Sentencia Interlocutoria de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 19 de Febrero de 2024, expediente Rc 127061

PresidenteGenoud-Kogan-Torres-Soria
Fecha de Resolución19 de Febrero de 2024
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
  1. 127.061 "S. C. R. S/ INTERNACIÓN"

AUTOS Y VISTOS:

  1. Se eleva a la consideración de esta Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado de Familia n°3 del Departamento Judicial de San Nicolás y el Juzgado de Familia n°2 del Departamento Judicial de Mercedes, en el marco de un proceso de control de legalidad de la internación del señor C. S. en los términos del art. 21 y concordantes de la ley 26.657 de protección a la salud mental (v. S.. A., trámites: "Sentencia definitiva" de 26-VI-2023 y "Competencia se resuelve" de 18-IX-2023).

    II.1. Al respecto cabe señalar que esta Corte ha decidido reiteradamente que, en consideración al orden normativo vigente, la asignación de la competencia jurisdiccional para intervenir en el conocimiento de estos supuestos, adquiere especial relevancia acudir a la télesis de los arts. 35 y 36 del Código Civil y Comercial, enmarcados dentro de los denominados principios comunes a las restricciones a la capacidad (causas C. 120.691, "., J.D., resol. de 22-VI-2016; C. 120.781, "., J.M., resol. de 29-VI-2016; C. 120.874, "L., C.J., resol. de 13-VII-2016 y C. 121.357, "., O.R., resol. de 14-VI-2017).

    II.2. Por otro lado, este Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse en causas similares al presente, habiendo abordado la cuestión en el precedente C. 109.819 "N., N.E., sent. de 17-VIII-2011, cuya doctrina ha sido seguida en forma ininterrumpida (entre otros C. 122.717, "R., J.C., resol. de 17-X-2018; C. 123.409, "., O.G., resol. de 16-X-2019; C. 126.097, "R., D.H., resol. de 30-XI-2022; C. 125.895, "., N.S., resol. de 19-XII-2022).

    En el antecedente citado, se afirmó que consolidada la residencia del presunto incapaz en un lugar distante del órgano judicial interviniente, los principios de inmediación, celeridad y economía procesal debían primar por sobre cualquier otro. En tal supuesto, donde se trataba del contralor del estatus médico-jurídico de una persona en estado de vulnerabilidad, el tema a resolver excedía una mera cuestión de competencia para involucrar los derechos del paciente y en ese sentido, la aludida inmediación es la que permitiría al tribunal tener un conocimiento cabal de la situación del causante.

    Así, en cumplimiento del mandato constitucional de la tutela judicial efectiva, el juez podrá adoptar todas las medidas necesarias tendientes a resguardar a la persona y su patrimonio, como así también asegurar que se efectivicen de manera urgente sus derechos (arts. 15, 36 incs. 5 y...

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