Sentencia Nº 2768-2000 de Cámara Nacional Electoral del 05-04-2000

Fecha de Resolución: 5 de Abril de 2000
 
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CAUSA: “S., M. Graciela y otro
s/solicita revocación de suspensión de
afiliación -Unión Cívica Radical”
(Expte. N° 3250/99 CNE) CAPITAL FEDERAL
FALLO N° 2768/2000
///nos Aires, 5 de abril de 2000.-
Y VISTOS: Los autos “S.nelli, M.G. y
otro s/solicita revocación de suspensión de afiliación partidaria -Unión
Cívica Radical” (Expte. N° 3250/99 CNE), venidos del juzgado federal
electoral del distrito Capital Federal, en virtud del recurso de
apelación interpuesto a fs. 82 contra la resolución de fs. 74/76 vta.,
obrando la expresión de agravios a fs. 87/88 vta., el dictamen del señor
F.E.toral de Cámara obra a fs. 96, y
CONSIDERANDO:
1°) Que a fs. 44/47 vta. los señores M.
GracielaS.nelli y R.L.V., en carácter de afiliados al
partido Unión Cívica Radical distrito Capital Federal, promueven demanda
contra la resolución del Tribunal de Disciplina partidario del 26 de
mayo de 1999 (fs. 23/25 vta.) por la cual se los suspenden la afiliación
por el término de dos años.-
Solicitan, asimismo, el dictado de una
medida cautelar a los efectos de dejar en suspenso la aplicación de
la sanción impuesta y poder participar de la interna partidaria.-
Expresan que la mencionada medida
disciplinaria fue aplicada a raíz de una denuncia presentada por la
señora A.E.M. (ver fs. 1/2), propietaria de la finca de la
calle Constitución 1785/87 de la ciudad de Buenos Aires, dada en locación
al señor V. y en la que funcionaba el local partidario “A.
CrisólogoL.alde”, por incumplimiento del contrato de locación, lo
cual originó que la locadora iniciara demanda civil contra la parte
en estos autos.-
Es así como el mencionado tribunal
partidario, luego de evaluar el comportamiento de los afiliados, entendió
que el mismo afectaba la imagen y credibilidad del partido como
institución, por lo que les aplicó la sanción que cuestionan (cfr. fs.
23/25 vta.). Se dice en la resolución, en particular, que “la apertura
de locales partidarios en los que se instalan ateneos, comités u otro
tipo de actividad política que luego son desalojados por falta de pago
de los arriendos u otros incumplimientos contractuales, dentro de los
límites de la misma sección, con relación a los cuales se repiten la
provocación de acciones judiciales también por incumplimiento,
constituyen una grave inconducta que trasciende el ámbito estrictamente
partidario”.

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