Respuestas críticas a preguntas oficialistas

 
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Me llegó un cuestionario de la revista Caras y Caretas que prefiero responder públicamente desde esta columna. Son cuatro preguntas en torno de la libertad de expresión que me hacen con la idea de incluir mis respuestas en su próxima edición.

La primera está formulada extrañamente desde la negativa: "¿Se puede afirmar que hoy no existe la libertad de expresión en la Argentina?"

Respuesta: si se la compara con la que no había en las dictaduras militares, el peor gobierno democrático saldría ganando. No es ninguna proeza sino más bien un autoinsulto pretender pasar por más bueno en relación con los períodos totalitarios. Cada etapa aportó lo suyo: durante la gestión de Raúl Alfonsín (1983-89), hubo gran difusión en torno de los juicios a los represores, pero sin un uso político como de 2003 para acá, y se puso fin a la censura en el cine y la TV. Con Carlos Menem (1989-99) surgieron los grandes multimedios, se derogó la figura del desacato y el periodismo de investigación tuvo un auge como nunca antes. Entre 1999 y 2003, los años de la recesión y de la crisis, se expandió el interés periodístico hacia nuevos fenómenos sociales, en formatos más urgentes y menos pasteurizados. El kirchnerismo (de 2003 a la actualidad) fomentó intensos debates (derechos humanos, minorías sexuales, pueblos originarios), derogó las figuras penales de calumnias e injurias y propició una mayor tolerancia hacia las protestas sociales.

Y, sin embargo, es manifiesto que hoy no gozamos de plena libertad de expresión en nuestro país, pese a que Cristina Kirchner se empeñe en repetir lo contrario. Es falaz cuando se afirma una y otra vez que cualquiera escribe o dice lo que quiere. En efecto, se leen o se escuchan muy severos análisis contra el Gobierno y a veces se alude públicamente a la figura presidencial de manera desafiante y hasta cáustica. Pero eso tiene un costo que vulnera de manera directa la libertad de expresión: quien expresa alguna crítica es automáticamente sospechado, hostigado o difamado por activos operadores desde la creciente cantidad de medios oficialistas, en las redes sociales o, cuando no, desde el propio estrado presidencial. Los medios que no aplauden al Gobierno son castigados con una restricción total o muy significativa de la pauta oficial y son perseguidos al propiciar en la Justicia causas contra ellos (ADN de los hijos de la dueña de Clarín, Papel Prensa, etc.). Tampoco se puede hablar de libertad de prensa...

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