Santa María: 'Si el ciudadano fiscaliza, previene malas prácticas'

La Argentina aún gatea en materia de acceso a la información. A más de dos meses de la sanción de la ley, aún se debe decidir cómo se implementará la herramienta. Esta semana, llegaron al país representantes del Consejo para la Transparencia de Chile, en el marco de un proyecto de cooperación Sur-Sur, financiado por el Fondo Chile a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En diálogo con LA NACION, el presidente del organismo chileno, José Luis Santa María, y su director general, Raúl Ferrada Carrasco, recomendaron encarar un profundo "cambio cultural".

-En la Argentina aún resta reglamentar la ley de acceso a la información. Según sus impresiones, ¿qué pasos falta dar para que entre en vigor plenamente?

José Luis Santa María: -Faltan definiciones organizacionales entre los poderes, porque se plantea la creación de múltiples agencias de transparencia en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hay que estipular criterios comunes para tramitar los reclamos de acceso a la información, reglas iguales para que no se produzca una disparidad. Por ejemplo, si se solicitan correos electrónicos de funcionarios, ¿se decidirá la apertura o la cerrazón de la información?

-La Justicia viene siendo más hermética para brindar información. Se aducen motivos de seguridad y de preservación de las investigaciones. ¿En qué cuestiones ese poder puede ser mas restrictivo que el resto?

Raúl Ferrada Carrasco: -En todo lo que tenga que ver con el ejercicio autónomo de sus funciones. No se debe entrar en colisión con cuestiones como la autonomía del Ministerio Público Fiscal o la reserva de las investigaciones. Pero hay que distinguir bien: la Justicia tiene que ser transparente con la administración de los recursos del Estado, las declaraciones de patrimonio y las declaraciones de interés de sus miembros.

-Aquí, por ejemplo, fue muy costoso conocer el sueldo de la ex presidenta. Se argumentaba que afectaba el derecho a los datos personales. ¿Cuál es el límite entre los datos personales y la información pública?

J. L. S. M.: -Los funcionarios públicos tienen un ámbito de privacidad más acotado que una persona de a pie. Los datos personales son en el extremo los que generan una invasión insoportable de la intimidad y no agregan valor al escrutinio público del funcionario. En...