Respaldo legal para combatir el lavado de dinero

El Senado sancionó ayer una ley que crea la figura del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas como delito autónomo en el Código Penal y dota de mayores facultades legales al Poder Ejecutivo para combatirlo. Así, adecua la legislación nacional a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).Si bien el proyecto fue aprobado por amplia mayoría (61 votos a favor y dos en contra), la oposición criticó en duros términos al Gobierno, que sólo ahora decidió avanzar con las modificaciones luego de que el organismo internacional de lucha contra el lavado de dinero amenazara a la Argentina con aplicarle sanciones en su próxima reunión, que se hará el 22 de este mes en México."Me molesta estar legislando siempre con el apremio de los plazos que se vencen", se quejó la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Sonia Escudero (PJ-Salta). "Acá hubo desidia del Poder Ejecutivo; estamos sancionando esta ley para ser complacientes con el GAFI", se sumó Mario Cimadevilla (UCR-Chubut). Ante la presión del Poder Ejecutivo para aprobar la ley y evitar ser sancionados por el GAFI, la oposición, con el respaldo del oficialismo, impulsó un proyecto de ley "correctivo" que contempla las modificaciones que no se le pudieron aplicar al proyecto aprobado por Diputados en marzo pasado. Sin embargo, no hay garantías de que la Cámara baja trate la iniciativa, que fue aprobada por 57 votos a favor y uno en contra.El punto más importante de la ley sancionada ayer es la creación de la figura del lavado de dinero, que cobra así autonomía del delito de encubrimiento en el que se encontraba subsumido hasta el momento. Además, se contempla la posibilidad de perseguir el denominado "autolavado", es decir, el blanqueo de fondos ilegales en beneficio propio, tanto por personas físicas como jurídicas.Otro de los puntos centrales de la norma es la cesión de nuevas y amplias facultades a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que tiene a su cargo el seguimiento, la investigación y el impulso de denuncias ante la Justicia de actividades sospechosas de encubrir el blanqueo de dinero obtenido con actividades ilícitas.Entre las nuevas facultades figuran la posibilidad de requerir informes a organismos públicos y privados, de incautar los bienes sospechados sin sentencia previa (en caso de fallecimiento o fuga de los acusados) y una inyección de fondos para poder financiar sus actividades (le corresponderá el 0,6% del presupuesto del...

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