Por respeto al Ministerio Público, Gils Carbó debe irse

El editorial del pasado 13 de julio de este año se tituló "Con un mínimo de dignidad, Gils Carbó debería renunciar". En dicha columna se formuló una fundada crítica al desempeño de la actual titular del Ministerio Público Fiscal, quien desde que fue designada en su cargo se convirtió en una de las más fieles militantes del kirchnerismo como fundadora del movimiento denominado Justicia Legítima, que, paradójicamente, buscó "deslegitimar" a todos aquellos magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público que, haciendo honor a la independencia que debe caracterizar su actuación, no aceptaron sojuzgarse a los designios del entonces poder de turno.

Así, desde un principio, y lejos de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, su desempeño marchó en el sentido opuesto, apuntando a proteger negociados de funcionarios, a cuyo efecto desplegó una planificada estrategia dirigida a colonizar el Ministerio Público, incorporando cientos de personas que ostentaban como único activo de relevancia el de ser funcionales al Estado populista y venal que prohijó el matrimonio Kirchner.

El plan incluyó el sistemático y viciado nombramiento de fiscales mediante concursos simulados, en violación de la ley, incluso convocando a llenar vacantes que aún no existían, en lugares alejados del país, lo que aseguraba la nula participación de interesados, para luego ubicar estratégicamente a los ganadores en fiscalías con expedientes políticamente sensibles. Esto dio lugar a magistrados itinerantes que recorrían distintas ciudades no para hacer justicia, sino para dar respuesta a las necesidades de la política partidaria, persiguiendo a los considerados enemigos del poder de turno y haciendo la vista gorda frente a las denuncias de corrupción formuladas por opositores y ciudadanos comprometidos con la defensa de los intereses de la comunidad.

A tales fines, una de sus primeras medidas fue la de dejar sin efecto el régimen de designación para los fiscales del Ministerio Público que había sido instituido por su predecesor en el cargo, en el cual se establecía un mecanismo de selección de jurados por sorteo para garantizar un proceso de selección imparcial sobre la base de los méritos de los postulantes, reemplazándolo por un mecanismo de selección discrecional de dichos jurados por parte de la procuradora, quien además se reservó el privilegio de presidir todos los jurados o bien designar a quien lo hiciese en su nombre. En este sentido, no es un...