Usurpación de tierras, la política del hecho consumado

Reiterando tristes y recientes experiencias, durante más de tres semanas pudo más la política del hecho consumado que una orden judicial de desalojo, las protestas de los vecinos o el peligro cierto de los graves problemas de salud que ocasionará la tierra contaminada en el predio ocupado junto a la Villa 20, en Villa Lugano.En los 25 días transcurridos desde que unas 300 familias se instalaron en el terreno que fue un cementerio de automóviles y, por lo tanto, se encuentra contaminado con plomo y metales tóxicos y resulta inhabitable, la población actual ascendió a alrededor de 800 familias. La mayoría de los ocupantes son pobladores de la vecina Villa 20.Hubo una primera orden de desalojo resuelta por un juez subrogante y luego otra que firmó la jueza Gabriela López Iñíguez, pero ninguna llegó a concretarse. Ahora, la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires confirmó al camarista Marcelo Vázquez al frente de la causa en la que se debe resolver el desalojo del predio usurpado, que tendría que concretarse en poco tiempo.Se advierte que el tiempo transcurrido conspira contra un desalojo fácil y pacífico. Lo lamentable es haber llegado a la situación actual, con 3500 personas que habitan allí en precarias condiciones, en lo que está a punto de semejar una villa de emergencia más, con casillas de lona, plástico y cartones, y otras de chapa y maderas. Los ocupantes, o quienes los enviaron a ocupar el predio, lo bautizaron como "Barrio Papa Francisco".En este como en otros casos no muy lejanos, al problema innegable de la falta de vivienda se suma, una vez más, el aprovechamiento de los inescrupulosos de siempre que se valen de los más necesitados para llevar adelante un negocio inmobiliario que no sólo es ilegal sino que, dadas las condiciones del suelo sobre el cual pretende asentarse el barrio, puede ser mortal si no se procede a un adecuado saneamiento que elimine los metales tóxicos.Son varios los funcionarios judiciales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convencidos de que la toma fue armada por punteros que sólo quieren lotear el predio y comercializar los terrenos, y que para eso movilizaron a la gente. Esos grupos, según documentación secuestrada por la Justicia, actuarían en la zona desde hace tiempo y procurarían vender los terrenos a precios de entre 8000 y 20.000 pesos.Mientras los vecinos que viven junto al predio se oponen a la toma, la jueza María Elena Liberatori está a cargo de una causa que procura el...