Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA CIVIL, 6 de Septiembre de 2023, expediente FLP 016874/2023/CA001
| Fecha de Resolución | 6 de Septiembre de 2023 |
| Emisor | CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA CIVIL |
Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I
La Plata, 06 de septiembre de 2023.-
Y VISTOS: Este expediente N° FLP
16874/2023/CA1, caratulado: “ROZZI, N.H. c/
AFIP s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS”.-
Y CONSIDERANDO QUE:
EL JUEZ L.A. DIJO:
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Llega la causa a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la resolución del juez de primera instancia que rechazó la medida cautelar por dicha parte solicitada,
tendiente a que se decrete la suspensión de los efectos de la ley de impuesto a las ganancias sobre su haber de jubilación, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
Para así decidir, entendió que la verosimilitud del derecho invocado no surgía de manera ostensible y manifiesta, ya que los actos administrativos cuestionados estaban resguardados por la presunción de legitimidad al emanar de autoridades públicas que son la autoridad de aplicación en la materia.
Además, juzgó que no se evidenciaba un daño irreparable, atento el carácter patrimonial de la pretensión y tampoco consideró demostrado el requisito de peligro en la demora.
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En su memorial, el apelante se agravia sustancialmente del rechazo de la cautelar solicitada.
En este sentido, sostiene que no se tuvieron en consideración los hechos, el derecho alegado, la jurisprudencia citada y la prueba documental acompañada relativa a la edad avanzada, los problemas de salud y la afectación al derecho de propiedad que sufre la actora,
situaciones que, según su entender, deberían haber sido interpretadas de manera integral dentro del marco de vulnerabilidad.
Respecto a la verosimilitud del derecho,
refiere que se encuentra acreditada con los hechos probados y el derecho aludido en la demanda. Además,
Fecha de firma: 06/09/2023
Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: J.E.D.L., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.S.F., SECRETARIO DE CAMARA
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afirma que, de las características personales alegadas,
es manifiesto el peligro en la demora, que no puede circunscribirse solamente a una cuestión patrimonial ni de capacidad contributiva atento el criterio aplicable.
Destaca que, si bien el Congreso Nacional dictó la ley N°27.617, en ella se mantuvo la gravabilidad de los haberes jubilatorios, ya que, de lo contrario no existiría reclamo alguno.
Reitera que la actora tiene 81 años de edad, sufre las retenciones en sus haberes y tiene padecimientos de salud que se encontrarían acreditados con la historia clínica, por lo tanto, considera que existen fundamentos para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, en atención a los principios de igualdad, razonabilidad y congruencia.
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El dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud,
además el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender aquello que no exceda del marco de lo hipotético dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos: 306:2060; 307:2267, entre otros).
En tal sentido, la procedencia de las medidas cautelares, justificadas en principio en la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, queda subordinada a la verificación de los siguientes extremos insoslayables: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, recaudos que aparecen exigidos por el artículo 230 del CPCCN.
A ello debe adunarse también las previsiones de la Ley N°26.854, la cual dispone que la suspensión de los efectos de una ley, reglamento, acto general o particular, podrá ser ordenada cuando Fecha de firma: 06/09/2023
Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: J.E.D.L., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.S.F., SECRETARIO DE CAMARA
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simultáneamente se acreditare que su ejecución ocasionaría graves perjuicios de imposible reparación ulterior, la verosimilitud del derecho invocado y de la ilegitimidad, la no afectación del interés público y que dicha suspensión no produciría efectos jurídicos o materiales de carácter irreversibles.
En este sentido, es pertinente recordar –
como lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación - que cuando la medida cautelar se intenta contra la Administración Pública, es menester que se acredite, en primer lugar, y sin que ello implique prejuzgamiento de la solución de fondo, la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible. Y ello es así porque los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual, en principio, ni los recursos administrativos ni las acciones judiciales mediante los cuales se discute su validez, suspenden su ejecución, lo que determina, en principio, la improcedencia de las medidas cautelares (Fallos: 313:521
y 819, entre muchos otros).
IV- Con relación al primero de los requisitos la situación del accionante debe analizarse bajo los parámetros de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos FPA
7789/2015/CSI-RH1, “G., M.I. c/ AFIP s/
acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”,
fallo del 26/03/2019; frente al deber que tienen las instancias ordinarias de conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte en casos similares (Fallos:
307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060; 319:699;
321:2294).
En ese pronunciamiento, el Máximo Tribunal analizó la validez constitucional de las disposiciones de la ley 20.628 que gravan con el impuesto a las Fecha de firma: 06/09/2023
Firmado por: R.A.L.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: J.E.D.L., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.S.F., SECRETARIO DE CAMARA
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ganancias a las rentas provenientes de las jubilaciones,
pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal (art. 79
inc. c), contraponiendo, por un lado, la legítima atribución estatal de crear tributos y, por el otro, el goce de los derechos de la seguridad social de igualdad entre los beneficiarios contribuyentes.
A sus efectos entiende necesario definir los alcances de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria, límites constitucionales a la potestad estatal. Define la garantía de igualdad ante la ley en un trato igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias, sin perjuicio de contemplar de manera distintas situaciones que considere diferentes. Expresa que en materia impositiva el principio de igualdad no solo exige la creación de categorías tributarias razonables, sino que también prohíbe la posibilidad de unificar las consecuencias tributarias para situaciones que en la realidad son distintas. Desde el punto de vista constitucional, hacer prevalecer el principio de igualdad; supone reconocer que es tan injusto gravar en distinta forma a quienes tienen iguales medios como imponer la misma contribución a quienes están en desigualdad de situación. Enfatiza en la...
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