Tierras públicas como botín de la corrupción

En marzo hubo un conflicto con vecinos por una posible toma de tierras fiscales en la zona de El Marquesado, al sur de Mar del Plata

Desde hace ya un tiempo, un tema de central importancia se encuentra presente en la agenda pública: la entrega de tierras fiscales a precio vil o simbólico , en favor de autoproclamados grupos originarios o aborígenes; un verdadero "saqueo" a las tierras de los argentinos de orden y magnitud internacional.

El último de los hechos sospechosos, en esta serie, surge del reciente fallo de la Corte Suprema "Mapuches vs. Ejército" , que declaró la nulidad, con estado de "gravedad institucional", de la entrega de tierras pertenecientes al Ejército Nacional a una supuesta comunidad descendiente de mapuches de Bariloche.

Apenas unos días antes, destacadas figuras de la oposición como el Auditor General Miguel Pichetto y los senadores Alfredo Cornejo e Ignacio Torres brindaron una conferencia de prensa presentando otros muchos casos de la misma o mayor magnitud, en términos de afectación a las arcas del Estado y la seguridad nacional.

Hay muchos otros casos del estilo a lo largo y ancho de nuestro extenso y rico país. Una comunidad de auto percibidos herederos de la comunidad Tehuelche reclaman el 15% de la Provincia de Neuquén; logrando un pre dictamen del INAE en su favor para hacerse de 15 mil hectáreas en la zona de precordillera, límite con Chile. Algo similar ocurre en la ciudad de Chapadmalal , donde un grupo de militantes de Juan Grabois reclama propiedad sobre 115 hectáreas con vista al mar.

Y quizás el colmo de los colmos en términos de afectación al derecho de propiedad y patrimonio del Estado Nacional se da con el caso del "campo Mamul", donde el intendente kirchnerista Carlos Mantenga entregó a precio 0 (cero) un campo a una familia de supuestos herederos del indefinido colectivo de "pueblos originarios" a sabiendas de que al cabo de unos meses tal propiedad se vendió a precio de mercado (USD 8 millones de dólares) a una organización empresarial de origen ucraniano y rusa de sospechosa reputación e intenciones.

Toda la operación inmobiliaria, está a estudio de la justicia federal del país, donde sus principales acusados son un entramado de notarios, contadores y abogados locales y extranjeros que en connivencia de funcionarios públicos del gobierno nacional (la Dirección de Fronteras y la Unidad anti lavado) "miraban dolosamente para otro lado" mientras el convoy delictivo de corrupción y lavado a gran...