Telecomunicaciones y política

 
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Pocos sectores dependen tanto de reglas sensatas y estables para su progreso como las telecomunicaciones, actividad que presenta un singular dinamismo y que requiere grandes inversiones. Los marcos regulatorios condicionan de manera decisiva la calidad de los servicios y, en última instancia, el bienestar de la población que los utiliza. Se trata de lograr el delicado equilibrio entre alentar la incorporación de tecnologías que demandan cuantiosas inversiones, impedir conductas anticompetitivas y proteger adecuadamente los derechos de los usuarios.

No se trata sólo de establecer las reglas, sino también de adaptar a las instituciones a las cambiantes realidades. Entre ellas, sobresalen los entes reguladores. Por eso es imprescindible que estos organismos cumplan con dos requisitos: independencia política e idoneidad técnica.

En la historia reciente del país, esos requisitos brillan por su ausencia, tal como lo demuestra la práctica de convertir a las autoridades de los organismos en brazos armados de la facción política de turno, responsables de ubicar con inusitada frecuencia a interventores que suplen a los directorios previstos en sus leyes de creación, o a través del nombramiento de funcionarios que carecían de toda experiencia en el sector, como ocurrió con el actual secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, de La Cámpora, que cuenta con denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que, de confirmarse, lo inhabilitarían para ejercer cargos públicos y se sumarían a las que cosechó cuando dirigía la Inspección General de Justicia.

La nueva ley de telecomunicaciones, ha dejado en manos de un organismo la sanción de importantes reglamentos que definirán las nuevas reglas de juego sin que esa ley haya establecido los principios generales a los que debe sujetarse ni fijado su sistema de...

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