La otra tragedia escolar. Los colegios de educación especial están en riesgo y sus dueños se hipotecan para salvarlos

Santiago tiene 17 años y nació con un retraso madurativo . Él se educa en una escuela especial de gestión privada y hace tres años pasó dos meses sin poder asistir a clases por el enredo de trámites, papeles y documentación que le solicitaba la obra social para otorgarle esa prestación. "¿Por qué no lo mandas a una escuela pública?", le preguntó un empleado de la obra social a Laura Schwindt, la madre de Santiago. "Las escuelas públicas, no es que sean malas, pero mi hijo necesita mucha atención, y en las del Estado hay muchos chicos por cada docente", se lamenta Schwindt, en una entrevista con LA NACION .

Ella peleó contra una estructura que amenazaba con quitarle a su hijo la posibilidad de cursar en un lugar que lo ayudó a desarrollarse como nunca antes: "Fueron dos meses de lucha hasta que amenacé con presentar un amparo y ahí la situación se destrabó", recuerda Schwindt.

Las escuelas de educación especial, como también sucede con los transportistas que trasladan a esos estudiantes, dicen estar al borde del colapso económico. Señalan que el motivo central de esta crisis es el modo y el monto que cobran por los servicios.

El sistema establecido entre la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) y el ministerio de Salud les da a las obras sociales hasta 60 días para elevar una carpeta de facturación, y luego la SSS tiene 30 días más para hacer la liquidación del pago. Es decir, que en el mejor de los casos un prestador cobra tres meses después. Y, como un nudo que termina de ajustar la soga al cuello, los aranceles que cobran se definen a través de una resolución entre varios actores del sistema y, aseguran, están muy por debajo del valor real del aumento de los servicios y no se actualizan ágilmente.

Laura Schwingt junto a su hijo Santiago de 17 años, él tiene un retraso madurativo y estudia en Aprendizaje Reeducativo para la Escolaridad y la Adaptación, una escuela especial de gestión privada y hace tres años estuvo durante dos meses sin poder asistir a clases por el laberinto burocrático que le impuso su obra social

Esta dinámica para efectuar los pagos deja a los dueños de las escuelas en una situación límite. Muchos piden dinero prestado para mantener a la institución funcionando. Hay casos, como el de César Tisera, dueño de la escuela Tiempo de Crecer, en Almirante Brown, que tuvo que vender su auto, hipotecar la escuela y su casa para poder pagar sueldos.

Desde las obras sociales cuestionan que sean ellos quienes tengan que...