Resolución N° 498/MDUYTGC/18

• Emisor: Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
• Fecha de la disposición: 2 de Julio de 2018

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“2018 - AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD"

RESOLUCIÓN N.° 498/MDUYTGC/18

Buenos Aires, 25 de junio de 2018

VISTO:

El Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley

N° 189), la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires

(Texto consolidado por Ley N° 5.666), la Ley N° 1.218 (Texto consolidado por Ley N°

5.666), el Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico N°

2018-07268635- -MGEYA-AJG, y

CONSIDERANDO:

Que el día 08 de marzo de 2018, la Sra. María Angélica González, DNI N° 12.864.368,

presentó un reclamo alegando su presunto derecho a una compensación económica

contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aduciendo una baja de un 40% en

los ingresos de su negocio de lavadero de automotores como consecuencia de las

obras realizadas sobre Av. Juan de Garay ubicada a tres cuadras de su referido

establecimiento, en el marco del Paseo del Bajo;

Que a raíz de dicha presentación, mediante PV- 2018- 10016243- AUSA, Autopistas

Urbanas S.A., informó que el reclamo no se funda en ningún daño concreto producido

por la obra que lleva adelante esa empresa;

Que con carácter preliminar, se estima conveniente recordar que el reconocimiento de

la responsabilidad estatal por su actividad lícita como ilegítima, exige para su

procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la

existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar

lícito o ilícito del Estado y aquel perjuicio; y c) la posibilidad de imputar jurídicamente

esos daños a dicho Estado;

Que se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, conforme los términos del Artículo 11 inciso b) de la Ley N° 1.218 (Texto

consolidado por Ley N° 5.666);

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sostenido

reiteradamente que a los efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa

deben encontrarse acreditadas las circunstancias en que se produjo el hecho, los

daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires;

Que frente a un reclamo por lucro cesante, pesa sobre el actor la prueba de los

requisitos condicionantes de la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires;

Que con relación a la carga de la prueba, cabe señalar que el Art. 301 del Código

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 189), de

aplicación supletoria, por expresa disposición del Art. 66 de la Ley de Procedimientos

Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Texto consolidado por Ley N° 5666) en

su parte pertinente dispone que "incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la

existencia de un hecho controvertido...";

Que en su presentación la peticionante no acredita legitimación activa alguna en la

que fundamente el derecho que reclama, ni tampoco acompañó ni ofreció medios de

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 5405 - 02/07/2018