El retorno de Carlos Zannini

Existe un consenso muy extendido acerca de que el regreso del kirchnerismo al poder no se produjo por sus antecedentes morales e institucionales, sino a pesar de ellos. El Presidente parece interpretar esa circunstancia cuando enfatiza su voluntad por sanear la decadente Justicia Federal Penal, promete desacoplar a esos tribunales de los servicios de inteligencia, y se rodea de personas que, aun con distintas sensibilidades ideológicas, como Gustavo Beliz, Daniel Arroyo o Vilma Ibarra, han desarrollado sus carreras políticas al margen de cualquier objeción ética.Sin embargo, ha habido una cantidad de declaraciones y decisiones del actual presidente que van en sentido contrario de tales propósitos. Una de ellas es la designación de Carlos Zannini como procurador del Tesoro. La Procuración del Tesoro, creada por Bartolomé Mitre en 1863, es una oficina destacada del organigrama estatal abocada a asegurar la legalidad del obrar público y la seguridad jurídica como jefa de unos 6800 abogados del Estado. Su titular es, además, como un canciller jurídico, pues representa al país en cualquier litigio y ejerce el control de la calidad jurídica de todas las decisiones del Poder Ejecutivo, dado que desempeña la jefatura de los abogados del Estado.La selección de Zannini para esa función merece varios reparos. El más inmediato tiene que ver con que la idoneidad de este abogado inspira dudas muy razonables. Durante 12 años, estuvo al frente de la Secretaría Legal y Técnica de los presidentes Néstor y Cristina Kirchner, es decir, fue el funcionario responsable de cuidar sus firmas. Si se tiene en cuenta el gran número de procesos penales desencadenados sobre las tres administraciones del matrimonio, es fácil concluir que Zannini careció de pericia para su tarea o que, distraído en otros menesteres, no tuvo el celo que correspondía en custodiar lo que sus jefes suscribían.Una demostración de las deficiencias del nuevo procurador como profesional del derecho es que uno de los más costosos conflictos en los que deberá defender los intereses del Estado es un reclamo por una resolución legal que pasó por sus manos cuando era secretario legal y técnico. Se trata de la demanda del fondo Burford Capital porque, según esa firma dedicada a comprar presuntos derechos de terceros, la estatización del 51% de las acciones de YPF se realizó ignorando las previsiones del estatuto de esa compañía. Burford adquirió esos derechos de la familia Eskenazi, que accedió a YPF...