SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ORGANISMOS EXTERNOS

• Número de expediente: COM 024480/2018/CA001
• Fecha: 30 Octubre 2018
• Número de registro: 220207531

Poder Judicial de la Nación Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial HTC

24.480 / 2018

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ GOBERNACION DE

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ ORGANISMOS EXTERNOS (SRT N°

133.930/14)

Buenos Aires, 30 de octubre de 2018.

Y VISTOS:

1. ) La Gobernación de la Provincia de Buenos Aires apeló el acto administrativo que luce a fs. 89/91 que le impuso una multa de 350 MOPRES

   porque: a) no habría brindado asesoramiento y asistencia técnica sobre la normativa vigente en materia de higiene y seguridad, y sobre la existencia de riegos y sus potenciales efectos sobre los trabajadores, con relación al empleador Ministerio de Justicia, y respecto al establecimiento identificado como Unidad N° 23, sito en Ruta Provincial N° 53 km. 15.5, de la localidad de F.V., Provincia de Buenos Aires, incumpliendo así con lo establecido en el art. 18, incs. a) y b) del Decreto N°

   170 de fecha 21 de febrero de 1996; y, b) no habría denunciado la falta de presentación del Relevamiento de Agentes de Riegos (RAR) con la nómina de trabajadores expuestos a cada uno de los agentes de riesgos con motivos de sus tareas, en relación al establecimiento ut–supra señalado, incumpliendo, de esa forma,

   con lo dispuesto en el Anexo X, punto 2.1.2 de la resolución SRT N° 741, de fecha 17 de mayo de 2010.

   El pronunciamiento se basó en el dictamen obrante a fs. 76/88 que fue emitido por el Departamento de Sumarios de la Gerencia de Asuntos Legales de la SRT.

   Fecha de firma: 30/10/2018

   Alta en sistema: 07/12/2018

   Firmado por: A.A.K.F., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: M.E.U., JUEZ DE CAMARA

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2. ) En el memorial que luce a fs. 92/101, la recurrente se agravió de la decisión adoptada por el organismo de control alegando que la SRT carece de potestades sancionatorias a los efectos de la imposición de la multa involucrada en el sub lite, toda vez que la sumariada reviste el carácter de entidad autárquica provincial y, por ende, no procede la aplicación de sanciones de carácter penal ni administrativo en su contra por parte de un organismo nacional.

   Por otro lado, arguyó que la cláusula 1° del anexo I de la Resolución SRT N° 10/97 resultaría ser inconstitucional (ver fs. 97), al tiempo que también negó

   los incumplimientos que se le endilgaron. Asimismo, sostuvo que, en todo caso, su accionar no ha generado perjuicio alguno a los trabajadores, razón por la cual se habría incurrido un excesivo rigorismo formal al decidir la cuestión (ver fs. 98). A

   todo evento, sostuvo que el quantum de la sanción se evidenciaría muy elevado en razón de la falta atribuida.

   A fs. 115/6 obra el dictamen de la Sra. Fiscal General, quien se expidió en el sentido que surge de dichas fojas.

3. ) La potestad sancionatoria:

   El planteo de la quejosa relativo a que su condición de persona jurídica pública provincial tornaría improcedente la aplicación de sanciones a su respecto, en razón de que la relación con la SRT se ceñiría a la esfera interadministrativa, constituye, en definitiva, un cuestionamiento a las atribuciones de dicho organismo de contralor.

   Pues bien, el art. 2 de la Ley sobre Riesgos del Trabajo -LRT-,

   dispone que "están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT: a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", a la vez que el art.

   3 de dicho ordenamiento legal establece que la "LRT rige para todos aquellos que contraten trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación" como así también que "2.) los empleadores podrán autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en esta ley, siempre y cuando acrediten con la periodicidad que dicte la reglamentación: a)

   solvencia económica-financiera para afrontar las prestaciones de esta ley; b)

   Fecha de firma: 30/10/2018

   Alta en sistema: 07/12/2018

   Firmado por: A.A.K.F., JUEZ DE CAMARA

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   garanticen los servicios necesarios para otorgar las prestaciones de asistencia médica y las demás previstas en el artículo 20 de la presente ley. 3.) Quienes no acrediten ambos extremos deberán asegurarse obligatoriamente en una ART de su libre elección. 4.) El Estado nacional, las provincias y sus municipios... podrán igualmente autoasegurarse". Finalmente, y en lo que aquí interesa, el art. 30 LRT

   declara que "quienes hubiesen optado por el régimen de autoseguro deberán cumplir con las obligaciones que esta ley pone a cargo del empleador y a cargo de las ART,

   con la excepción de la afiliación, el aporte al Fondo de Reserva de LRT y toda otra obligación incompatible con dicho régimen".

   Sobre tales bases, teniendo en cuenta la materia involucrada en el presente sumario y las facultades asignadas por la LRT a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el art. 36 en cuanto la habilita para "a) controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo pudiendo dictar las disposiciones complementarias que resulten de delegaciones de esta ley o de los decretos reglamentarios; ... c) imponer las sanciones previstas en esta ley...",

   estímase que se encuentra suficientemente habilitada para reglar y juzgar al respecto (arg. esta CNCom., esta S. A, "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/Caja Popular de Ahorros de la Provincia de ¨Tucumán s/organismos externos (SRT N°

   00657/09)", del 27.12.11; íd., "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/organismos externos (SRT N°

   11317/08)", del 28.12.11; íd., "Superintendencia de Riesgos de Trabajo c/Mapfre ART s/multa" del 04.05.06).

   Así pues, las atribuciones de la SRT para supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las administradoras de riesgo del trabajo e imponer sanciones se desprende de las facultades conferidas en la normativa supra citada, y en consonancia con ello, su competencia será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de la leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia (conf. arg. esta CNCom., S.B., in re: "Superintendencia de Riesgos del Trabajo c.

   Consolidar s. Denuncia" del 26.10.05).

   Desde tal línea argumental, teniendo en cuenta que la recurrente ha Fecha de firma: 30/10/2018

   Alta en sistema: 07/12/2018

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   aceptado voluntariamente someterse a este orden jurídico y más aún, meritando la relevante función social que cumple una aseguradora de riesgos del trabajo, se justifica la rigidez en la reglamentación de su actividad y la correlativa exigencia de acatar estrictamente los requerimientos legales. Asimismo, existe la necesidad de preservar el interés general, en aras del cual no debe quedar impune el incumplimiento de las disposiciones a las que debe sujetarse la aseguradora. Una interpretación contraria de las normas que rigen la actividad, importaría contradecir las facultades de control y corrección que la ley le atribuye al organismo de superintendencia, las que resultarían absolutamente desvirtuadas si careciera de poder coactivo.

   Ante este panorama, estímase que las normas que han conferido al organismo de contralor distintas facultades, como ser las de dictar disposiciones complementarias y aplicar sanciones administrativas no controvierten el contenido de la Ley de Riesgos del Trabajo, ni preceptos constitucionales. Es así que la Ley 24.557, en su art. 35, dio origen a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)

   como entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, absorbiendo las funciones y atribuciones desempeñadas por la Dirección Nacional de Salud y Seguridad Social en el Trabajo. Asimismo, el art. 36

   de la citada ley establece -en la parte pertinente- que sus funciones son: a) controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, pudiendo dictar las disposiciones complementarias que resultan de delegaciones de esta ley o de los decretos reglamentarios; b) supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART; y c) imponer las sanciones previstas en esta ley.

   Por ende, las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dentro del marco de reglamentación de la ley y conforme los requisitos de procedimiento, son legítimas y por tanto obligatorias aún para entidades como la recurrente que, se reitera, hallan enmarcada su actuación bajo el régimen de aplicación, sin excepciones, legalmente previstas. La posibilidad de sancionar su incumplimiento también será legítimo pues, en cuanto se opera dentro de un marco de complementariedad respecto de la ley sustantiva, que es la que determina la Fecha de firma: 30/10/2018

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   sanción.

   Atento lo expuesto precedentemente, corresponde desestimar el agravio esgrimido sobre el particular.

4. ) Planteo de Inconstitucionalidad de la cláusula 1 del Anexo I de la Resolución SRT 10/97:

   4.1. L., señálase que es doctrina corriente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico (Fallos 288:325; 290:83; 292:190;

   301:962; 306:136, entre otros). Como lógico corolario de este principio se deriva que un planteo de tal índole debe contener, necesariamente, un sólido desarrollo argumental y contar con no menos sólidos fundamentos para que pueda ser atendido,

   no bastando la invocación genérica de derechos afectados.

   La correcta proposición de cuestiones federales implica que se desarrolle sobre el punto una auténtica controversia en el caso concreto. Esta tesis encuentra...