Un sistema pensado para proteger al poder

Hay que reconocerle a Amado Boudou que logró lo que una parte de la oposición y algunos periodistas independientes habían denunciado sin éxito durante los últimos 9 años.Si lo que le costó el cargo y buena parte del prestigio que se esforzó por construir Esteban Righi y lo que pone en serios aprietos a Daniel Rafecas es cierto, el vicepresidente habría terminado por confirmar que detrás de una aparente mejora institucional existía en la Justicia un sistema de protección de funcionarios para trabar, arreglar, frenar, cajonear, cerrar, anular o dormir toda causa por corrupción que los involucrara.Lo que no podrá alegar el vicepresidente como causa de su reveladora acción es altruismo. Sus denuncias y el desenlace que tuvieron (especialmente por las decisiones que adoptó luego la Presidenta) parecen poner en evidencia que para el Gobierno el problema no es que existiera ese sistema de protección del que no goza ningún ciudadano común. El problema es que esa organización fuera ineficiente o que quienes debían ponerla en acción fueran demasiado blandos, que no llegaran más lejos, que tuvieran algunos pruritos o que intentaran guardar algunas formas y apariencias.Eso es lo que les imputó, en definitiva, Boudou a Righi y a Rafecas, cuyas acciones sólo le resultaron reprobables y denunciables cuando la causa que lo complica entró literalmente en su casa.Hace 5 años ya había anticipado el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, algo de lo que ahora parece develarse cuando, al estilo Boudou, hizo pública una conversación privada que había mantenido con el fiscal federal Carlos Stornelli, en la que éste le anticipaba que pediría el procesamiento de dos funcionarios por el caso...