Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 24 de Junio de 2009, expediente C 98836

• Presidente: Kogan-Genoud-de Lázzari-Negri
• Fecha de Resolución: 24 de Junio de 2009
• Emisor: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 24 de junio de 2009, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresK.,G.,de L.,N., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 98.836, "Spolita, J.E. y otro contra P., R.R. y otro. Ejecución hipotecaria".

A N T E C E D E N T E S

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro revocó la resolución de primera instancia que había desestimado la solicitud de subastar el inmueble, y declaró la inconstitucionalidad de los incs. "c", "d" y "e" del art. 16 de la ley 25.798, modificada por la ley 25.908, de la ley 26.602 y de las leyes provinciales 13.302 y 13.390.

Se interpuso, por los demandados, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, la señora J. doctora K. dijo:

I. La Cámara determinó que la modificación introducida por la ley 25.908 al art. 16 de la ley 25.798 sólo permite el cumplimiento de la sentencia de remate en el caso de que el mutuo no fuera admitido en el sistema de refinanciación hipotecaria, impidiendo a la actora continuar la ejecución de su crédito contra el deudor así como contra el agente fiduciario, quedando sometido a la voluntad de este último la cancelación del mutuo.

Entendió que si bien el objetivo principal del ordenamiento legal cuestionado fue proteger la vivienda en correspondencia con la garantía del art. 14 bis de la Constitución nacional, se lesionaba el derecho de defensa en juicio del acreedor, conforme dispone el art. 18, al impedir al actor hacer uso de los medios legales que le confiere el Código Civil para procurarse aquello a lo que el deudor se ha obligado.

Agregó que ante la emergencia económica no cabe cuestionar el acierto o conveniencia de la implementación de medidas paliativas por parte del Estado, pero debe guardar razonabilidad cada uno de los medios instrumentados para ese fin y remarcó la gravedad institucional que representa la declaración de inconstitucionalidad de una norma, pero teniendo en cuenta los fallos a ese respecto de la Corte nacional y sobre todo el caso "M. de P., R.A. y otros c. Provincia de Corrientes" declaró la inconstitucionalidad del art. 16 incs. c, d y e de la ley 25.798, modificada por la ley 25.908.

Sentado esto apreció que las normas de suspensión dictadas como consecuencia de la ley 25.798, tanto nacionales como las provinciales 13.302 y 13.390, también debían seguir la misma suerte, porque esa paralización no...