Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 3 de Octubre de 2023, expediente FBB 005273/2023

• Fecha de Resolución: 3 de Octubre de 2023
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 5273/2023/CA1 – S.I.–.S.. 2

Bahía Blanca, 3 de octubre de 2023.

VISTO: El expediente N° FBB 5273/2023/CA1, caratulado: “R., María

Alicia c/Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/Acción Mere

Declarativa de Inconstitucionalidad”, venido del Juzgado Federal N° 1 de la sede,

para resolver el recurso de apelación interpuesto el 14/8/2023, contra la sentencia de

fecha 9/8/2023 (fs. 74 y 68/73, respcectivamente, del expediente digital, según SGJ

LEX 100).

El señor Juez de Cámara, L.S.P., dijo:

1ro.) El 9/8/2023 el Juez de grado hizo lugar a la acción

entablada por la actora, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 23 inc. c), 79 inc.

c), 81 y 90 de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, texto según leyes 27346 y

27430, normas complementarias y reglamentarias y ordenó a la Administración

Federal de Ingresos Públicos que se abstenga de descontar suma alguna por impuesto a

las ganancias sobre el haber previsional de aquélla.

Asimismo, la condenó a reintegrar a la actora las sumas

retenidas por tal concepto por todo el período no prescripto (cinco años desde la

interposición de la demanda) y mientras le hayan sido descontadas desde entonces,

con más los intereses que se calcularán desde la fecha de interposición de la demanda

y hasta el efectivo pago, aplicando la tasa efectiva mensual del 3,84% conforme la

Resolución N° 559/22 del Ministerio de Economía.

Impuso las costas a la demandada vencida (art. 68, CPCCN) y

difirió la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto

denuncien y acrediten su situación previsional e impositiva.

2do.) Contra esta decisión, apeló la demandada el 14/8/2023.

Centró sus agravios en que la naturaleza de la acción se

encuentra limitada a obtener una declaración de inconstitucionalidad, es decir, de

certeza, y no de condena, lo que fue soslayado en la sentencia al condenar a su

representada a reintegrar las sumas retenidas desde la fecha de interposición de la

demanda con más los intereses.

Luego, destacó que las normas jurídicas cuestionadas en estos

actuados superan el control de constitucionalidad propuesto en demanda, que se

encuentran en consonancia con los principios de legalidad, de reserva de ley y de no

Fecha de firma: 03/10/2023

Alta en sistema: 04/10/2023

Firmado por: L.S.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: R.D.A., JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: M.A.S., SECRETARIO DE CAMARA

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confiscatoriedad, y que la sentencia recurrida no se condice con el derecho aplicable ni

con las constancias del expediente, haciendo una extensiva aplicación del antecedente

de la CSJN, “G.” a un caso distinto al que originó el fallo del Cimero Tribunal.

Ello con fundamento en que las circunstancias personales de la Sra. G. tenidas en

consideración por la Corte para decidir, difieren sustancialmente a las de la

reclamante.

Manifestó que la Corte puso especial consideración sobre las

condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad de los jubilados, las que

no sólo no se ven configuradas, sino que no se ha acreditado ni invocado la necesidad

de solventar mayores erogaciones que las del resto de los jubilados como para ameritar

USO OFICIAL

la excepcionalísima configuración del supuesto de inconstitucionalidad.

Cuestionó la aplicación de la doctrina judicial del leal

acatamiento y sostuvo que de ser admitida la pretensión del actor obtendría una

situación de privilegio respecto del resto de los sujetos pasivos que afrontan el

impuesto.

En cuanto a la ley 27617, sostuvo que el Congreso Nacional ha

tratado –con los medios o mecanismos que consideraron adecuados– la cuestión del

impuesto y ha legislado sobre la materia, tal como lo requería la Corte en “G.,

atendiendo a la protección de los sectores más vulnerables y reservando la imposición

sólo para casos de excepción, en los que se perciban jubilaciones y/o pensiones

claramente provechosas y que quedan fuera de la órbita de protección especial de

dicha doctrina.

En función de ello, manifestó que para decretar la

inconstitucionalidad del artículo 79 inciso c) de la ley 20628 (actual 82 inciso c), ya no

podrá invocarse lisa y llanamente el precedente “G.” de la Corte, sino que deberá

acreditarse, en el caso concreto, la afectación de derechos de raigambre constitucional,

debiendo estarse a la doctrina que emana de los autos “Dejeanne”.

De manera subsidiaria precisó que, conforme al precedente

G.

de la CSJN, el reintegro a ordenarse en caso de declararse la

inconstitucionalidad de las normas impugnadas, se circunscriba a las sumas retenidas

en concepto de impuesto a las ganancias desde la interposición de la demanda, con lo

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Alta en sistema: 04/10/2023

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cual solicitar períodos pretéritos a la fecha de interposición de demanda excede el

marco del proceso.

Agregó que si se decide afincar las conclusiones en base a lo

sustentado en “G., resulta de toda lógica que el efecto de lo allí resuelto tenga el

límite temporal que la misma CSJN fijó; y que la declaración de inconstitucionalidad

tiene efectos ex nunc, y justamente en función de ello la CSJN en el antecedente

G. precisó el alcance de condena a las sumas retenidas desde la interposición de

la demanda.

Refirió que en caso de confirmarse el cese de retención del

gravamen sobre los ingresos de la actora resulta impropio lo ordenado por el a quo a

USO OFICIAL

su mandante en el sentido que ésta se abstenga de retener, por lo que solicitó que se

ordene, en todo caso, la comunicación de dicha medida –mediante oficio de estilo

librado en autos– al agente de retención que corresponda (cf. escrito del 13/7/2023,

obrante a fs. 70/83).

Por último, se agravió de la forma de imposición de las costas

dado que, según su postura respecto del fondo, deferían imponerse a la actora o, a todo

evento, y en virtud de lo dispuesto por el art. 68, CPCCN, segundo párrafo, por su

orden, atento a que su representada actuó con la convicción fundada de obrar

conforme a derecho, portando su pretensión una razonable causa para pedir la

actividad jurisdiccional (cf. escrito del 25/8/2023, obrante a fs. 76/90).

3ro.) Conferido el traslado de la apelación, la actora lo contestó

el 6/9/2023 (escrito obrante a fs. 92/99).

4to.) Ante todo, resulta oportuno destacar que los jueces no

están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que

pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo en aquellas que sean conducentes

para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido

(Fallos: 258:308; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970;

entre otros).

5to.) En la demanda, la parte actora solicitó, con base en el

precedente de la CSJN “G., que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 23

inc. c), 79 inc. c), 81 y 90 de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, texto según

leyes 27346 y 27430 y de cualquier otra norma, reglamento, circular o instructivo que

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se dictare en consonancia con la citada, en relación al cobro del Impuesto a las

Ganancias sobre la clase pasiva.

Asimismo, reclamó que se ordene el cese de la retención y

oportunamente la devolución de las sumas que fueran descontadas hasta el momento,

dado que las mencionadas normas, lesionan, restringen, alteran y amenazan con

arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías contemplados

particularmente en los arts. 14 bis, 16, 17, 28 y 31 de la Constitución Nacional y los

Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, incorporados a nuestro

ordenamiento jurídico con la reforma constitucional del año 1994 a través del art. 75

inc. 22.

USO OFICIAL

En cuanto a la restitución de las sumas retenidas en concepto de

Impuesto a las Ganancias consideró que debía ordenarse por el período no prescripto,

con más los intereses calculados desde la interposición de la demanda, de acuerdo a lo

dispuesto por el art. 179 de la misma ley. Y que los intereses de las sumas retenidas

con posterioridad al inicio de la presente causa, debían devengarse desde que cada

suma mensual fue retenida.

6to.) En primer término, cabe dejar sentado que el art. 14 bis de

nuestra Carta Magna establece que los beneficios de la Seguridad Social tendrán

carácter integral e irrenunciable.

El Estado tiene la obligación de mantener el principio de

progresividad a los derechos de la población pasiva y velar por la integralidad de los

haberes, criterio que sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el

precedente “S., M. del Carmen c/ANSES s/ Reajuste Varios” (Fallos,

328:1602), en el cual estableció que “[l]os tratados internacionales vigentes, lejos de

limitar o condicionar dichos principios, obligan a adoptar todas las medidas

necesarias para asegurar el progreso y plena efectividad de los derechos humanos,

compromiso que debe ser inscripto, además, dentro de las amplias facultades

legislativas otorgadas por el art. 75, inc. 23, de la Ley Fundamental, reformada en

1994, con el fin de promover mediante acciones positivas el ejercicio y goce de los

derechos fundamentales reconocidos, en particular, a los ancianos…

y remarcó

[q]ue la necesidad de mantener una proporción justa y razonable entre el haber de

pasividad y la situación de los activos, es consecuencia del carácter integral que

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