Santa Cruz: laboratorio de un poder autoritario

Presión sobre los jueces, colonización de los organismos de control e impulso a la sanción de leyes a la medida de sus necesidades fueron algunas de las maniobras a las que recurrió el kirchnerismo en Santa Cruz para garantizarse un manto de impunidad, siguiendo el modelo que comentamos ayer en esta columna editorial.

A continuación, un acotado listado de pasos que presentan llamativas semejanzas con los que han venido dando los Kirchner en el orden nacional:

Poner en puestos judiciales clave a amigos y familiares, y amedrentar a quienes osen cuestionar a los funcionarios kirchneristas. Es sabido lo que le ocurrió al procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa: lo echaron en 1994 e hicieron desaparecer el cargo que ocupaba. La cuestión llegó a la Corte Suprema, que ordenó reponerlo, pero eso nunca se produjo. La misma actitud de desobediencia han tomado, ya en el orden nacional, con otros fallos del más alto tribunal. Otro caso entre los muchos que hay para destacar es el de la fiscal Natalia Mercado, hija de Alicia Kirchner y sobrina de Néstor, quien deberá investigar ni más ni menos que a sus propios tíos por la compra de tierras fiscales en El Calafate a sólo $ 7,50 el metro cuadrado. El nepotismo y la impunidad llevadas a la enésima potencia.

Procurar sacar del fuero federal las causas que están en manos de jueces independientes que los comprometen, para que terminen en Santa Cruz o en otro juzgado patagónico, como en los casos de los fondos de la provincia depositados en el exterior o del uso del avión sanitario para cuestiones personales. Tanto es así que el último planteo judicial de Cristóbal López para pasar la causa Hotesur a Bariloche remite a otro similar presentado con el mismo fin por Lázaro Báez, ex administrador de los hoteles de la familia presidencial, para que el expediente fuera a parar a Santa Cruz.

Crear a su medida el Consejo de la Magistratura santacruceño y ampliar el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia provincial para coparlo con funcionarios militantes que fallen siempre a su favor, mecanismo que también se encargaron de trasladar al nivel nacional. Prueba fresca de esas intentonas lo representan el grosero ataque al juez de la Corte Carlos Fayt y las versiones sobre ampliación del número de miembros del alto tribunal, aunque esa maniobra contradiga arteramente la disminución propiciada en 2006 por la actual presidenta cuando era senadora nacional. Cabe acotar que uno de los nombres en los...