Testaferros y ex policías detrás de la mafia de los manteros de Once

 
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La Justicia porteña logró identificar a 120 personas a las que acusa de actuar como presuntas organizadoras, partícipes primarias y secundarias de la venta ilegal en las calles de Once. Veinticuatro de los identificados ya fueron condenados a pagar pesos. La mayoría de los integrantes de la organización son extranjeros y operan desde 34 locales e inmuebles utilizados como depósito o como punto de venta de mercadería de dudosa procedencia, según pudo conocer LA NACION. Incluso, un empleado de la Ciudad y dos ex policías federales serían integrantes de estas organizaciones.Así, la Justicia avanza en desentrañar las organizaciones de corte mafioso que operan en la zona de Once, donde los manteros se resisten a ser desalojados en operativos que llevan adelante agentes judiciales y funcionarios de la Ciudad.de la fiscal de cámara Verónica Guagnino se precisa que en 11 de aquellos 34 locales identificados ya hubo allanamientos y se decomisaron más de 60 camiones con mercadería para la venta callejera.Entre los condenados hay miembros de sociedades anónimas y de sociedades de responsabilidad limitada utilizadas como pantallas legales. Por ejemplo, se identificó a un vendedor ambulante de helados que preside tres sociedades y que en los últimos años consiguió créditos bancarios en entidades de primera línea por dos millones de pesos.Otro de los investigados es un ciudadano peruano -cuyas iniciales son RGF- que vende garrapiñada en la calle, aunque en su perfil financiero figura como propietario de dos sociedades anónimas, una de ellas, una constructora de edificios. Además, tiene su domicilio fiscal en Ushuaia, ya que fue inscripto para realizar actividades petroleras.La Justicia también ha identificado a más de 500 personas que participan como vendedores ambulantes. A la mayoría se le exigen "pagos" en concepto de "afiliados de agrupaciones y sindicatos", un dinero que, en cambio, se utiliza para cubrir gastos de abogados ante posibles requerimientos judiciales.Según dijeron fuentes de la investigación a LA NACION, muchos de los vendedores de café y de pochoclo de Once, en realidad, son explotados por sociedades comerciales que no tienen autorización ni habilitación para desarrollar estas actividades. Los jornaleros, confiaron las fuentes, reciben una paga diaria que va de los 80 a los 140 pesos.Según figura en la causa judicial, se advirtió que quienes explotan la actividad ilegal en el espacio público cuentan con la concesión a su favor de amparos de un mismo...

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