El sigiloso despliegue de la legión restauradora

A las dos de la tarde del 9 de enero, el sol pegaba con la fuerza de todos los veranos. A esa hora, por la puerta del edificio que concentra los ministerios económicos, salía Gerardo Ferreyra, el directivo de Electroingeniería que había sido excarcelado tres meses antes, tras pasar más de un año en prisión por la causa de los cuadernos de la corrupción. En ese expediente había admitido haber entregado dinero a funcionarios kirchneristas, aunque negó que fuera para ganar licitaciones; adujo que se trataba de un aporte para la campaña.

El empresario, procesado por asociación ilícita junto con Cristina Kirchner y Julio De Vido, venía del despacho del secretario de Energía, Sergio Lanziani. Pidió reunirse para tratar de reactivar su participación en la construcción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, en Santa Cruz, después de que los chinos de la firma Gezhouba redujeran su cuota en la UTE que comparten, insatisfechos por la falta de idoneidad de su socio argentino. El pasado golpea la puerta del Gobierno todo el tiempo.

Carlos Zannini tomó las riendas de la Procuración del Tesoro con la firmeza de los reivindicados. El amigo y excompañero de prisión de Ferreyra durante la dictadura también volvió a la cárcel en 2018, pero por tres meses y por el memorándum con Irán.

Hoy trabaja silenciosamente en la coordinación de un ejército de 6800 abogados del Estado con el objetivo de tomar el control del manejo jurídico de la gestión. Sus tentáculos se extienden a todas las dependencias oficiales y su radio de acción se ha venido ampliando. Participó de temas tan disímiles como la megaley de solidaridad de fin de año y del proyecto de la deuda que el Congreso tratará esta semana. "No se muestra, no tiene contacto con los técnicos, pero limpió la estructura directiva anterior y puso un equipo robusto con un objetivo político: consolidar una situación de poder", describe un conocedor de los movimientos de la Procuración.

En el principal juicio en que debe actuar, que es por la estatización de YPF, Zannini tiene dos problemas. Uno, de conflicto de intereses, porque trabajó hasta hace poco para el Banco de Santa Cruz de los Eskenazi, uno de los litigantes contra el Estado. Y otro político, porque como secretario legal y técnico fue el arquitecto jurídico de aquella operación de absorción de 2012 y eso no le genera un buen antecedente ante la jueza Loretta Preska. Quienes interactúan con la magistrada de Nueva York cuentan que está muy al tanto de...