Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 4 de Abril de 2023, expediente COM 005263/2023/CA001
| Fecha de Resolución | 4 de Abril de 2023 |
| Emisor | Camara Comercial - Sala A |
Poder Judicial de la Nación Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 5.263/2023
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ CAJA POPULAR DE
AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ ORGANISMOS EXTERNOS
(SRT N° 80.471/21 y SRT N° 13.624/21)
Buenos Aires, 4 de abril de 2023.-
Y VISTOS:
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- Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán apeló la resolución RESAP-2023-2-APN-SRT dictada a fs. 254/260 que le impuso una multa de 325 MOPRES -conforme la Res. SRT N° 69/20-, toda vez que: i) respecto a la trabajadora L.M.O.L., habría consignado en forma inconsistente el formulario de alta médica de fecha 9.11.20 contrariando lo establecido en el art. 3 y Anexo de la Res. SRT N° 1.838/14; y ii) respecto a la trabajadora M.V.L., habría demorado en brindar las prestaciones en especie a su cargo, por lo que habría incumplido con lo dispuesto en los art. 20, inc. 1, ap. a) y no habría dado respuesta a los requerimientos efectuados en fecha 8.2.21, 11.2.21, 22.2.21, 12.3.21 y 16.3.21 por lo que no habría dado cumplimiento lo establecido en el 36, inc. 1, ap. b) y d) de la Ley N° 24.557.
El pronunciamiento se basó en el dictamen obrante a fs. 194/204 que fuera emitido por el Departamento de Sumarios de la Gerencia de Asuntos Legales de la SRT.
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- En el memorial obrante a fs. 283/290, la recurrente se agravió de la decisión adoptada por el organismo de control alegando que no habría incurrido en el incumplimiento endilgado y que la SRT carece de potestades sancionatorias a los efectos de la imposición de la multa involucrada en el sub lite, toda vez que la SRT no Fecha de firma: 04/04/2023
Alta en sistema: 05/04/2023
Firmado por: M.E.U., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: H.O.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: A.A.K.F., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: M.V.B., SECRETARIA DE CÁMARA
resulta competente para ejercer el poder de policía en el ámbito local laboral.
Asimismo, se quejó que se haya aplicado la tipificación dispuesta en la Res. SRT N°613/16, atento a haber quedado expresamente derogada por la Resolución 48/19.
Finalmente, sostuvo que el quantum de la sanción se evidenciaría muy elevado, en razón de la falta atribuida.
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- La potestad sancionatoria:
El planteo de la quejosa relativo a que la Superintendencia no resulta competente para ejercer el poder de policía en materia laboral, sino que le corresponde a la Dependencia del Gobierno local, constituye, en definitiva, un cuestionamiento a las atribuciones de dicho organismo de contralor.
Pues bien, el art. 2 de la Ley sobre Riesgos del Trabajo -LRT-, dispone que "están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT: a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", a la vez que el art. 3 de dicho ordenamiento legal establece que la "LRT rige para todos aquéllos que contraten trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación" como así también que "2.) los empleadores podrán autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en esta ley, siempre y cuando acrediten con la periodicidad que dicte la reglamentación: a) solvencia económica-financiera para afrontar las prestaciones de esta ley; b) garanticen los servicios necesarios para otorgar las prestaciones de asistencia médica y las demás previstas en el artículo 20 de la presente ley. 3.) Quienes no acrediten ambos extremos deberán asegurarse obligatoriamente en una ART de su libre elección. 4.) El Estado nacional, las provincias y sus municipios... podrán igualmente autoasegurarse".
Finalmente, y en lo que aquí interesa, el art. 30 LRT declara que "quienes hubiesen optado por el régimen de autoseguro deberán cumplir con las obligaciones que esta ley pone a cargo del empleador y a cargo de las ART, con la excepción de la afiliación, el aporte al Fondo de Reserva de LRT y toda otra obligación incompatible con dicho régimen".
Sobre tales bases, teniendo en cuenta la materia involucrada en el Fecha de firma: 04/04/2023
Alta en sistema: 05/04/2023
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presente sumario y las facultades asignadas por la LRT a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el art. 36 en cuanto la habilita para "a) controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo pudiendo dictar las disposiciones complementarias que resulten de delegaciones de esta ley o de los decretos reglamentarios; ... c) imponer las sanciones previstas en esta ley...", estímase que se encuentra suficientemente habilitada para reglar y juzgar al respecto (arg. esta CNCom., esta Sala A, "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/Caja Popular de Ahorros de la Provincia de ¨Tucumán s/organismos externos (SRT N° 00657/09)", del 27.12.11; íd., "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/organismos externos (SRT N° 11317/08)", del 28.12.11; íd.,
"Superintendencia de Riesgos de Trabajo c/Mapfre ART s/multa" del 04.05.06).
Así pues, las atribuciones de la SRT para supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las administradoras de riesgo del trabajo e imponer sanciones se desprende de las facultades conferidas en la normativa supra citada, y en consonancia con ello, su competencia será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia (conf. arg. esta CNCom., S.B., in re: "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c. Consolidar s.
Denuncia" del 26.10.05).
Desde tal línea argumental, teniendo en cuenta que la recurrente ha aceptado voluntariamente someterse a este orden jurídico y más aún, meritando la relevante función social que cumple una aseguradora de riesgos del trabajo, se justifica la rigidez en la reglamentación de su actividad y la correlativa exigencia de acatar estrictamente los requerimientos legales. Asimismo, existe la necesidad de preservar el interés general, en aras del cual no debe quedar impune el incumplimiento de las disposiciones a las que debe sujetarse la aseguradora. Una interpretación contraria de las normas que rigen la actividad, importaría contradecir las facultades de control y corrección que la ley le atribuye al organismo de superintendencia, las que resultarían absolutamente desvirtuadas si careciera de poder coactivo.
Ante este panorama, estímase que las normas que han conferido al organismo de contralor distintas facultades, como ser las de dictar disposiciones Fecha de firma: 04/04/2023
Alta en sistema: 05/04/2023
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complementarias y aplicar sanciones administrativas no controvierten el contenido de la Ley de Riesgos del Trabajo, ni preceptos constitucionales. Es así que la Ley 24.557, en su art. 35, dio origen a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) como entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación,
absorbiendo las funciones y atribuciones desempeñadas por la Dirección Nacional de Salud y Seguridad Social en el Trabajo. Asimismo, el art. 36 de la citada ley establece -en la parte pertinente- que sus funciones son: a) controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, pudiendo dictar las disposiciones complementarias que resultan de delegaciones de esta ley o de los decretos reglamentarios; b) supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART; y c) imponer las sanciones previstas en esta ley.
Por ende, las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dentro del marco de reglamentación de la ley y conforme los requisitos de procedimiento, son legítimas y por tanto obligatorias aún para entidades como la recurrente que, se reitera, hallan enmarcada su actuación bajo el régimen de aplicación,
sin excepciones, legalmente previstas. La posibilidad de sancionar su incumplimiento también será legítimo, en cuanto se opera dentro de un marco de complementariedad respecto de la ley sustantiva, que es la que determina la sanción.
Atento lo expuesto precedentemente, corresponde desestimar el agravio esgrimido sobre el particular.
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- Las faltas imputadas:
4.1. C. señalar que la aseguradora no ha esgrimido en esta instancia fundamentos distintos de aquéllos que fueron expresados en el descargo de fs. 179/184.
En efecto, los argumentos ensayados no han logrado enervar las conclusiones de la autoridad de control para sustentar fáctica y jurídicamente la infracción imputada.
Es que la verdadera labor impugnativa no consiste en denunciar ante el Tribunal de Alzada las supuestas injusticias que la decisión apelada pudiere contener,
sino que debe demostrárselas con argumentos concretos, poniendo en evidencia qué
elementos de hecho y de derecho le dan la razón a quien protesta. No debe olvidarse que Fecha de firma: 04/04/2023
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en el memorial, como acto procesal, no alcanza con el quantum discursivo sino que la qualitae es lo que hace a la esencia de la crítica razonada.
Y si bien la recurrente pretende que la sanción sea revocada, lo cierto es que no ha enjuiciado de modo crítico y razonado los argumentos tenidos en cuenta al decidir la cuestión.
4.2. S. liminarmente, que se le imputó a la recurrente no haber cumplido el art. 20, inc. 1, ap. a) de la Ley N° 24.557, el cual dispone que: “1. Las ART
otorgaran a los trabajadores que sufran algunas de las contingencias previstas en esta ley las siguientes prestaciones en especie: a) asistencia médica y farmacéutica”, en tanto que el art 36, inc....
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