wuhan, en China. Pero el mayor impacto llegó recién en marzo, cuando los gobiernos introdujeron restricciones cada vez más severas al movimiento de personas. El 11 de ese mes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció el carácter de pandemia de la enfermedad ocasionada por el Covid-19.A partir de ese momento, a todo lo largo del orbe se decidieron cierres de frontera y cuarentenas. Consecuente con ello, por imposición oficial o por decisión empresaria, se cancelaron prácticamente todos los vuelos. Solo subsistieron aquellos destinados a carga y a repatriar personas que habían quedado fuera de sus países de residencia. Aquel mismo 11 de marzo, el presidente de los Estados Unidos suspendió todos los vuelos desde y hacia Europa con la excepción de Gran Bretaña. El 16 de marzo, el gobierno argentino decretó el cierre de fronteras y el aislamiento social preventivo y obligatorio. La medida afectó también los desplazamientos internos, y los vuelos de cabotaje fueron paralizados.Estas medidas, si bien necesarias para evitar la propagación del virus, han generado un fuerte impacto económico negativo en todo el sector, incluyendo los operadores aéreos y aeroportuarios, las agencias de viaje, los comercios dentro de los aeropuertos, los operadores de rampa y los proveedores de todo tipo. Tanto en la Argentina como en el mundo, la actividad se ha visto frente a la mayor crisis que haya enfrentado en su historia.La resolución 144/2020 de la ANAC del 27 de abril restringe la operación de las líneas aéreas nacionales e internacionales en el país hasta el 31 de agosto, pudiendo ser prolongada. Ha sido una medida más contundente que otras dictadas en la región y, además, expone fundamentos escasamente sólidos. No se entiende la razón de su vigencia más allá del plazo fijado para la cuarentena, cuando cada día de paralización implica enormes perjuicios y pérdidas. La perspectiva de cuatro meses de inactividad parece económica y financieramente insalvable por cuanto el único ingreso sería la venta anticipada de pasajes para...